Hazte OírEl autobús del odio disparó las donaciones a Hazte Oír

La fama llama al dinero, y en Hazte Oír lo saben. En pleno auge mediático por su autobús del odio, la asociación ultraderechista consiguió multiplicar de manera frenética el dinero que llega a sus arcas vía donaciones. Según consta en las alegaciones presentadas ante el ministerio de Interior para tratar de evitar que el gobierno le retire la declaración de utilidad pública, revelan que en marzo de 2017 recibieron 5.057 donaciones por un total de 189 mil euros, siete veces más que en marzo del año anterior. La cantidad también dista bastante de los 27.382 euros recibidos en el mismo mes de este año por parte de 597 donantes.

En un escrito de 25 páginas presentado por el abogado Javier María Pérez-Roldán, conocido también por sus posiciones ultraconservadoras, la entidad presidida por Ignacio Arsuaga intenta convencer a Interior sobre sus cualidades para mantener la declaración de utilidad pública que le otorgó en 2013 el gobierno del PP. 

Lo hace tras recibir la notificación del gobierno de Sánchez respecto al inicio del procedimiento para retirarle la declaración de utilidad pública que ostenta en la actualidad. En ese documento, el lobby ultra reivindica que el autobús naranja que sacó a las calles en el primer trimestre de 2017, con mensajes discriminatorios hacia las niñas y niños transexuales, estaba amparado por la “libertad de expresión”.

Además de destacar que este grupo desarrolla “una actividad de clara utilidad pública”, sostiene que dicha declaración “no puede ser interpretada con carácter partidista, pues en tal caso se usaría la declaración de utilidad pública como premio al afín y como castigo al disidente con la ideología del partido en el poder, configurándose así el reconocimiento de la utilidad pública o su posible revocación como un claro instrumento de censura, de limitación de los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento y expresión y, al fin, como un instrumento ‘pseudooficial de represión, y por tanto, en su aplicación, un instrumento claro para la persecución ideológica, constituyendo así una clara manifestación de un delito de odio”.

En tal sentido, la amenaza hacia el gobierno de Pedro Sánchez, que pretende retirar tal declaración, es clara: a su juicio, existe una “utilización política de la administración del Estado para perseguir y acallar a los que el actual Gobierno considera disidentes o ciudadanos de segunda, promoviendo su exclusión social, en lo que entendemos manifestación de un comportamiento posiblemente constitutivo de un delito de odio”.

Sostiene además que las actividades desarrolladas en estos últimos años por la entidad HazteOir.org “han tenido un mayoritario respaldo social de determinados sectores de la sociedad española”, pero no sólo eso: asegura que HO “no ha realizado ningún tipo de acciones públicas que no hubiera hecho antes del reconocimiento como entidad de utilidad pública”. “Así, desde el año 2001 y hasta al momento actual HazteOir.org ha afirmado y promueve la participación política, la dignidad y los derechos de la persona y de la familia y el valor de la vida”, reivindica.

En esa línea, destaca que en 2013, cuando el gobierno le concedió la declaración de utilidad pública, “HazteOir.org ya se había destacado por haber realizado multitud de acciones (publicación de libros, realización de conferencias, organización de manifestaciones, desarrollo de campañas de difusión e información, etc.) en defensa de la familia natural, en defensa del reconocimiento de la dignidad y del derecho de todo ser humano a la vida desde el momento de la concepción hasta la finalización natural de la vida, en defensa del derecho de los padres a elegir la educación ética y moral de sus hijos, etc”.

“De hecho, HazteOir.org participó en estos años en la organización de algunas de las mayores manifestaciones públicas realizadas en España hasta el día de hoy, como fueron las manifestaciones en defensa de la familia y contra la imposición forzosa de la ideología de género en el año 2005 y las manifestaciones en defensa de la vida del año 2010 y 2011”, añade.

En cuanto a la campaña del bus del odio, la entidad ultraconservadora sostiene que “no fue contra nadie, sino que era una concreción de los derechos amparados en nuestra Constitución”, ya que “tenía por intención llamar la atención a los padres de familia sobre las diversas legislaciones autonómicas que pretenden imponer una ideología política concreta (la ideología de género) en las aulas”. “Ideología –añade- que es contraria a los conocimientos científicos actuales y a la ética y moral de la mayoría social española”.

Además de dar datos sobre las donaciones recibidas en marzo de ese año, la entidad informa también que actualmente tiene 6.448 socios, mientras que en los ocho primeros meses de 2018 registró un total de 3.434 donantes, aunque no especifica cuánto dinero aportaron. Añade que los suscriptores o miembros –categoría que incluye a quienes “no donan, ni son socios pero se han suscrito las campañas y las firman- es de 910.000, al tiempo que el periódico Actuall, creado por esta entidad, tiene en la actualidad 66.606 suscriptores.