El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la Estrategia de Juventud 2022-2030 impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. El objetivo de este plan es establecer un marco de referencia para la Administración General del Estado a la hora de llevar a cabo medidas para mejorar la vida de los jóvenes. 

Una de las metas de esta estrategia es coordinar las políticas de los ministerios en este asunto para proporcionarles "coherencia" a la hora de actuar. La misión de este proyecto es que las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias sobre los servicios directos a los jóvenes, tengan un "marco referencial" para poder tomar decisiones en este ámbito.

El trabajo detalla que las "personas destinatarias" son aquellos ciudadanos de entre 15 a 29 años, aunque matiza que tienen en cuenta algunas "especificidades sectoriales", como la educación, por lo que también implica a menores desde los 12 años; la vivienda, que abarca hasta ciudadanos con 35 años; y el mundo rural y de la investigación, que extiende la juventud hasta los 40 años. Este último caso se establece "en función de la noción de joven agricultor de la Unión Europea, y del tiempo que tarda un joven investigador en acceder a una situación laboral estable".

La estructura del plan, en 12 ejes

La estructura de este programa está conformada por 12 ejes. Los diez primeros son temáticos; es decir, están orientados al fomento de políticas concretas en diferentes sectores, como vivienda, empleo o juventud en el mundo rural. Los dos últimos puntos son transversales y, por lo tanto, deben tenerse en cuenta en todas las actuaciones. Estos son "mujeres jóvenes e igualdad" y "medio ambiente y sostenibilidad".

Desde el departamento de Ione Belarra hacen especial hincapié en la educación, por lo que el primer objetivo marca que en el año 2030 se garantice la educación universal, inclusiva e integral en la ESO, además de fortalecer la Formación Profesional y que esta adquiera un carácter permanente; es decir, que se pueda acceder a ella en para conseguir un mayor desarrollo individual y social.

El plan también apunta a la defensa del empleo estable y bien remunerado para que los jóvenes puedan tener amplias expectativas laborales a la hora de construir un proyecto vital. En este apartado recogen la necesidad de avanzar en la regulación del contrato formativo o mejorar la situación laboral de repartidores de plataformas digitales y subcontratas, además de la modernización de los mecanismo de negociación colectiva, atender al desarrollo del teletrabajo y perseguir la temporalidad sumergida; es decir, impedir que las empresas tengan "falsos autónomos" trabajando para ellas. 

Otra de las preocupaciones es que los jóvenes que se van incorporando al mercado laboral puedan conciliar su vida laboral y su vida personal. Por ello, el plan expresa que se debe dar apoyo a las particularidades de las familias jóvenes, las familias jóvenes monoparentales y grupos en riesgo de exclusión social. 

Promoción del alquiler sostenible y repoblación rural

El proyecto remarca la importancia del acceso a la vivienda, por lo que promoverán "el alquiler social sostenible, la rehabilitación de viviendas y la repoblación rural". La estrategia propone "estudiar la posibilidad de introducir cambios en la consideración jurídica de la vivienda" para que sea "un derecho subjetivo y servicio social de interés general". Asimismo, apuestan por emplear fondos públicos para generar vivienda asequible y renovar el parque de vivienda.

Desde el Ministerio abordan la salud mental, especialmente en adolescentes. Por ello, añaden que se deben incorporar en los servicios de salud atención integrada a los problemas de salud mental, planes para la prevención del suicidio y la prevención de las adicciones, además del fomento de estilos de vida saludables y ecológicos. Dentro de este apartado se promoverá la salud afectivo-sexual integral y los derechos digitales.

La estrategia recoge que se ha de garantizar "la plena inclusión de los colectivos jóvenes y adolescentes en grave riesgo de exclusión social o sujetos a doble discriminación", por lo que proponen desarrollar el Ingreso Mínimo Vital y conformar "un sistema de servicios sociales eficaz, universal y de calidad que facilite su plena inclusión".

Con este documento, el Gobierno define a la juventud como "un agente de transformación social" y agrega que se debe reforzar el voluntariado y asociacionismo para que tengan "nuevos cauces de participación política efectiva online y offline". Aquí, abren la puerta a que se debata sobre el derecho a votar a los 16 años.