Ingreso Mínimo VitalSiete comunidades autónomas piden gestionar el Ingreso Mínimo Vital como Euskadi y Navarra

El malestar con el Ejecutivo de gran parte de las Comunidades Autónomas, critican la diferencias de trato del Gobierno respecto a la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado esta semana, ha marcado el encuentro del presidente con los mandatarios regionales.

Los presidentes de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sus respectivas comunidades autónomas puedan administrar esta prestación, después de que el Ejecutivo central pactase con el PNV traspasar su gestión al País Vasco y a Navarra. También lo quiere Catalunya, según las declaraciones que ha realizado su vicepresidente, Pere Aragonés, esta mañana.

Ha sido durante la duodécima videoconferencia que ha mantenido el jefe del Ejecutivo este domingo con los presidentes de las comunidades, según han explicado fuentes autonómicas durante la reunión o bien han detallado después los dirigentes regionales en rueda de prensa.

Durante este encuentro, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha recordado a Sánchez que Galicia cuenta desde hace casi 30 años con la renta de inclusión social (Risga) y ha insistido en que sean las autonomías las que gestionen el recién aprobado ingreso mínimo vital.

También el presidente de la Junta de Andalucía, el también conservador Juanma Moreno, se ha referido al IMV para dejar claro que no cuestiona su necesidad. Pero sí ha mostrado a Sánchez su "sorpresa" al escuchar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmar que sólo dos comunidades están capacitadas para gestionarlo.

Según las fuentes autonómicas consultadas por Europa Press, Moreno Bonilla ha calificado de "un tanto imprudente" el argumento del Gobierno de que esas dos comunidades sí lo pueden gestionar porque saben hacerlo. "¿Las demás no?", ha planteado, reclamando asimismo más información sobre el IMV.

Mañueco pide "igualdad"

En el caso de Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha exigido a Sánchez "igualdad y un trato justo" para todas las comunidades autónomas y ha afirmado que es "imprescindible" que las demás comunidades, incluida Castilla y León, puedan participar en la gestión de este subsidio.

"Por experiencia, por capacidad, por trayectoria y por el reconocimiento del trabajo con los mas vulnerables, la colaboración con entidades locales y la cercanía en prestación de los servicios sociales, Castilla y León se lo merece tanto como otra comunidad", ha subrayado Fernández Mañueco tras recordar que tienen experiencia gestionando rentas autonómicas.

El presidente de Murcia, por su parte, no ha hecho una petición expresa de que le traspasen los fondos el IMV para que los gestione la región, pero sí ha criticado que el Gobierno no haya contado con las autonomías para decidir cómo se gestiona este dinero.

Así, Fernando López Miras ha dicho que la Medida del Ingreso Mínimo Vital "es buena" y que así se la ha reconocido públicamente al presidente, pero ha advertido de que las CCAA tienen "muchas dudas, porque no se ha contado con nosotros ni con los ayuntamientos y no sabemos quien la va a gestionar".

Por su parte, la Generalitat Valenciana lleva toda la semana realizando la petición. Su presidente, Ximo Puig (PSOE), ha abogado por que haya "la máxima coordinación posible y unidad de acción" entre Administraciones y ha solicitado un convenio para que su comunidad pueda gestionar "lo más pronto posible" el ingreso mínimo.

Sobre cómo ha recibido Pedro Sánchez la petición de la Comunidad Valenciana, Puig ha dicho que "hay voluntad por parte del Gobierno de que sea así". A su juicio, "lo más importante" no es "quién administra una prestación", sino que llegue con agilidad a los ciudadanos y que se puedan sumar sinergias y evitar duplicidades. De hecho, la vicepresidenta del Consell y consejera de Igualdad y Politicas Inclusivas, Mónica Oltra, llegó a formular la petición en euskera al Gobierno central, en una rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano. "Nahitaezko gutxieneko diru sarrera kudeatu nahi dugu; queremos gestionar el ingreso mínimo vital", manifestó la vicepresidenta valenciana "en un precario euskera".

Aragón "no gestiona peor " que Euskadi

Otro gobernante socialista que apuesta por que su comunidad gestione el ingreso mínimo vital es el presidente de Aragón, Javier Lambán. "Aragón no gestiona peor los recursos pese a tener menos fondos", ha declarado en rueda de prensa tras la reunión con Sánchez.

"Me parece absolutamente injusto, y lo considero un agravio para el resto de las comunidades autónomas, que a Navarra y al País Vasco se les ceda la gestión integral y a las demás no", ha subrayado, calificando de "inconsistentes" los argumentos utilizados por el Gobierno central.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha indicado que su comunidad también pedirá gestionar el ingreso mínimo vital, argumentando que el Gobierno regional conoce la realidad social de los cántabros "mucho mejor" que el Ejecutivo central y se encarga ya de la Renta Básica Social.

Una petición a la que se ha sumado el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, aunque Quim Torra no ha dicho públicamente si se lo ha pedido hoy a Sánchez.

Sin embargo, Aragonés sí ha precisado esta mañana que las conversaciones están abiertas para que las autonomías puedan intervenir en la gestión del mismo y ve "una disposición" en ese sentido por parte del Consejo de Ministros. "Es una carpeta que continúa abierta", y habrá ocasión de discutirla en la tramitación parlamentaria del IMV, ha dicho Aragonès.

Sánchez no desvela si atenderá las peticiones

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, se le ha preguntado a Sánchez sobre estas peticiones de las comunidades autónomas de participar en la gestión del IMV, pero no ha aclarado si el Gobierno las atenderá.

Se ha limitado a afirmar que los detalles de esta medida se darán a conocer este lunes con la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha destacado que se trata de "una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social" y que eso garantizará "la igualdad de derechos en todo el conjunto del país".