Los fiscales del procés han solicitado al tribunal que juzgó el 1-O que mantenga la condena a 13 años de inhabilitación para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, en el marco de la revisión que los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo deben efectuar de esta sentencia debido a la reforma penal del Gobierno que derogó la sedición y modificó la malversación.

Los fiscales han solicitado directamente no revisar en modo alguno las condenas impuestas a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por malversación y sedición. No obstante, sí han pedido rebajas en las condenas de los cinco condenados solo por sedición: Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Han pedido nueve años y dos meses de inhabilitación para Forcadell, ocho años y dos meses de inhabilitación para Forn y Rull, y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Sànchez y Cuixart.

Los magistrados han justificado que para los denominados 'Jordis' insten también la inhabilitación aparejada a los desórdenes públicos agravados en que, aunque no eran autoridad, tuvieron una "destacada participación" en "la dirección y agitación de las masas causantes de las alteraciones del orden público acaecidas durante los meses de septiembre y octubre de 2017".

Han aclarado además que, respecto a estos nueve condenados, no procede revisar las penas de cárcel porque "se hallan extinguidas por su cumplimiento parcial y por la concesión a todos de un indulto del resto de la prisión que se hallaba pendiente de cumplir".

En cuanto a Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, han indicado que no cabe revisar ninguna de sus penas porque fueron condenados por un delito de desobediencia –que la reforma no ha tocado– y ya han purgado sus respectivas penas.