La Audiencia de Madrid da la razón a Rajoy y paraliza la comisión rogatoria de Andorra por la 'Operación Cataluña'

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y ha paralizado el envío de documentación a la jueza de Andorra que investiga el papel del expresidente del Gobierno español en la llamada Operación Cataluña. 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de queja presentados por Mariano Rajoy y el exministro Cristóbal Montoro y ha dispuesto que se les tenga por personados en el procedimiento de auxilio judicial internacional procedente del Principado de Andorra, que tramita el Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, y se admita asimismo por este órgano los recursos de reforma en los que ambos solicitaban la no tramitación de la comisión rogatoria. 

Con anterioridad a esta resolución, la misma Sección de la Audiencia Provincial había fallado en sentido contrario al considerar que la pretensión de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro había perdido fundamento al partirse del presupuesto de que la comisión rogatoria ya había sido devuelta al Principado de Andorra, una premisa que al menos, con fecha de 5 de octubre, cuando se firmó la anterior resolución, no se había producido. 

Ahora declara la nulidad de sus primeros autos y dicta estos en sentido opuesto, en un choque con la Fiscalía, que se había expresado en contra de la suspensión de la comisión rogatoria de Andorra. 

La jueza andorrana Stéphanie Garcia Garcia, titular del Juzgado de Instrucción 2 del Principado, investiga a Mariano Rajoy por los presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales, penado en el ordenamiento andorrano con entre tres y diez años de cárcel; y el de creación, uso y comercialización de documento falso, castigado con hasta tres años de prisión. 

Estos dos delitos presuntamente perpetrados por Rajoy cuando era presidente del Gobierno español, en el contexto de las cloacas de Interior desplegadas en el Ministerio del Interior para perjudicar a oponentes políticos y esconder los casos de corrupción del PP, se ubican en la llamada 'Operación Cataluña' (2012-2015), una campaña parapolicial para atacar y desacreditar a los líderes independentistas catalanes y frenar el 'procés'.