Duro varapalo judicial al Ayuntamiento de Barcelona, que podría torpedear el eje verde de la calle Consell de Cent, una de las patas fundamentales del proyecto superilla del Eixample, que fue una de las principales banderas en la transformación de la ciudad promovida durante los ocho años de alcaldía de Ada Colau.

La decisión llega tras una denuncia del lobby Barcelona Oberta, que agrupa a los ejes comerciales y turísticos de la urbe y que fue muy crítico con la política urbanística de los Comuns, basada en priorizar al peatón en detrimento del coche privado.

La sentencia de un juzgado de la capital catalana ordena al consistorio deshacer un tramo del eje verde de Consell de Cent (cuyas obras ya han culminado) y devolver la calle al estado anterior a su pacificación. No es un proyecto menor, sino la peatonalización estrella llevada a cabo hasta ahora en la ciudad.

La decisión no es firme y el gobierno municipal ya ha confirmado que la piensa recurrir, como le había exigido Barcelona en Comú, para quién la sentencia es "absurda" y va "en contra del sentido común y de la defensa de la gente", en palabras de la propia Colau. Repasamos las claves de la sentencia y sus consecuencias.

¿Qué argumenta la juez?

La responsable de la sentencia es la titular del juzgado contencioso administrativo número 5 de la capital catalana, que ha atendido las razones de Barcelona Oberta. El lobby presentó una demanda contra la aprobación de esta transformación urbanística en la comisión de gobierno del consistorio celebrada el 26 de mayo de 2022 e integrada por BComú y PSC.

Su principal argumento es que se realizaba "una modificación encubierta del plan general metropolitano [PGM, que data de 1976]", en la medida en que "convertía un vial en un espacio libre" o zona verde sin pasar por una votación en pleno.

La titular del juzgado ordena al Ayuntamiento de Barcelona "retornar" la calle Consell de Cent al estado que tenía antes de que se estrenara la superilla del Eixample, el distrito más poblado de la ciudad. En concreto, la resolución implicaría deshacer el eje verde en Consell de Cent en el tramo entre las calles Casanova y Bruc y desmantelar también la nueva plaza creada en el cruce entre Consell de Cent y Enric Granados.

Es decir, que la calle vuelva a tener un amplio espacio para coches y no siga el criterio de "prioridad invertida", con los peatones en el centro. Las obras han supuesto una inversión superior a los 25 millones para culminar un eje que ya se ha estrenado y que, mayoritariamente, ha sido celebrado por los vecinos, que aplauden la pacificación de un eje que ha supuesto ganar espacio para los peatones.

Sin entrar en el objetivo de fondo del proyecto Superilla Barcelona, que pretende avanzar hacia una movilidad más sostenible y contribuir también a una mejora de la calidad del aire en la ciudad (como exige la normativa europea) a través de una reducción de la circulación de coches, la magistrada entiende que el marco de planificación que establece el PGM pasa por encima y, por lo tanto, un proyecto de este tipo no podía llevarse a cabo sin modificarlo.

El PGM fija que Consell de Cent forma parte de la red viaria local y, como tal, "debe dar acceso a las edificaciones y enlazar con las vías básicas", algo que según la juez ahora no es posible porque la vía "ya no puede recorrerse de manera lineal". La magistrada también reprocha al consistorio la falta de informes o estudios sobre el impacto de la transformación urbanística y que la obra se fragmentara en cinco lotes.

¿Qué hará el Ayuntamiento?

La sentencia no es firme y en los próximos 15 días el Ayuntamiento de Barcelona la recorrerá al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), según ha confirmado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, en una comparecencia de este mismo jueves por la tarde.

La dirigente del PSC ha defendido "la legalidad" del proyecto y "el buen trabajo de los servicios jurídicos municipales". Pero también ha marcado distancias con BComú manifestando que el actual gobierno "quiere practicar un urbanismo transformador desde el diálogo y el consenso, y no desde una confrontación" que, según ella, ha llevado a "reforzar lógicas de judicialización" que explicarían la actual sentencia.

Pese a que el eje verde de Consell de Cent y el conjunto del proyecto Superilla Barcelona tienen un marcado sello de los Comuns, la realidad es que el PSC también votó a su favor en la comisión de gobierno del 26 de mayo de 2022, cuando Jaume Collboni era el primer teniente de alcaldía del equipo de gobierno liderado por Colau.

Mucho más contundente ha sido el rechazo de la sentencia que han manifestado los Comuns, que han defendido la legalidad de la transformación y que no había necesidad de modificar el plan general metropolitano. En un escrito en Instagram, Colau ha cualificado de "absurda" la decisión judicial: "Cuando un tribunal va contra el sentido común y la defensa de la gente, tiene un grave problema. Nosotros no lo permitiremos". Y ha añadido que en el anterior mandato el consistorio hizo "lo que la mayoría de la población" reclamar, es decir, pacificar la ciudad y reducir la contaminación".

Tanto Junts per Catalunya como el PP han aprovechado la sentencia para atacar a los Comuns y a su modelo de ciudad, mientras que ERC ha matizado que una actuación judicial como esta pueda laminar también las competencias municipales "en materia de urbanismo y movilidad", algo que habría que "defender".

Pese al ruido generado este jueves, la realidad es que la decisión del juzgado contencioso administrativo número 5 de Barcelona no implicará grandes cambios a corto plazo, ya que el TSJC probablemente tardará entre un año y medio o dos años en resolver el recurso que presente el gobierno municipal, lo que da un amplio margen de maniobra antes de una hipotética reversión de las obras.

¿Quién está detrás de la guerra judicial contra Colau?

Barcelona Oberta es una entidad privada que agrupa a 21 ejes comerciales y turísticos de la ciudad, que se ha caracterizado por una defensa a ultranza de una ampliación de los horarios de apertura de los negocios y que en los últimos años ha sido muy crítica con la política urbanística de Colau, especialmente por las restricciones al coche privado.

Presidido por Gabriel Jené, el lobby ha publicado informes alertando de las supuestas pérdidas millonarias que sufrirían los comercios de Barcelona como consecuencia de la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) (tumbada parcialmente por los tribunales) y de los ejes verde en la ciudad. Dos proyectos de marcado acento ambiental.

Tras los resultados de las elecciones municipales del 28 mayo, que liquidaron las posibilidades de BComú de encadenar un tercer mandato al frente del consistorio, Jené pidió una "etapa de mayor colaboración público-privada y de mayor complicidad en los proyectos transformadores de la ciudad", para añadir que "la ciudad tiene que ser menos dogmática y más práctica y orientada a todos". Dicho con otras palabras, con menos restricciones para los coches.

La entidad obviamente ha celebrado la sentencia judicial de este jueves y ha asegurado que la reurbanización de Consell de Cent "no cumplió los mecanismos legales necesarios". En este sentido, su objetivo ahora es que se replique en otras transformaciones emblemáticas de la etapa Colau, como la reforma de la Via Laietana, cuyas obras llevan meses en marcha pese a que Barcelona Oberta las intentó frenar a través de los tribunales. En este caso, la justicia descarto paralizar los trabajos de manera cautelar. Su voluntad es que la sentencia sobre el eje verde genere jurisprudencia, algo que sólo será posible si finalmente se culmina.

La actuación de Barcelona Oberta se enmarca en la lawfare (o guerra judicial) contra el gobierno de Colau que se intensificó durante su segundo mandato y que los Comuns se encargaron de denunciar. A grandes rasgos, el poder tradicional de la ciudad (representado por el lobby del automóvil, grandes empresas de servicios y los sectores inmobiliarios, comerciales y turístico) intentó paralizar la transformación de la ciudad a través de los tribunales. Hasta ahora se acumulaban una docena de causas archivadas, algo que parece que puede cambiar con la reurbanización de Consell de Cent.

¿En qué consiste el proyecto de la 'superilla' del Eixample?

Son muchas las ciudades que desde hace unos años han puesto en marcha un proceso de transformación para quitar los coches de las calles y devolver el protagonismo al peatón. Barcelona es una de ellas. De hecho, la capital catalana ha liderado esta revolución con su modelo de superilles (supermanzanas, o espacios de pacificación del tráfico y uso peatonal) y ejes verdes.

Un modelo, además, que cuenta con un extenso aval internacional. Quedó claro hace unos meses, cuando políticos y técnicos del área de urbanismo y movilidad de una docena de metrópolis europeas (Gant, Bruselas, Dinamarca, Lodz, Londres, París…) participaron en unas jornadas en Barcelona para hacer ciudades más saludables, con menos tráfico, más espacio público verde, menos ruido y contaminación.

Las superilles surgen de un proyecto científico a partir del cual se plantea agrupar nueve islas en una de sola con el objetivo de pacificarla. Este modelo no veta la entrada de vehículos, sino que lo evita para reordenar el tráfico y reducir las emisiones y el ruido que emiten los coches.

De hecho, se permite el acceso de vehículos de mercancías y emergencias, entre otros. "Barcelona se encuentra en medio de una guerra del asfalto y lo que pretende este modelo es poner paz, pacificarla", comentó en declaraciones a Público el arquitecto y diseñador y expresidente de Foment de les Arts i el Disseny (FAD), Juli Capella.

En los últimos años, el anterior gobierno de Colau ha pacificado de forma exitosa distintas zonas de Barcelona, como la superilla de Poblenou, la de Horta o la de Sant Antoni. Ahora bien, el proyecto estrella de la ex alcaldesa era la superilla del Eixample, que empezó con la conversión de las calles de Consell de Cent, Girona, Rocafort y Comte Borrell en cuatro ejes verdes (más mobiliario urbano y más espacios de recreo) y sin coches, así como la creación de cuatro nuevas plazas.

Las obras de peatonalización empezaron hace un poco más de un año y ya estaban casi terminadas. El coste asciende a 53 millones de euros que se obtuvieron de fondos de recuperación de la UE, Next Generation. El plan de la superilla del Eixample, pero, no acababa aquí. El anterior consistorio tenía la intención de transformar 21 calles en ejes verdes y crear 21 nuevas plazas en los actuales cruces durante los próximos diez años, con la mirada puesta en 2030. Un objetivo que ha quedado en el aire con la llegada del socialista Jaume Collboni a la alcaldía de la ciudad.

¿Qué defienden los vecinos?

La sentencia ha caído como un jarro de agua fría para los vecinos de l'Eixample. "Nos hemos quedado de piedra", ha dicho Xavier Riu, vicepresidente y vocal de urbanismo de la Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, en declaraciones a Público. "No nos la esperábamos", ha comentado Jaume Artigues, presidente de la Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample.

Ambas asociaciones son partidarias de pacificar el Eixample y depositan ahora todas sus esperanzas en el ayuntamiento, quien esperan que recorra la sentencia. "Es la primera vez que un juzgado dictamina una cosa de este tipo cuando el Ayuntamiento de Barcelona lleva años pacificando calles", comenta Jaume, que pone de ejemplo el Portal de l'Àngel: "se pacificó a pesar de la oposición de los comerciantes. Es una práctica que muchas ciudades del mundo llevan años haciendo para mejorar el confort y el ambiente de las ciudades. Va totalmente en contra de la emergencia climática", sentencia.

Riu también defiende el modelo de las superilles: "Es bueno, aunque tiene muchos aspectos a mejorar, es la línea a seguir". Riu lo tiene claro: "o defiendes a los vecinos y el comercio de barrio como servicio de proximidad o defiendes el modelo opuesto, un comercio dirigido a los turistas y pisos con precios altísimos", comenta. En este sentido, el vecino apunta que la sentencia, de una manera u otra, "ayuda a entender esta confrontación de modelos de ciudad" y es un "toque de atención" de la fuerza que tienen algunos lobbies.

"Barcelona Oberta [la entidad que ha presentado el recurso] no es otra cosa que un lobby formado por los que defienden el turismo descontrolado, las terrazas, los cruceros, la ampliación del aeropuerto, los comercios de lujo… un modelo totalmente opuesto al nuestro", afirma con contundencia.

Riu añade que la sentencia es "absurda", aunque lo que le parece todavía más absurdo es que se pretenda deshacer todo lo hecho "con las obras casi terminadas". "Sería como lanzar el dinero a la basura", asegura. Ambos representantes de las dos principales asociaciones de vecinos de l'Eixample afirman que no se van a quedar con los brazos cruzados, aunque por el momento, esperan que el ayuntamiento recorra la sentencia, algo que ya ha confirmado que hará.