La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa contra la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones municipales. El juzgado de instrucción archivó en junio la causa, pero la acusación popular de la desconocida Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática –una entidad sin actividad conocida en la ciudad– presentó recurso, al que se opuso la Fiscalía, y ahora la Audiencia de Barcelona ha ordenado al magistrado que siga investigando el caso. La Fiscalía ya había pedido en mayo el archivo del caso, antes de que lo decidiera el juzgado de instrucción.

Colau ha confesado su "absoluta perplejidad" por la reapertura de una causa archivada hasta en dos ocasiones. "Si pretenden intimidarnos, logran lo contrario", ha afirmado la alcaldesa en una atención a los medios en la Sala Gòtica del Consistorio. La también líder de Barcelona en Comú se ha mostrado molesta por la situación, y ha apuntado que detrás de esta causa hay una "entidad fantasma" a la que sólo se le conoce la actividad pleiteadora contra el propio Ayuntamiento de la capital catalana y también el de Valladolid. "Una vez más colaboraremos, pero sabe mal que se pueda abusar de la justicia para hacer ruido y con claras intenciones políticas", ha subrayado.

Con la resolución, la Audiencia le da permiso al magistrado para alargar la instrucción y practicar nuevas diligencias de prueba como el análisis de expedientes de subvenciones al Observatori DESC, la PAH, la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) o Enginyeria Sense Fronteres entre los años 2020 y 2021. La fantasmagórica entidad acusaba a Colau de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y otros. Ahora la Audiencia considera que puede haber varios delitos, sobre todo prevaricación, en la concesión directa de determinadas subvenciones a las citadas entidades sociales, y que las ayudas excepcionales deben estar debidamente justificadas si se conceden sin un verdadero concurso público.

Hace cuatro meses, el juzgado de instrucción decidió archivar la causa tras constatar que de la declaración de la alcaldesa en sede judicial, de la prueba documental y del testimonio de la interventora del Ayuntamiento no se desprendía ninguna conducta que pueda incluirse en ninguno de los preceptos penales apuntados por la entidad querellante. En su resolución, el juzgado recogía que cuando Colau tomó posesión del cargo delegó parte de sus funciones, entre ellas la concesión de subvenciones, en las diferentes estructuras de las áreas y gerencias, "no constando que diera instrucciones o indicación alguna al respeto en esta materia".

También remarcó que la interventora del Ayuntamiento, funcionaria de carrera y que no depende de ningún partido, testificó que "no observó ninguna conducta más allá de meras irregularidades pero que nunca trascenderían al ámbito penal". Por último, el tribunal añadía que de los expedientes aportados a la causa, que son base de la acusación, "en ninguno de ellos se detecta irregularidad alguna", siendo aprobados por mayoría en el pleno del Ayuntamiento. Por todo ello, teniendo en cuenta que Colau nunca ha dictado resolución alguna en este sentido, el tribunal concluyó que no existió conducta ilícita y archivó la querella.

Denuncia de 'lawfare'

Para la alcaldesa y su formación, Barcelona en Comú, este caso constituye un nuevo ejemplo de lawfare o guerra judicial que determinados lobbies y sectores económicos de la ciudad mantienen contra el gobierno municipal. Tras el archivo inicial, Colau lamentó que la querella lograra su objetivo, que era "hacer ruido, generar titulares y dar esa idea de que todos los políticos son iguales", pero avisó de que desde los comuns estaban "más motivados que nunca" para continuar su trabajo y "no se dejarán intimidar desde ningún poder fáctico".

Los concejales de Barcelona en Comú ya acumulan una decena de querellas en contra de que han sido archivadas, en lo que no dudan en calificar de "guerra sucia judicial". Esta constante lawfare hasta ahora la han protagonizado fundamentalmente fondos inmobiliarios, empresas de servicios -como Agbar-, el lobby automovilístico o el sector hotelero y turístico, según ha denunciado la propia formación. Tanto para la alcaldesa como para su equipo, la estrategia de guerra judicial responde a la voluntad de intentar detener la acción del gobierno municipal por vías poco democráticas.

La Fiscalía ya pidió en mayo el archivo del caso. El ministerio público lo hizo tras concluir que que el Observatori DESC, la PAH, la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) o Enginyeria Sense Fronteres (ESF) no se beneficiaron de ningún trato especial, sino que sus subvenciones se trataron como las de otros cientos de entidades.