El Congreso aprobará previsiblemente este jueves una nueva comisión sobre las presuntas actuaciones irregulares del Ministerio del Interior que dirigió Jorge Fernández Díaz en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Este tercer órgano parlamentario sobre las supuestas tramas parapoliciales, conocidas como cloacas del Estado, tendrá por objeto abrir pesquisas sobre la Operación Cataluña.

ERC, Junts, PdeCat, la CUP, Bildu y el BNG pidieron el pasado mes de junio a la Cámara Baja una investigación sobre "la presunta intromisión en la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, así como de entramados parapoliciales en el marco de la denominada Operación Cataluña".

Esta petición llegó después de la decisión de una jueza andorrana de investigar a Mariano Rajoy a raíz de una querella por supuestas presiones a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de políticos catalanes durante el procés. Esta investigación incluye a los que fueran ministros con Rajoy de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En concreto, se les investiga por su presunta relación con los intentos de conocer "mediante vías ilegales" información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras, en el marco de la Operación Cataluña.

"En un principio, la denuncia iba dirigida a la llamada 'policía patriótica' pero, a
raíz de las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo en los que
presuntamente se implicaría a responsables políticos de la época, la justicia Andorrana aceptó la ampliación de las imputaciones", recuerda el texto de la comisión al qu eha tenido acceso este medio.

Asimismo, los grupos parlamentarios firmantes sostienen que la presunta trama parapolicial "habría sido presuntamente ejecutada por el entonces agregado de Interior en el principado Celestino Barroso (que goza de inmunidad diplomática). A esta trama se le añadiría, a distinto nivel, otra con perfil político (además de la presunta tutela de la misma por los responsables de Interior y del Gobierno) que tendría su culmen en la visita oficial del expresidente Rajoy y el exministro de Hacienda en enero de 2015 y en la que se reunieron con miembros del gobierno andorrano".

El PSOE busca acotar el objeto de la investigación

La propuesta de las fuerzas independentistas, que ya pasó el filtro de la junta de portavoces con el apoyo del PSOE, busca "esclarecer el conocimiento de las tramas irregulares por parte del resto de los miembros de los Gobierno del momento hasta el actual".

En este sentido, los socialistas, "dispuestos a votar a favor" en la votación de este jueves, buscan delimitar en el tiempo el objetivo de la comisión sobre esta operación, ya que entienden que estas prácticas presuntamente delictivas finalizaron con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 tras la moción de censura a Rajoy.

A falta de limar estos detalles, la creación de este órgano parlamentario contará previsiblemente con el aval del PSOE, Unidas Podemos y los socios habituales del Gobierno. De este modo, este órgano parlamentario se sumará a las otras dos comisiones de investigación sobre las llamadas cloacas policiales durante la etapa del primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy.

En la primera, que se llevó a cabo en 2017, en la XII legislatura, el Parlamento concluyó que "en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Ignacio Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del Ministro destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa)".

La segunda comisión, desarrollada en esta legislatura, versó sobre la Operación Kitchen, y determinó que "la cúpula directiva del Partido Popular ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban".