Entrevista a Alejandra Jacinto"La batalla por Madrid no la podemos dar solo los partidos, hay que activar a la sociedad civil organizada"

Alejandra Jacinto (Madrid, 1989) ha desarrollado su vida política entre dos aguas: la institución, como diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid desde 2021; y la sociedad civil organizada, como miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante diez años. No es extraño que para ella la clave para que la izquierda gobierne en Madrid pase por la cooperación de estos dos espacios "de igual a igual, trabajando entre todos".

Podemos ha señalado a Jacinto como su candidata de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en la región en mayo de 2023, aunque todavía debe pasar por un proceso de primarias. Ante la negativa de Más Madrid a coaligarse con la formación morada, Alejandra Jacinto insiste en que lo importante es "levantar proyectos que sean capaces de desalojar a la señora Ayuso de la Puerta del Sol", nuevamente, activando y movilizando a la sociedad civil organizada.

Más exhaustiva en asuntos como la regulación de los alquileres o el límite de las hipotecas de tipo variable, y menos en cuestiones que atañen a la organicidad de los partidos, la candidata de Podemos habla en esta entrevista con Público de impuestos, de la situación fiscal de Madrid, del derecho a la vivienda y de las claves del ciclo electoral que se iniciará en menos de un año.

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Unidas Podemos ha registrado una proposición de ley para limitar las hipotecas de tipo variable. ¿Deben estar las familias preocupadas por las subidas hipotecarias?

Desde luego que sí porque han subido los tipos de interés y eso se está traduciendo en una subida concreta de las hipotecas de muchísimas personas en una media de 150 o 200 euros al mes. Si tenemos que hacer algo es aprender de lo que nos pasó en la crisis del 2008 y de cómo esa crisis tuvo una consecuencia directa, que fueron las ejecuciones hipotecarias masivas para muchísimas personas en este país, que, precisamente por la subida de los tipos de interés en aquel entonces, no pudieron hacer frente al pago de las hipotecas.

Nosotros pensamos que es sensato limitar la subida de los tipos de interés de las hipotecas, que además es perfectamente aplicable o viable jurídicamente. De hecho, hay que recordar que en 2012 Mariano Rajoy hizo una reforma, un decreto que se llamaba código de buenas prácticas, que lo que hacía era precisamente limitar el diferencial de las hipotecas para que tuvieran un tope en determinados casos de vulnerabilidad. Nosotros, el Gobierno de coalición, tenemos que ser aún más ambiciosos, mejorar esa normativa y ampliarla para que haya más personas que se puedan acoger a esa medida. Es igual que en el tema de los alquileres. Los alquileres se tienen que limitar para garantizar que hay una relación justa entre el precio que cuesta pagar nuestra vivienda y la capacidad económica que tienen las familias.

El presidente del Gobierno ha defendido que los "topes" a las hipotecas no están permitidos en el seno de la UE, pero usted ha mencionado el código de buenas prácticas puesto en marcha por Rajoy. ¿Cuál es la fórmula entonces, cuál es el problema?

Es un problema de voluntad política, como casi todo, y las excusas de alegar inseguridad jurídica o las excusas técnicas creo que cuando prima la voluntad política se encuentra la fórmula legislativa; para eso somos Gobierno, para eso gobernamos, para conseguir que las normas se adecúen a las necesidades vitales de las personas. Lo contrario creo que es filibusterismo parlamentario y dar la espalda a la gente que necesita ahora una medida concreta como es limitar los precios de las hipotecas o limitar los precios de los alquileres.

La ley de vivienda lleva bastante tiempo bloqueada en el Congreso. ¿Confía en que se desbloqueará antes de que acabe el año?

Yo espero que se desbloquee sin duda. Es una ley de vivienda necesaria, urgente y que llega tarde. El movimiento de vivienda en este país, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los sindicatos de inquilinas y muchas organizaciones sociales llevan clamando por una ley de vivienda desde el 2013, desde las consecuencias de la crisis anterior, y en ese sentido no podemos plantearnos acabar el 2022 sin ley de vivienda. Ahora bien, la ley de vivienda que necesitamos conseguir tiene que ser una ley de vivienda lo suficientemente garantista para que de verdad se consolide el acceso a la vivienda en este país y de verdad se proteja el derecho a la vivienda. Eso pasa por tener tres elementos muy claros. Uno es regular los precios de los alquileres, hay que regularlos, funciona la regulación de precios y tenemos los datos de Catalunya: en aquellos municipios donde se han regulado los precios de los alquileres, 64 municipios, los precios han bajado y no se ha reducido la oferta, y ahora que se ha derogado la ley catalana, los precios han vuelto a subir. Los datos están ahí para quien quiera cotejarlos.

Hay un segundo elemento que es fundamental, que es impedir los desahucios sin alternativa habitacional adecuada; nos ha condenado hasta en ocho ocasiones Naciones Unidas por violar el derecho humano a una vivienda digna, y yo creo que este país tiene que ponerse manos a la obra para hacer una norma lo suficientemente garantista para que no se produzcan desahucios siempre y cuando no haya esa alternativa habitacional adecuada, y adecuada significa una alternativa de vivienda, y este punto tiene que quedar claro y bien recogido, sobre todo ante la que se nos avecina, ante la posibilidad de que pueda volver a haber ejecuciones hipotecarias masivas si no regulamos los precios de las hipotecas.

Hay un tercer elemento, aparte de muchos otros, casi de reparación del fraude con la ciudadanía, y me refiero a la Sareb. La Sareb es una entidad que a día de hoy, según los datos opacos de la propia Sareb porque seguramente tiene más, tiene al menos 44.000 inmuebles vacíos; esas viviendas se pueden incorporar de forma inmediata al parque público de vivienda social sin tener que esperar a la construcción de más vivienda social, que quizá haya que hacerla pero en todo caso es una medida que va a tardar muchos años. No nos debe temblar el pulso y debemos entender que, si hemos asumido la deuda de la Sareb, sus viviendas, deberíamos ser capaces de disponer de ellas para garantizar ese acceso a la vivienda que lleva demasiados años pisoteado.

Algunas de las medidas que ha mencionado no están recogidas en la ley actual, la aprobada en el Consejo de Ministros, ¿es suficiente la ley de vivienda tal y como está redactada en la actualidad? ¿Qué añadiría?

Yo creo que la ley, tal y como está planteada, es un punto de partida porque lo que hace es romper el paradigma que ha sido siempre la política de vivienda en este país, que no ha sido otro que hacer política inmobiliaria. La ley consigue poner el foco en la necesidad de garantizar un verdadero parque público de alquiler social y asequible que no se pueda vender a los fondos buitre, como ha hecho la Comunidad de Madrid años atrás. Pero es verdad que faltan elementos fundamentales y por eso nosotras mismas hemos presentado enmiendas a la ley para completarla, para que sea lo más garantista posible porque estamos ante una oportunidad histórica de poder hacerlo y porque desaprovecharla no tendría sentido.

Creo que es necesario que no se sigan ejecutando desahucios sin alternativa habitacional adecuada, limitar los precios de los alquileres, que la Sareb salde la deuda que tiene con la ciudadanía, y las más clara es traspasar esas viviendas al parque público; y algunos elementos más que deberían incorporarse, como la dación en pago, la responsabilidad limitada de los deudores hipotecarios... Aquel debate que comentaba el ministro Ábalos hace un par de veranos entre la vivienda como activo o como derecho. No, la vivienda es un derecho, y a partir de ahí debemos construir todo lo demás.

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¿Le preocupa que Ayuso elimine o bonifique impuestos en consonancia con la eliminación del impuesto a los grandes patrimonios en Andalucía? ¿Es posible sostener el Estado del bienestar eliminando los tributos a las personas y empresas más ricas?

Evidentemente es imposible. El Estado del bienestar, los servicios públicos, los elementos comunes de los que nos dotamos como sociedad, la educación, la sanidad, el transporte... se sostienen por los impuestos que pagamos en España, los madrileños, en definitiva los impuestos que paga la ciudadanía. Esa huida hacia delante de Moreno Bonilla, que se suma ahora a competir para ver cuál es el mayor paraíso fiscal, es una indecencia. Lo que no dicen Ayuso o Moreno Bonilla es que eliminar los impuestos a los ultra ricos pasa por que el resto de personas tengamos que costear más los servicios públicos. Es una injusticia fiscal y social.

Hoy [por este jueves] le he dicho en el Pleno a la señora Ayuso "usted le dio la bienvenida a los andaluces el otro día al paraíso, pero se le olvidó ponerle el adjetivo de paraíso fiscal donde solo cabe un 1% de la población y el resto de personas están excluidas". Ayer [por este miércoles] conocíamos los datos de cómo han aumentado en 50.000 personas las listas de espera en sanidad. Es una indecencia y por mucho que ellos se empeñen en militar en ese proyecto ideológico mercantil que representa el PP, afortunadamente tenemos un Gobierno de coalición que ya ha anunciado que el impuesto a las grandes fortunas se pondrá en marcha en 2023.

¿Hay en Madrid un 'dumping' fiscal que provoca una situación injusta con el resto de comunidades?

Creo que hay dumping fiscal pero quiero huir de si el debate o el problema está en los territorios o en la fiscalidad de los territorios. Esto no va de territorios, va de las personas que habitan los territorios y de las diferencias sociales entre las que pagan impuestos y las que no. Ese es el fondo de la cuestión, la causa que obedece a que haya injusticia fiscal en la Comunidad de Madrid y que eso vaya en detrimento del 99% de los madrileños y eso es lo que tenemos que revertir. El debate sobre la fiscalidad no es si se suben o se bajan impuestos, sino a quién se los subes y a quién se los bajas.

Usted ha sido designada como precandidata de Podemos a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. ¿Es posible ganar a Ayuso en mayo de 2023? Las encuestas apuntan a una victoria clara de las derechas.

No está escrito que tengan que ganar los bárbaros, creo que hay posibilidad de cambio, que Madrid necesita ese cambio. Yo me he postulado como candidata a las primarias de Podemos, que celebraremos a partir del 10 de octubre, y desde luego voy a poner todo de mi parte para desalojar a Ayuso de la Comunidad de Madrid. La ciudadanía madrileña ya no aguanta más legislaturas de Ayuso; hay que tener en cuenta que estamos ya viendo todas las costuras de su gestión y cómo su gestión está perjudicando a las mayorías sociales de la región, desde el sector del taxi, a los que les dábamos muchas palmaditas en la espalda, la señora Ayuso se llenaba la boca de felicitaciones porque hacían carreras gratuitas para trasladar a la gente a hospitales durante la pandemia, y ahora les pone encima de la mesa una desregulación que hunde a 25.000 familias del sector. Estamos viendo también cómo está dando la espalda a los vecinos de San Fernando de Henares, que se están hundiendo sus casas y la señora Ayuso dice que eso son 30 familias que tienen problemas porque se han metido en abogados.

Es una indecencia la propuesta política de Ayuso, que además tiene un proyecto ideológico mercantil muy claro, que es representar los intereses de una minoría que no es la que teje a diario la Comunidad de Madrid. Tenemos la oportunidad de hacer, y para poder hacerlo hay una condición necesaria que pasa por activar, movilizar y cooperar de forma intensa con la sociedad civil organizada. Creo que esta batalla que tenemos por delante no podemos hacerlo solo los partidos políticos, creo que eso pasa por establecer sinergias reales de cooperación, colaboración y activación de la movilización de los sectores sociales que se han concentrado en los últimos meses por el cierre de los SUAPS (servicios de urgencias de atención primaria), que se manifiestan por la crisis climática, o que defienden a los vecinos de la Cañada Real ante la vulneración sistemática de derechos humanos que supone haberles cortado la luz.

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Usted viene de los movimientos sociales, en concreto, el de la vivienda. ¿Cree que las organizaciones de la sociedad civil pueden y deber jugar un papel en la reconfiguración y en la unidad de la izquierda?

Las organizaciones de la sociedad civil son la condición de posibilidad para que haya transformaciones sociales también a nivel institucional. Yo he estado 10 años de mi vida dedicándome a formar parte de esos colectivos sociales que son la semilla que luego permite el cambio institucional y la modificación de leyes. Los movimientos sociales tienen que tener un papel desde las instituciones y partidos en el que les tratemos de igual a igual, en el que entendamos que puede haber una cooperación de suma positiva para todos porque nos demos el lugar mutuamente, porque entendamos los límites de ambos espacios, y, sobre todo, que rememos todos en la misma dirección. Creo que eso es posible y, de hecho, el proyecto político que yo quiero desarrollar en estos meses que quedan hasta las elecciones es activar herramientas de cooperación con los movimientos sociales para que entre todos podamos cambiar Madrid.

En las anteriores elecciones se defendió que si había una movilización histórica en Madrid la izquierda podía ganar a las derechas, pero se movilizó mucha gente y ganó Ayuso. ¿Es Madrid de derechas?

Yo no lo creo. Creo que hubo una movilización histórica, se movilizó mucho voto de derechas, pero estábamos en un contexto muy determinado, en un contexto de pandemia, donde las personas estaban pasándolo muy mal, y creo que ese contexto tan determinado que se produjo en 2021 no podemos extrapolarlo ahora. En aquel entonces sucedió una cosa también que hay que tener en cuenta, que es que todavía no habíamos visto gobernar a la señora Ayuso; había estado un año, más o menos, enredada con que si Ciudadanos quería hacer una moción de censura pero donde no había puesto en marcha ni una sola ley. Ahora ya hemos visto cuál es su proyecto, que es el del PP de siempre, con los mismos componentes de corruptelas, de redes clientelares, de parasitar las instituciones… pero tiene un plus, que es reforzar el plan de negocio que opera sobre la sanidad, la educación y la vivienda. Eso la gente lo está percibiendo y no es casual que haya movilizaciones día sí, día también.

En Madrid, el principal partido de la oposición es Más Madrid, que es reticente, de momento, a una alianza con Podemos. ¿Cree que serán capaces de ponerse de acuerdo de cara a un pacto?

Nosotros tenemos que ser sumamente respetuosos con las decisiones y opiniones de otras fuerzas políticas, en este caso Más Madrid, que ya ha dicho que no quiere una candidatura única, y lo que tenemos que estar todos es centrados en levantar proyectos que sean capaces de desalojar a la señora Ayuso de la Puerta del Sol.

¿Corre la izquierda madrileña el riesgo de sufrir la misma experiencia que en Andalucía?

Yo creo que no. Creo que en lo que tenemos que estar es en trabajar y en incorporar a todas las personas que quieren un cambio en la Comunidad de Madrid, algunas estamos dentro de la institución pero otras están fuera, centrarnos en eso, en plantear un proyecto alternativo, un modelo de región alternativo que yo creo que lleva dibujado muchos años, y tener la eficacia de demostrarlo en mayo.

Yolanda Díaz ya ha avanzado que su proyecto político no estará listo de cara a las municipales y autonómicas del próximo año. ¿Es posible un proyecto de izquierdas ganador sin haberse definido el plan electoral, si es que lo hay, de la vicepresidenta?

Tenemos que ser respetuosos con los tiempos y con las decisiones de Yolanda Díaz, y en ese sentido tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Para mí, como he dicho antes, pasa por reforzar todos esos vínculos con la gente que está movilizada, organizada y que también tienen claro que se necesita cambiar Madrid y que para cambiar Madrid eso pasa porque cooperemos todos.