El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha incrementado un 140% el gasto anual de la Junta de Andalucía en publicidad institucional y en ayudas y convenios en materia de actividad promocional desde que el PP accedió al poder en 2019. Así se desprende de las resoluciones de los últimos diez años de las consejerías y agencias de la Administración autonómica a través de las que se tramitan esos pagos, y a las que ha tenido acceso Público.

El gasto es seguramente superior, ya que la Junta no facilita algunas de las cantidades que invierte en publicidad institucional y ayudas a los medios de comunicación, ni la relativa a los contratos menores que por los mismos conceptos se adjudican a dedo cuando se trata de cantidades inferiores a los 30.000 euros. De hecho, el último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía reprocha al Gobierno andaluz su falta de transparencia en este asunto.

Desde que Moreno Bonilla accedió a la presidencia de Andalucía con los votos de Ciudadanos y de Vox tras las autonómicas de diciembre de 2018, y hasta la actualidad, sus gobiernos han gastado al menos 286,4 millones de euros en publicidad institucional y patrocinios. Es decir una media de 46,2 millones al año durante los seis años y tres meses transcurridos desde entonces.

Esa cantidad multiplica por casi 2,5 la inversión anual por esos mismos conceptos del último gobierno del PSOE, que bajo mando de Susana Díaz entre 2015 y 2018 gastó 77,3 millones de euros. Es decir 19,3 millones de euros por cada ejercicio.

Patrocinios culturales y deportivos

El aumento de los desembolsos se explica en parte —pero no solo— por la política turística y de reclamo que los Gobiernos del PP han acometido en estos años, que ha estado dedicada al patrocinio de grandes eventos culturales y deportivos, de escaparate y con repercusión nacional, como los Goya, e internacional, como la Copa Davis y los Grammy latinos, muy del gusto de la patronal turística, que la Junta defiende que dejan en la comunidad grandes beneficios (también en términos de marca), que, empero, no se filtran al tejido, porque se quedan en manos de unos pocos, según ha cuestionado la oposición.

Así, la gran mayoría del gasto, tanto durante la última legislatura de Díaz como durante las dos de Moreno Bonilla, corresponde a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, cuyo objeto social es "la realización de actividades y servicios tendentes a la mejora y crecimiento de la industria turística y del deporte" en la comunidad a través de la marca Turismo y Deporte de Andalucía.

Entre 2015 y 2018, esa sociedad gastó en publicidad institucional y patrocinios 66,3 millones, es decir 16,5 millones por año. Desde entonces hasta hoy ya van al menos 249,3 millones, es decir más de 40 millones por ejercicio, según las resoluciones cuatrimestrales de la Adminsitración autonómica publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los gastos que contemplan se refieren a patrocinios de eventos, clubes y asociaciones deportivas; actos de promoción de productos y servicios turísticos; diseño, organización y coordinación de congresos y ferias; compra de espacios publicitarios y alquiler de soportes de publicidad físicos y digitales; patrocinio de certámenes y premios; nombramiento de embajadores culturales y turísticos; dosieres comerciales; campañas promocionales y de márketing, así como anuncios en prensa escrita, banners en medios digitales y spots y cuñas en televisión y radio.

Sin información

El gasto en publicidad y patrocinios de Turismo y Deporte de Andalucía también es probablemente superior a esas cantidades porque el Gobierno del PP no ofrece información sobre el mismo en los primeros cuatrimestres de 2023 y 2024, que aparecen como "de acceso restringido" en el portal del BOJA. Si en esos períodos se hubiese gastado la media de los cuatrimestres restantes, el resultado serían otros 20 millones de euros más.

Entre las inversiones más elevadas de la citada empresa pública en los últimos años figuran los más cerca de 22 millones de euros que costó el patrocinio de las fases finales de las copas Davis y Billie Jean King de tenis celebradas en 2024 en Málaga; los 18,8 millones de la gala de los premios Grammy Latinos celebrados en Sevilla en 2023; la compra de derechos audiovisuales y publicitarios para la FIM Road Racing World Championship de 2022, 2023 y 2025 por 16 millones —habían costado 10,3 millones en las ediciones de 2019, 2020 y 2021 y 9,3 millones en 2016, 2017 y 2018 con Susana Díaz en la presidencia—, y los más de seis millones destinados en 2023 a la “planificación y compra de espacios publicitarios para la promoción turística del destino Andalucía".

Al margen del patrocinio del Road Racing World Championship, el dispendio más elevado de Turismo de Andalucía durante el último Gobierno del PSOE fueron los 3,7 millones destinados a "ventanas de comunicación permanente multisegmento" en televisión, radio y medios impresos y digitales.

Tras la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, el organismo de la Junta de Moreno Bonilla que más dinero ha pagado en publicidad institucional y promociones es la Consejería de Presidencia, con más de 22,4 millones en seis años —frente a los menos de dos millones de los últimos cuatro años del PSOE—.

Medios de comunicación

Casi la mitad de esa cantidad se destinó a la "planificación de medios, ejecución de los planes de medios y compra de espacios en soportes publicitarios para las acciones de comunicación institucional" de ese departamento "en los medios de comunicación, publicidad exterior y cine".

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Le siguen la Consejería de Cultura y Deporte, con sus anteriores denominaciones –Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y Consejería de Turismo y Andalucía Exterior–, con 3,1 millones de euros; la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación–antes Consejería de Universidad, Investigación e Innovación–, con 1,3 millones; y la Consejería de Salud –también Consejería de Salud y Consumo y Consejería de Salud y Familias–, con 1,1 millones.

La Cámara de Cuentas y la transparencia

La Cámara de Cuentas alertó en su último informe, publicado en enero de este año y referido al año 2023, de la falta de aplicación de la normativa de transparencia en la publicidad institucional.

Así lo recoge el trabajo en el apartado de "incumplimientos": "El Portal de Transparencia no ofrece de forma clara y específica el gasto de publicidad, su desglose por ejercicio, las campañas realizadas y el gasto por campaña publicitaria". "No se ofrece —agregan los auditores de la Cámara— clara y específicamente el gasto público realizado, desglosado por ejercicio y campaña publicitaria".

Así, una de las recomendaciones que le hizo el órgano fiscalizador al Gobierno fue la siguiente: "Completar la información económica, financiera y presupuestaria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, con un mayor detalle de los cobros y pagos realizados por la Tesorería General de la Junta de Andalucía y con información clara y específica del gasto de publicidad institucional por ejercicio y campaña".

La ley autonómica de transparencia recoge en su artículo 16 que debe hacerse público el gasto "realizado en campañas de publicidad institucional". La Cámara de Cuentas recoge en su informe, cuando estudia las alegaciones del Gobierno, que el Ejecutivo "parcialmente" ha aplicado su recomendación en este asunto, pero no del todo: "Los listados —se lee en el informe— no muestran el gasto total de 2023 ni incluyen información de las campañas de publicidad institucional de las entidades instrumentales".

La oposición ha venido quejándose de esta falta de transparencia. Para Por Andalucía "esta opacidad no es un hecho aislado, sino parte del "modus operandi" de Moreno Bonilla, que actúa como si la Junta le perteneciera". "El fraccionamiento de contratos en el SAS es una muestra más de esta práctica, al igual que el caso de Soto. Ocultan a quién y cuánto destinan en publicidad institucional, no para beneficiar a Andalucía, sino para utilizar estos recursos en su propio interés", añaden.

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Para Adelante Andalucía, "hay una falta total de transparencia y control a través de los grandes contratos a grandes agencias, un uso poco democrático y desigual del reparto de la publicidad institucional a ciertos medios sin ningún tipo de justificación, se utiliza para dársela a medios afines y castigar a los que no".

"Hace falta —añaden en el partido andalucista—una ley de publicidad institucional que regule el dinero que se da, a quién, con qué criterios... Que haya un uso democrático de la publicidad institucional y que no se utiliza para generar relaciones y favores".