La ley de amnistía es ya algo más que un texto surgido de unos acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con la toma en consideración por parte del Pleno del Congreso de los Diputados de este martes. Un tenso, agrio y crispado debate en que el PP y Vox han desplegado todo su arsenal de reproches contra Sánchez.

La amnistía inicia así su periplo legislativo como proposición de ley para acabar convertida en norma legislativa totalmente en vigor en cuanto sea definitivamente aprobada en el Congreso -con toda probabilidad ya que cuenta con el apoyo de todos los partidos de la mayoría de investidura excepto Coalición Canaria- y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La tramitación de la ley de amnistía, a partir de este momento, tendrá dos prioridades: rapidez e invariabilidad. Tanto el PSOE como partido promotor de la proposición de ley, como los independentistas, apuestan por una tramitación parlamentaria por la vía de urgencia con un calendario que prevé finalizar el proceso a finales del próximo mes de marzo o principios de abril. Y que tendrá en su paso por el Senado su principal obstáculo y tiempo de demora, a causa de la oposición de la mayoría absoluta del PP en esta cámara. Se calcula que la tramitación en la Cámara Alta será de unos dos meses, antes de volver al Congreso y ser plenamente ratificada.

Integridad del texto sin enmiendas relevantes

En cuanto al contenido, el texto presentado públicamente y que fue registrado por el PSOE mantendrá su integridad. A pesar de que finalmente no firmaron su presentación todos los grupos de la mayoría, sino que lo hizo el PSOE en solitario, fuentes socialistas aseguran que el acuerdo con todos los grupos de la investidura excepto Coalición Canaria -Sumar, ERC, Junts, PNB, EH Bildu, BNG- para votar a favor de la ley de amnistía es firme e incluye mantener la integridad del texto.

Fuentes socialistas aseguran que no admitirán ningún cambio sustancial y desde los dos partidos independentistas, ERC y Junts, admiten que la ley se aprobará "sin prácticamente ningún retoque o al menos ninguno que sea relevante" en el periodo de enmiendas. Todas las enmiendas de la oposición de las derechas serán tumbadas en el Congreso.

Esquerra Republicana es el grupo que ha manifestado mayor voluntad de retocar el texto y de hecho los republicanos forzaron -con su negativa a firmar la proposición de ley- la presentación en solitario por parte del PSOE, tal como avanzó Público. Las dudas de ERC tienen que ver con el articulado relativo a los casos de imputación por presunto terrorismo como el que instruye el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional en relación a las protestas organizadas por Tsunami Democràtic. Desde el partido de Oriol Junqueras consideran que "hay margen para algunas pequeñas mejoras técnico-jurídicas".

Pero fuentes de la dirección de Esquerra avanzan a Público que no tienen decidido si presentarán "ninguna enmienda, hay algunos flecos que nos gustaría mejorar pero tenemos claro que no presentaremos ninguna enmienda que no pueda prosperar si no tiene los apoyos necesarios del resto de grupos".

Pugna independentista por la autoría

Por su parte, fuentes de la dirección de Junts aseguran que no tienen previsto presentar enmiendas, aunque no se cierran a estudiar las de otros grupos como puede ser las consideraciones que ha puesto ERC sobre la mesa. Así, el portavoz de Junts, Josep Rius, asegura que su partido no tiene una propuesta para "mejorar" la ley de amnistía que este martes ha iniciado el trámite parlamentario, pero añade que su partido estudiará las enmiendas que presenten los demás grupos y puedan "enriquecer" la ley.

Rius valora muy positivamente el paso dado este martes y saca pecho de ello: "Hoy se ha tomado en consideración la ley de amnistía, que hasta hace un tiempo el PSOE decía que era imposible. Desde que Junts está en la ecuación de la gobernabilidad las cosas imposibles acaban pasando".

Esquerra mantiene también una valoración positiva de la admisión a trámite de la ley de amnistía que atribuye al trabajo previo realizado por los republicanos en la legislatura pasada con la negociación para la reforma del Código Penal, la derogación del delito de sedición o los indultos. Según el presidente del partido, Oriol Junqueras: "Estamos convencidos de que todo esto que hemos hecho es lo que ha permitido abrir el camino hacia la amnistía y darla por descontada", como a su parecer demuestra la toma en consideración de la ley de este martes por parte del Pleno del Congreso de los Diputados.

El recorrido de la tramitación paso a paso

Descontada o no, la amnistía tiene garantizado su recorrido legislativo y su aprobación con los 178 votos a favor de la mayoría de la investidura -con la excepción de la diputada de Coalición Canaria-. La ley proseguirá a partir de este martes el trámite parlamentario por la vía de urgencia. Las formaciones dispondrán de una semana para presentar enmiendas al texto.

Después, se celebrará un nuevo pleno para debatir las enmiendas a la totalidad que previsiblemente presentarán PP, Vox y UPN. Enmiendas que deberán ser de texto alternativo y no de devolución. Es decir, que los grupos opositores presentan un texto totalmente alternativo, lo cual dificulta en este caso la articulación de una fórmula a la derecha. La enmienda a la totalidad de devolución, es decir, que se retira la ley y se retorna a su promotor, solo se aplica a los proyectos de ley que presenta el Gobierno y a las proposiciones de ley presentadas desde el Senado. En ningún caso la enmienda a la totalidad de devolución es aplicable a la ley de amnistía.

Si los grupos de la oposición de derechas presentan enmiendas a la totalidad se prevé que sean tumbadas y la ley proseguirá su recorrido con el debate en la comisión pertinente, en la que los grupos podrían introducir enmiendas parciales, y finalmente se someterá de nuevo al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva, posiblemente a finales de diciembre o principios de enero.

Aprobada en el Congreso, la ley irá al Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta. La Cámara Alta rechazará la propuesta con toda seguridad. La modificación del reglamento -recurrida por el PSOE en el Tribunal Constitucional- permite que la Mesa de la Cámara Alta obvie la petición del Congreso de una tramitación por vía de urgencia, por lo que los populares alargarán los plazos. Se prevén unos dos meses de demora. Vox pretendía que el PP fuera más allá y la Mesa del Senado detuviera la tramitación del texto no tramitándola, algo que el PP ya ha adelantado que no hará.

Una vez que el Senado rechace el texto, la ley volverá inmediatamente al Congreso de los Diputados, que celebrará un nuevo debate en pleno y levantará el veto de la Cámara Alta con la misma mayoría que apoya la norma, 178 votos. Posteriormente, el rey Felipe VI la firmará, y la ley se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor, previsiblemente a finales de marzo o principios del mes de abril.

Desconfianza hacia la aplicación de los jueces

Completado el trámite parlamentario y con la ley de amnistía en vigor, todos los focos se dirigirán al Poder Judicial y a los jueces y tribunales que deberán aplicarla. Y a pesar de la alta probabilidad de los recursos de inconstitucionalidad que se puedan presentar, e incluso si algunos jueces plantean cuestiones prejudiciales, la ley de amnistía prevé que en ningún caso se paralizaría su aplicación con medidas cautelares. Es decir, que a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional o de la resolución de cuestiones prejudiciales, los jueces deben aplicar la amnistía caso por caso a medida que los afectados -imputados o sentenciados- presenten el requerimiento de revisión de la causa.

Fuentes jurídicas aseguran que "un juez no puede hacer otra cosa que aplicar la ley, le guste o no, de lo contrario podría incurrir en un delito de prevaricación". Sin embargo, existe una inquietud entre los partidos y actores independentistas que no confían en la Justicia española y en que los jueces apliquen la ley con todas las garantía y extensión. Por ello, organizaciones como Òmniun ya preparan un observatorio de seguimiento de todos los casos en que debe aplicarse la amnistía.

Según explican fuentes de la negociación, la ley de amnistía ha sido construida desde tres parámetros: primero, abarcar el máximo de casos posibles vinculados a la consulta del 9-N, el referéndum del 1-O y las protestas contra la sentencia del procés. Segundo, garantizar el marco constitucional para pasar el filtro del TC. Y tercero, evitar las ambigüedades lo máximo posible para anular el margen de interpretación de los jueces. Estas fuentes reconocen que no siempre estas tres condiciones son compatibles, y que, para encajar en la constitucionalidad, puede haber quedado algún vacío jurídico que permita a algún juez intentar driblar la amnistía.

Blindaje contra maniobras judiciales

Algunos protagonistas de la redacción de la ley son más optimistas. Es el caso del exdiputado de En Comú Podem y negociador de Sumar en la redacción de la ley de amnistía, Jaume Asens, que asegura que la ley de amnistía está "lo más blindada posible" y da "el mínimo margen de interpretación a los jueces". Asens hace estas consideraciones frente a un posible intento de "sabotaje" de los magistrados que no descarta. "Puede ocurrir que haya jueces que intenten esquivar la aplicación como hicieron con la reforma del Código Penal, con el tema de la malversación", afirma Asens. Pero el jurista subraya que la ley "está pensada para evitar este escenario".

En el independentismo tampoco hay dudas de que algunos jueces intentarán cortocircuitar la amnistía y Oriol Junqueras vaticina que la ley de amnistía afrontará "dificultades" para poder aplicarse. "Solo hay que ver el grado de politización que hemos visto en el Poder Judicial y en la reacción partidista de muchos jueces contra la amnistía, incluso antes de conocerla, con concentraciones de jueces con togas impropias en un estado de derecho de quien debe aplicar la ley de forma imparcial", asegura también un miembro de la dirección de Junts.

Habrá que esperar a la aplicación efectiva de la ley de amnistía para comprobar el grado de confrontación que se puede llegar a dar entre poderes del Estado. Sin lugar a duda, este martes ha comenzado el trámite de la ley más polémica de la democracia y una de las más trascendentes, y, que sin duda, marcará la legislatura.

Desde el punto de vista legislativo, lo hará durante los próximos cuatro meses con debates de alto voltaje parlamentario y el enfrentamiento garantizado entre la mayoría del Congreso y la del Senado. En lo judicial, a partir de la aprobación de la ley con la actuación que puedan realizar los jueces en su aplicación. Y en lo político, centrando la confrontación política entre las derechas del PP, Vox y UPN y el Gobierno del PSOE y Sumar junto a sus aliados parlamentarios.

Una dura pugna política que será así durante toda la legislatura, pero que se recrudecerá en los próximos seis meses previos a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Con toda probabilidad, el PP aumentará los decibelios de su ofensiva contra la amnistía y contra el Gobierno de coalición progresista -que también traslada a las instituciones europeas- para convertir las elecciones al Parlamento Europeo en una supuesta reválida de las elecciones generales del 23J que Alberto Núñez Feijóo perdió contra todo pronóstico.