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LAS CLOACAS DE INTERIOR 'Operación Cataluña': pagos conocidos de Villarejo a De la Rosa y Victoria Álvarez son ahora secretos de Estado

Es un secreto a voces que la Policía, al margen de la ley y con la connivencia de Interior y el conocimiento del entonces presidente Mariano Rajoy, pagó con fondos reservados a testigos y detectives para abrir la causa Pujol y que este modus operandi se extendió hasta las grabaciones al exministro del Interior en su despacho y el ataque a organizaciones y líderes independentistas. Pero, de momento, ni las acusaciones populares del PSOE y Podemos ni el juez han solicitado que se desclasifique el material relacionado con el uso de fondos reservados por parte de Villarejo. 

Victoria Álvarez y Javier de la Rosa
Victoria Álvarez y Javier de la Rosa fueron dos de los testigos pagados con fondos reservados por José Manuel Villarejo contra la familia Pujol. Público.

Quien hace la ley hace la trampa, y en este caso fueron el exministro Jorge Fernández Díaz y el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy quienes en 2014 decretaron que todo lo relacionado con fondos reservados pasara a ser, directamente y sin mayor detalle, secreto de Estado. Una manera eficaz de dificultar el conocimiento de las materias bajo las que se esconden estas actividades y de las que no. 

En la causa Tándem que instruye el juez Manuel García Castellón son varias las actividades de malversación de fondos públicos que se esconden bajo la pátina del secreto de Estado. Éstas se han descubierto con Kitchen, pues tuvieron que ser los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata —que instruye Los papeles de Bárcenas— y Diego de Egea —que estuvo un año con el caso Villarejo— quienes en noviembre y diciembre de 2018 solicitaran respectivamente al Consejo de Ministros que se desclasificara todo lo relacionado con los fondos reservados utilizados por los comisarios José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño; el ahora agente de Policía y exchófer del extesorero del PP, Sergio Javier Ríos Esgueva; el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino Sánchez , y el inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Andrés Manuel Gómez Gordo.

El 7 de diciembre de 2018, el actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska firmaba en nombre del Consejo de Ministros del presidente Pedro Sánchez la autorización para que la Policía desclasificara toda la documentación relativa a la sustracción de documentación y seguimientos a Luis Bárcenas y su familia, dentro de la pieza y la causa que tanto el juzgado de instrucción 6 y 5 de la Audiencia Nacional instruyen relacionadas con el PP y el cobro de comisiones ilegales. 

Los funcionarios quedan liberados para declarar

No ha sido la única vez que el Consejo de Ministros se ha tenido que pronunciar. En 2019 fue uno de los acusados, el comisario Enrique García Castaño, quien a través del despacho de Baltasar Garzón —que lleva su defensa— solicitó al juez que a su vez pidiera al Gobierno facultar a su cliente para poder hablar de los secretos de Estado en los que él estuviera relacionado. 

El 10 de mayo de 2019 Grande-Marlaska volvía a firmar la petición de desclasificación acerca del comisario García Castaño y, a partir de ahí, el juez Manuel García Castellón, Fiscalía y Asuntos Internos han entendido que el resto de asuntos entran en el cajón de sastre de los secretos de Estado... con algún olvido: de dicho cajón se han escapado grandes indicios que figuran en el sumario y que acreditan que la Operación Cataluña existió y que algunos de sus responsables están entre sus imputados. Por ejemplo los 200.000 euros que Villarejo pagó a Javier de la Rosa y los otros tantos que le dejó a deber, los pagos a la 'testigo' del caso Pujol Victoria Álvarez o un pago a un agente de los Mossos d'Esquadra por parte de la comisaría de Enrique García Castaño. También los viajes a Venezuela para las investigaciones ilegales contra Podemos. 

Así, cuando un comisario de Policía entra a declarar, el juez le recuerda, como fue el caso del comisario Marcelino Martín-Blas, que al hablar de fondos reservados —traducido en la causa como "delito de malversación de fondos públicos"— su testimonio está limitado, como puede escucharse a continuación: 

Juez: Diga su nombre y apellidos.

M. M-B.: Marcelino Martín-Blas Aranda

J.: ¿Su profesión es...?

M. M-B.: Jubilado, policía. 

J.: ​Ya sabe que está usted aquí en calidad de investigado por un posible delito de malversación de caudales públicos, para que lo sepa usted, y lo primero que quiero saber es si va a declarar o no. 

M. M-B.: Sí, sí, voy a declarar.

J.: ​Podría no hacerlo...

Abogado: Disculpe, señoría, ¿nos podría decir cuáles son los hechos concretos que se le imputan, por los que viene investigado? Es que no lo sabemos, hicimos un escrito porque incluso en la cédula de citación decía que venía un auto adjunto y nunca llegó ese auto. Si nos puede informar cuáles son los hechos concretos.. 

J.: La disposición de fondos públicos para actividades que no estaban programadas para los fondos públicos. Y si va usted a declarar quiero que sepa que el Consejo de Ministros desclasificó todo lo relativo a la llamada 'Operación Kitchen'. ¿De acuerdo?

M. M-B.: ¿Sólo? ¿Sólo lo de 'Operación Kitchen'?

J.: Sólo. Exacto, está todo desclasificado, todo lo que se refiere a personas, dinero, actividades, operativos, absolutamente todo. Entonces si va a declarar está usted exento de guardar secretos si sabe algo del tema. Entonces, le pido la mayor de las concisiones en sus respuestas, dentro de lo posible. Si es tan amable entonces...

M. M-B.: Me permite una aclaración. No tengo inconveniente en responder sobre la administración de estos fondos, pero sólo quiero tener clara una cosa: ¿es sólo lo que tiene que ver con 'Operación Kitchen'?

J.: Sí, sí, entró por eso aquí.
 

M. M-B.: Vale.

Fiscal: Se supone que si usted entendiera que hay algún exceso en el interrogatorio en relación al uso de fondos reservados o a otra materia que pueda considerar clasificada y que no esté desclasificada porque la única desclasificación es en el ámbito de esta operación, pues usted puede, al margen de no contestar a estas preguntas, invocar su deber de secreto.

A pesar de esta expresa y reiterativa advertencia, está resultando inevitable que el rastro que ha dejado Villarejo al mezclar lo público y lo privado de sus negocios destaque en más actuaciones. Según las acusaciones consultadas por Público, "mantenerlas secretas da a entender que fueron legales sus relaciones con Javier de la Rosa en Cataluña o los viajes que él mismo dice haber hecho relativos a presuntas investigaciones sobre Venezuela y Podemos, que salen a relucir y que están siendo amparadas bajo el manto de secretos de Estado". 

Prohibido publicar, materia clasificada: Javier de la Rosa y Victoria Álvarez  son secreto de Estado... desde ahora

Las cartas se han puesto claramente sobre la mesa con el informe que la Unidad de Asuntos Internos —que dirige el comisario Francisco Migueláñez— elaboró acerca del comisario Marcelino Martín-Blas. A pesar de ser ellos quienes recomendaban expurgar del informe muchas grabaciones del comisario Villarejo y su socio, Rafael Redondo, con Javier de la Rosa y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, por estar amparadas por este acuerdo sobre los fondos reservados del año 2014, incluyeron las reseñas y en ocasiones un breve resumen del contenido. 

Siendo estrictos, "los agentes de Asuntos Internos estarían cometiendo un delito de revelación de secretos al igual que quien filtró el informe, según su propio razonamiento", incide un abogado de las defensas. Por eso fiscalía y el juez decidieron expurgar la gran mayoría del contenido del informe filtrado a la prensa. 

Sin embargo, con esta medida no se está protegiendo a ningún agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según la ley que rige a sus agentes y medios, ni a ningún agente encubierto, cuya actividad está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (conocida como Lecrim) y siempre ha de estar supervisada por un juez.

A quien se protege en realidad es a Victoria Álvarez y Javier de la Rosa, testigos de la causa contra la familia del expresident Jordi Pujol i Soley y que han participado en comisiones de investigación en el Parlament catalán o en entrevistas en cualquier medio de comunicación que se lo ha solicitado sin que nadie los haya acusado nunca de revelación de secretos de Estado. 

Informe de Asuntos Internos que detalla algunas de las conversaciones entre Javier de la Rosa, Victoria Álvarez y el comisario Villarejo que se han expurgado de la causa Tándem al estar consideradas secreto oficial porque nadie ha pedido que se desclasifiquen. Patricia López

El comisario Marcelino Martín-Blas acudió a la comisión del Parlament de Catalunya que en 2017 investigaba Las cloacas de Interior y en ella explicó cómo se urdió el informe borrador contra la familia Pujol y por qué desde Asuntos Internos se empezó a a investigar a determinados agentes de la UDEF. Nunca nadie le avisó de que estuviera cometiendo un delito de revelación de secretos porque aquello fuera materia reservada. 

Es más. En la causa Pujol, fue el propio Eugenio Pino quien tuvo que declarar sobre la participación de los exdetectives de Método 3, Antonio Peribáñez y Julián Tamarit, y dejó expresamente recogido que éstos habían cobrado de la Policía por sus servicios y que continuaron colaborando hasta 2018. En este caso, y como desveló Público recientemente, haciendo investigaciones sobre Podemos sin ningún tipo de control policial, sobre el vicepresidente Pablo Iglesias o sobre Juan Carlos Monedero. Tampoco en ese momento el juez José de la Mata entendió que lo relativo a Cataluña y al uso de fondos reservados para contratar detectives fuera materia reservada, calificada como secreto de Estado, y no hubo advertencias a la hora de declarar. 

Esas declaraciones de Pino, los detectives y otros agentes de la Policía tuvieron que repetirse después en el juzgado de instrucción que juzgó al ex DAO por intentar introducir un pen drive que contaminaría la causa Pujol, y allí se volvió a abordar lo que ahora se expurga como secreto de Estado por el juez Manuel García Castellón. 

Rizando el rizo, al menos cuatro de las notas informativas que el comisario José Manuel Villarejo presuntamente presentó a la Dirección Adjunta Operativa denunciando las maniobras del comisario Martín-Blas respecto a la Operación Kitchen, la Operación Cataluña, el caso Nicolás o Emperador fueron entregadas por él mismo a los hermanos Ramón e Higini Cierco, de la Banca Privada de Andorra, y que ahora han interpuesto un pleito contra España por 250 millones de euros, en el que acusan de haber sido amenazados por su Policía. Hasta el momento ningún juez ha acusado tampoco a Villarejo de revelación de secretos por entregar ese material clasificado a los hermanos Cierco. 

Sin embargo el juez Manuel García Castellón se ha tomado muy en serio lo de la revelación de las materias secreto de Estado y esta semana dictaba un auto que prohibía publicar a los periodistas material suministrado por el compañero de celda de Villarejo. La duda, como siempre en el caso del comisario —al igual que con las notas informativas que le entregó a los hermanos Cierco—, es si ese material realmente constituye trabajo policial o si ha sido elaborado por él en sus ratos libres en prisión, ya que no cuenta con sellos, firmas o cualquier tipo de identificación policial. 

La sentencia del CNI: Villarejo, agente encubierto 

Por si la maraña de los secretos no estuviera suficientemente liada, la sentencia favorable al comisario Villarejo dictada esta semana "ha sido un varapalo para el Centro Nacional de Inteligencia, no tanto porque toque a la actividad del centro actualmente, ya que era una inquina personal que Villarejo tenía con el general Sanz Roldán, sino por los términos en los que el juez ha dejado a Villarejo y que no se corresponden con la realidad", aseguran fuentes consultadas por Público

El magistrado del Juzgado de lo Penal nº 8 de Madrid ha absuelto a José Manuel Villarejo de los delitos de injurias y denuncia falsa de los que había sido acusado por el Centro Nacional de Inteligencia. Asegura en su sentencia, que parece que no será recurrida, que "el testimonio del Sr. Olivera, que en la fecha del hecho era el director del CITCO [Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado], instituto dentro del CNI dedicado al análisis de información, ha quedado acreditado que esa fotografía fue tomada cuando el propio Sr. Olivera y el Sr. Villarejo bajaban de un avión en el aeropuerto de Melilla en el contexto de una misión secreta tendente a lograr una infiltración en grupos terroristas yihadistas. El testigo Sr. Olivera no ha podido ser más explícito en sus respuestas dado el carácter secreto oficial de esa operación, pero en cualquier caso, ha confirmado la finalidad esencial del viaje, que el mismo estaba autorizado por el Secretario de Estado de Interior".

El comisario José Luis Olivera (der.) y Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior, en el acto de nombramiento del primero al frente del CITCO.

La argumentación del juez se contradice con lo que dicta la legislación acerca de las actividades del agente encubierto, reguladas en la Lecrim  y que no pueden estar encargadas por un Secretario de Estado de Interior, en este caso el imputado Francisco Martínez, porque tienen que estar siempre supervisadas por un juez. 

El excomisario general de Información Enrique Barón dejó bien claro cuál era el papel del CITCO cuando fue llamado a declarar como testigo en la pieza Kitchen sobre los fondos reservados, las habilidades como agente antiterrorista de Villarejo y la colaboración entre quien fuera su subordinado Enrique García Castaño y el entonces comisario José Luis Olivera, director del CITCO (órgano dependiente del Ministerio del Interior y no del CNI como asegura el juez que ha dictado sentencia) y en la actualidad director de crisis de la Real Federación Española de Fútbol. 

Así se lo explica el comisario Barón al juez García Castellón después de ser informado de que en la agenda de Villarejo había una anotación que involucraba a García Castaño y a Olivera con la instalación de un micrófono en su despacho durante el tiempo que fue comisario General de Información. Aseguró que BIG, como aparecía García Castaño anotado en la agenda, y Olivera, no tenían relación con ninguna actividad operativa debido a que el CITCO se dedica al análisis y la organización de bases de datos, no a hacer "misiones secretas", como asegura el magistrado:

Fiscal: ¿El 11 de mayo del 17 José Luis Olivera es jefe del CITCO? 

Enrique Barón: Creo que sí.

F.: ¿Como jefe del CITCO tiene acceso a la actividad del señor Enrique García Castaño?

E. B.: No debería. El señor Olivera recepciona la información que le mandamos los cuerpos con un fin: la coordinación operativa. Es decir, nosotros metemos una serie de parámetros y conceptos en unas bases de datos y lo que se trata ahí, el papel del CITCO, que no tiene un papel operativo, es ver si se producen coincidencias entre Policía y Guardia Civil. En el momento que se detecta una coincidencia, se abre un protocolo para ver qué cuerpo se queda con la investigación, si se hace conjunta o si cada uno sigue por su lado. 

Es decir, que en el CITCO ni misiones secretas, ni agentes encubiertos, ni material clasificado como secreto de Estado. Pero después de cinco años de sentencias en las que ningún juez había reconocido a Villarejo ser un agente encubierto, el comisario encarcelado ha logrado que un magistrado de Madrid lo ponga en una sentencia. "Si a esto le sumas los expurgos por los secretos de Estado que no son secretos, tiene el escenario preparado para la actuación", explica otro de los letrados personados en Tándem.

Así que la pelota está ahora en manos de las acusaciones populares de PSOE y Podemos, de algún afectado en la causa o del juez. Porque puede ser el propio Villarejo quien, antes de ir a declarar a la comisión de investigación sobre la Operación Kitchen, solicite que quede desclasificado todo lo relacionado con él, utilizando la baza de los secretos de Estado a su favor para hacer ver que son otros quienes quieren ocultar información. El Consejo de Ministros proveerá. 

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