La Abogacía del Estado pide al Supremo que rebaje de 13 a siete años la inhabilitación de Oriol Junqueras

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que revise la condena de 13 años de prisión e inhabilitación que se impuso al exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya y líder de ERC, Oriol Junqueras, y la sustituya por una pena de siete años de inhabilitación absoluta tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación. 

En un escrito, al que ha tenido acceso Público, los servicios jurídicos de la Administración han presentado su petición de revisión al Supremo para los condenados del 'procés'. Para la Abogacía del Estado, tras la reciente reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación, es obligado la rebaja de las condenas de inhabilitación para los nueve condenados.

Así, la pena de Junqueras se tendría que reducir de 13 años de inhabilitación a siete. De esta manera, Oriol Junqueras podría presentarse a unas elecciones en 2025.

la Abogacía del Estado considera que las penas de inhabilitación impuestas por la sentencia --las de prisión han sido objeto de indulto y por lo tanto no pueden ser objeto de revisión-- deben revisarse y ser sustituidas por las siguientes:

para Oriol Junqueras, siete años de inhabilitación absoluta; para Raül Romeva, seis años y nueve meses de inhabilitación absoluta; para Jordi Turull, seis años y nueve meses de inhabilitación absoluta; para Dolors Bassa, seis años y nueve meses de inhabilitación absoluta; para Joaquim Forn, seis años y tres meses de inhabilitación absoluta; Josep Rull, seis años y tres meses de inhabilitación absoluta; Jordi Sánchez, cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; Carme Forcadell, seis años; y Jordi Cuixart, cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y seis meses de inhabilitación absoluta.

El tribunal del 'procés' deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados. Para ello, el Supremo ha solicitado el pronunciamiento de las partes, aunque será el tribunal presidido por Manuel Marchena el que decida finalmente cómo queda la sentencia.