Comunistas, anarquistas, nacionalistas, "enemigos de la patria". Si alguien caía en esa calificación por parte de la dictadura franquista, su futuro estaba marcado: las listas negras de la dictadura dejaron como saldo cifras inmensas de personas despedidas de sus puestos de trabajo en el marco de una "depuración" que arruinó miles y miles de hogares, frustró sueños y arrastró a las víctimas a una larga pesadilla.

La Fundación 1 de Mayo de CCOO acaba de publicar un trabajo de 204 páginas que hace justicia con todos aquellos que sufrieron la represión laboral del franquismo en su máxima expresión, al tiempo que destaca la lucha de quienes lograron arrancar medidas que pusieran fin a aquella gigantesca injusticia.

El libro La amnistía laboral en España durante la transición (Catarata), a cargo de Mayka Muñoz y José Babiano –ambos doctores en Historia Contemporánea e integrantes de la Fundación 1 de Mayo–, ha sido publicado en un momento en el que en este país vuelve a hablarse de una amnistía: en este caso, enfocada en los independentistas catalanes, algo que inquieta a la derecha y la ultraderecha.

"Aunque no son amnistías comparables, tenemos que preguntarnos qué podemos aprender de la negociación que dio como resultado la ley de 1977. Más aún cuando quienes claman contra la Ley de Amnistía de hoy hacen una defensa cerrada de la de 1977 como basamento de la democracia actual", sostiene Muñoz.

Perderlo todo

Verano de 1936. El calor se mezcla con un ambiente irrespirable entre quienes defendieron la democracia y ahora se ven bajo las garras de los militares y civiles que actúan bajo las directrices de Francisco Franco. Si eras "rojo", "separatista" o las dos cosas y no habías perdido la vida, te quedarías, como mínimo, sin trabajo.

"De inmediato comenzó la depuración del magisterio. Ya en el verano de 1936, las nuevas autoridades locales, civiles y militares empezaron a elaborar listas de maestros y maestras, así como de profesores y profesoras de institutos de bachillerato y universidad", recuerdan Muñoz y Babiano en el libro que acaba de publicar la Fundación 1 de Mayo.

La represión se hizo norma oficial mediante el Decreto 66 del 8 de octubre de 1936, mediante el cual "se dio cobertura legal al proceso depurador". En febrero de 1939, la dictadura fijó normas precisas para la depuración del funcionariado público, en un esquema que calcó para el caso de los trabajadores de empresas privadas.

"Se desconoce el número de personas afectadas por esta gran depuración de posguerra. Pero, sin ningún género de dudas, se trata de un volumen de gran escala", señalan los autores de este trabajo, quienes inciden en un aspecto clave: "La aplastante derrota, la desarticulación de los sindicatos de clase y la represión de sus militantes instalaron un reino del terror en los centros de trabajo".

El movimiento obrero, severamente golpeado por la dictadura, inició un proceso de reorganización que llevaría a "nuevos despidos de militantes y dirigentes sindicales" en los años 50. Las cosas se complicaron aún más en los setenta, con una dictadura que se encaminaba hacia su final.

"El aumento del número de huelgas y otras formas de protesta obrera provocará sucesivas oleadas de despidos, además de detenciones e incluso muertes de trabajadores a manos de la fuerza pública", apuntan Muñoz y Babiano.

"Muchos obstáculos"

En medio de esa oleada represiva nació la reivindicación de cese de persecución contra decenas de miles de trabajadores. Este reclamo, que fue fruto de una larga lucha en la que tuvieron un papel fundamental los abogados laboralistas de los sindicatos, en especial de CCOO, quedó plasmada en la Ley de Amnistía 1977, que en su redacción definitiva reestableció los derechos de las víctimas de la represión laboral durante la dictadura.

"Fue una amnistía demandada por los trabajadores, luchada por los trabajadores en las empresas y por sus representantes en el Parlamento", indica Babiano. No obstante, su aplicación no resultó sencilla: según destacan los autores de este libro, el proceso "tropezó con muchos obstáculos".

En esa línea, Babiano subraya que la amnistía laboral "conoció un proceso de judicialización debido a la habitual resistencia de las empresas a aplicar la norma, por lo que resultó necesaria la movilización de las plantillas y de sus órganos de representación para que los tribunales torcieran la voluntad inicial de las empresas".

De esta forma, "la ley supuso el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la represión laboral, principalmente el reintegro a sus puestos de trabajo". "En caso de que existieran, se extinguían también las responsabilidades criminales y se eliminaban los antecedentes penales", recordó.

Trabas y victorias

Existen, sin embargo, asuntos aún sin dilucidar. Entre esos puntos, los autores destacan que "ni siquiera se hallan disponibles unos datos precisos y contrastados del número de personas que se beneficiaron de la aplicación de la amnistía laboral, más allá de la cifra de 60.000 que proporcionó en su momento Carmen Molinero", catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Entre las trabas que enfrentaron sindicatos y trabajadores para acceder a la amnistía laboral figuró la "pervivencia de la legislación franquista que entraba en contradicción con los principios de la nueva ley", lo que impidió que "muchas personas despedidas de sus empresas por razones políticas y sindicales pudieran regresar a sus empleos".

No obstante, los historiadores destacan que la Ley de Amnistía en el plano laboral significó "una suerte de juicio a la dictadura franquista y al empresario desarrollado a su cobijo", pero no sólo eso: también implicó la reparación de miles de personas que pudieron reingresar a sus puestos de trabajo y vieron garantizado el acceso a una pensión. "Desde ese punto de vista, constituyó una clara victoria de la clase trabajadora", remarcan.