El alza de los precios de la vivienda continuará los próximos años, según la Fundación Alternativas
El Informe sobre la Democracia en España 2024 incluye una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez.
Madrid--Actualizado a
La Fundación Alternativas ha presentado este lunes su habitual Informe sobre la Democracia en España 2024. En él, además de incluir las características del Índice de calidad de la democracia en España, se ofrecen diversos análisis sobre el funcionamiento de la democracia, organizados en tres bloques: El contexto político, el Estado de Bienestar y los ejes del debate público.
En esta edición se ha incluido un capítulo específico denominado El problema de la vivienda en España y el reto de transitar a un nuevo modelo. Entre las conclusiones aportadas por los expertos destaca una mirada a futuro: "Lo más probable es que el alza de los precios en compra y en alquiler continúe en los próximos años", señala el documento.
Según apunta el informe, en líneas generales, las administraciones públicas "han reaccionado tarde a este problema". "Las medidas destinadas a proteger a los inquilinos han reforzado su poder de negociación frente a los propietarios, pero apenas han conseguido limitar la subida del precio de la vivienda y de los alquileres", añade el texto, que critica la "ausencia de un ambicioso plan de vivienda".
El análisis destaca que en las economías desarrolladas la vivienda se está convirtiendo "en un activo caro e inaccesible". Se argumenta que existe una creciente demanda tanto en zonas urbanas con una fuerte presión demográfica, como en zonas con un crecimiento del sector turístico. "La capacidad para ampliar la oferta se ve limitada por el hecho de que el suelo es un recurso finito. El encarecimiento de la vivienda se expresa a través de un aumento de los precios de compra y de los alquileres", reflexionan desde la Fundación Alternativas en un capítulo elaborado por Miguel Artola, investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid.
En España, continúa el informe, el problema de la vivienda se ha visto agravado por el "notable crecimiento demográfico y el repunte de la demanda turística en los últimos años". Los expertos consideran que el stock de viviendas construido durante la burbuja y años posteriores no ha sido suficiente para absorber esta demanda. Además se pone de manifiesto que en las últimas dos décadas en España también se ha producido un cambio en el modelo inmobiliario.
"El mejor indicador que atestigua este cambio es el declive en la proporción de familias propietarias de su vivienda y el aumento de aquellos en alquiler. Este cambio, unido al fuerte aumento de los alquileres desde 2015, ha generado un conflicto distributivo entre propietarios e inquilinos", se destaca.
Recomendaciones para el Ministerio de Vivienda
Esta parte del informe se cierra con una serie de recomendaciones para el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez. La gestión de la ministra ha estado en el foco político de las últimas semanas con críticas que le han llegado de diferentes partidos, con Sumar, socios de coalición del PSOE en el Gobierno, a la cabeza.
"El Ministerio de la Vivienda, en colaboración con el Catastro y la Agencia Tributaria. debe sistematizar toda la información disponible sobre vivienda arrendada, distinguiendo por tipo de propietarios, según su uso y en función de la cuantía del alquiler y tipología del contrato", señala el informe. Del mismo modo se plantea que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revise la metodología del IPC a raíz de los resultados derivados de la nueva estadística de alquileres (IPVA).
Con esa información, el Ministerio "debería plantear un plan de vivienda para el medio y largo plazo". El objetivo es "aproximar la posible demanda y fijar objetivos de construcción de vivienda pública". El informe también pide a las comunidades autónomas que valoren las subidas en los alquileres, especialmente en las zonas tensionadas y los efectos directos e indirectos de las medidas para fijar precios máximos.
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Las administraciones públicas "deberían trazar un plan ambicioso para ampliar el parque de vivienda pública, lo cual obligaría a invertir el equivalente del 1% del PIB". El plan, según la propuesta de Fundación Alternativas, podría incluir la construcción de nuevas viviendas, tanto en régimen de protección oficial como en alquiler social, pero también la adquisición de viviendas existentes. "Estos activos deberían quedar blindados de forma que no pierdan nunca su estatus como vivienda protegida y así evitar la posterior privatización de los recursos públicos", señala el texto.
El plan debería incluir también una "revisión generalizada de la fiscalidad sobre las rentas y los activos inmobiliarios". En el impuesto sobre la renta (IRPF) se deben eliminar la deducción de los rendimientos del alquiler y la exención de las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de la vivienda habitual en caso de reinversión. Asimismo, el informe plantea que se debería reformar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el impuesto de plusvalía municipal de forma que la base imponible se aproxime al valor de mercado como ya ocurre con el valor de referencia que se utiliza en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y en el de sucesiones (ISD).
El documento se presenta este lunes por la tarde en el Congreso en un acto con la presencia de sus autores e inaugurado por Isaura Leal, secretaria segunda de la Cámara Baja. También se incluyen apartados específicos sobre Catalunya y su situación tras el Procès, la pugna entre Junts y Aliança Catalana, el modelo universitario español, el poder judicial o el fenómeno de la migración.
Calidad democrática
Respecto al índice de calidad democrática, un medidor habitual en el informe de la Fundación Alternativas, los expertos consultados en 2024 han otorgado una calificación media de 6,4, la misma que en las dos pasadas ediciones. La encuesta pone de relieve, de forma constante, algunos "pilares robustos" del sistema democrático español. Destacan entre ellos, la celebración regular de elecciones libres y transparentes, así como la garantía del derecho al voto.
También se valora positivamente el respeto a las libertades religiosas, sindicales y de asociación, junto con el comportamiento legal de los funcionarios públicos y el compromiso del país con las normativas europeas. Finalmente, este año aparecen entre las diez fortalezas, la garantía de los derechos a vivir y usar la propia lengua.
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Las principales debilidades de la democracia española según este informe "son la desprotección de la ciudadanía frente al acoso mediático, la dependencia económica del poder político, la dificultad de determinados grupos de acceder al poder político, las interferencias internacionales sobre el país, la presencia de corrupción, la escasa accesibilidad de los representantes y la baja independencia de la prensa".
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