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MADRID.- El ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía tienen 20 días para entregar a la Audiencia Nacional los expedientes de los 200 premiados con medallas rojas, pensionadas con un 10% del salario de forma vitalicia, según un auto dictado el 4 de febrero por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Además da nueve días a los policías y funcionarios condecorados para que se personen como demandados.

La investigación se abrió por una denuncia de Alternativa Sindical de la Policía (ASP) presentada en septiembre, tras las informaciones desveladas por Público sobre la concesión de este premio al inspector jefe Andrés Gómez Gordo, policía de cabecera de María Dolores de Cospedal y enlace entre la Dirección Adjunta Operativa (DAO), dirigida por el comisario Eugenio Pino, y la UDEF. Según ha sabido este medio, Gómez Gordo

–cuyo hermano Miguel Ángel es uno de los policías imputados por colaborar con la mafia china de Gao Ping- está detrás del informe encargado por la Secretaría de Estado de Interior a la DAO sobre Podemos y los diputados de la formación morada.

La trayectoria del inspector jefe Andrés Gómez Gordo, que espera ser ascendido a comisario según ha desvelado a diferentes personas, y la de la mayoría de los condecorados no encajan con los requisitos que recoge la Ley 57/1964 sobre Condecoraciones Policiales, según denunció ASP. Uno de las cuatro condiciones que expone la ley para conseguir la medalla roja implican que la vida del agente ha tenido que estar en peligro.

Sin embargo Gómez Gordo lleva desde 2007 trabajando para diferentes gobiernos autonómicos del Partido Popular, bajo las presidencias de Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal. Su nombre ya ha salido a relucir en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia. Fue despedido como director de Seguridad tras la caída del entonces consejero de Justicia Alfredo Prada, por lo que cobró una cuantiosa indemnización y al día siguiente fue contratado por el sucesor de Prada en ese cargo, Francisco Granados. Su nombre se vio relacionado con el caso de los espías y con la agencia de detectives Mira, que pudo participar en el espionaje en Colombia a Ignacio González. Allí también, explican fuentes policiales, “conoció al chófer de Granados, Sergio Ríos, que después Cospedal le colocó a Bárcenas en 2010 y que ahora acaba de entrar a la Policía a sus 39 años”.

Gómez Gordo fue despedido como director de Seguridad tras la caída del entonces consejero de Justicia Alfredo Prada, cobrando una cuantiosa indemnización. Al día siguiente fue contratado por el sucesor de Prada en el cargo, Francisco Granados

Gómez Gordo regresó a la Jefatura Superior de Policía de Madrid en 2010 para ejercer funciones de prensa y de allí, en 2011, fue contratado personalmente por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para que fuera su director de Análisis y Documentación; “aunque su función era la de Director de Seguridad de la Comunidad de Castilla La Mancha, donde realizaba trabajo por indicación de Cospedal al ser uno de sus hombres de confianza”, aseguran diferentes fuentes a Público.

En previsión de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, el 16 de marzo dejó el gobierno de Cospedal y regresó a la Policía. No a cualquier puesto. En estos momentos es uno de los adscritos a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que dirige el comisario Eugenio Pino y ocupa el puesto de Jefe de la Unidad Operativa de Apoyo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Es decir, es el enlace entre el gobierno de la policía nombrado directamente por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por el presidente Mariano Rajoy y la unidad que se encarga de investigar la corrupción del PP en casos como Gürtel, los papeles de Bárcenas o el caso de Convergència con Pujol.

En su actual puesto, es el enlace entre el gobierno de la policía, nombrado directamente por el ministro del Interior Fernández Díaz, y la unidad que se encarga de investigar la corrupción del PP en casos como Gürtel

Su último encargo ha sido el informe fantasma de Podemos y que aún no ha admitido para su investigación ni la Fiscalía ni ningún órgano judicial.

Otro de los trabajos encargados a Gómez Gordo antes de la concesión de la medalla roja fue instruir un expediente sobre el comisario Jaime Barrado, tras iniciar este una investigación sobre otro de los hombres de confianza de Eugenio Pino: el comisario José Villarejo.

“El descaro en el reparto de dinero vitalicio a los amigos del PP y del comisario Eugenio Pino, como es el caso de Andrés Gómez Gordo que sólo llevaba seis meses en la DAO y que venía de hacer un trabajo político sin tener que poner en riesgo su vida como manda la ley, pasa por haber concedido la medalla roja a sus secretarias en la DAO, quienes evidentemente tampoco se juegan la vida con su trabajo como hacen los agentes que están en la calle y a quien nadie les reconoce su labor”, explican a Público fuentes sindicales.

El sindicato policial pidió la medalla para “policías dados de baja del cuerpo por lesiones en acto de servicio, incluso a una policía de Angrois por su trabajo cuando el accidente del Alvia. Pero no se ha condecorado a estos policías, ni siquiera como mención”

Fuentes de ASP aseguran a este medio que su sindicato propuso “a policías que habían tenido que ser dados de baja del cuerpo por lesiones en acto de servicio, incluso a una policía de Angrois por su trabajo cuando el accidente del Alvia y sin embargo no se ha condecorado a estos policías, ni siquiera como mención, mientras a que a otros que no cumplen los requisitos se les ha llegado a dar la roja que está pensionada con 200 euros al mes de forma vitalicia”. Otro de los casos de medalla roja que sorprendió y que ahora es investigado es el del comisario Juan Francisco Pérez Larumbe. Al igual que Gómez Gordo, Larumbe instruye un expediente por hiperactividad en la investigación del caso de la doctora Elisa Pinto, que implica al comisario José Villarejo y a otros comisarios de Policía aunque no se conoce el resultado de sus indagaciones.

También fue condecorado con la medalla roja un facultativo de la Policía que firmó un documento remitido a los juzgados que justificaba por qué el comisario José Villarejo no había acudido a una rueda de reconocimiento en el caso de la doctora Elisa Pinto y López Madrid, después de que este mando policial hubiera sido identificado como el autor de una agresión por la doctora que denunció al empresario.