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A Coruña, Madrid y Barcelona: ayuntamientos con la puerta abierta

Madrid quiere huertos urbanos, más casas de acogidas para mujeres que han sufrido maltrato y energía solar en edificios públicos. Barcelona opta por impulsar las cooperativas de consumo y productos de proximidad y la gestión pública del agua. Coruña, carril bici y más zonas verdes. Mecanismos de democracia directa como los presupuestos participativos de las "ciudades del cambio" buscan normalizar la inclusión de las demandas ciudadanas a nivel municipal.

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La plataforma A Porta Aberta de A Coruña publicará el 15 de septiembre la lista de propuestas seleccionadas para someterlas a consulta ciudadana. / AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA.

MADRID.- "Madrid abrió camino y hemos ido de la mano. Aprendimos mucho de sus errores porque íbamos más lentos". Un millón de euros del presupuesto está reservado para los resultados más votados de los primeros presupuestos participativos de A Coruña, que todavía están en construcción, según explica la concejala Claudia Delso. 

En dos días, la plataforma A Porta Aberta del ayuntamiento coruñés,  confeccionada siguiendo el modelo replicable y de código abierto de la madrileña Decide Madrid, recibió casi 80 propuestas  que al final superaron las 600. Una de las más votadas —218 apoyos— fue la de convertir la antigua cárcel de la capital coruñesa en un centro cultural. Esa idea está siendo estudiada por la concejalía que dirige Delso: el 15 de septiembre publicarán un listado de propuestas viables y de competencia municipal que deberán ser revalidadas por los ciudadanos empadronados.

La mayoría de ciudades y municipios que protagonizaron el cambio político están poniendo en marcha procesos de participación ciudadana.

​Madrid, por su parte, ha contado con la participación de unas 175.000 personas —muchas más que París en su primera convocatoria de presupuestos participativos— encargadas de votar 22 proyectos para el conjunto de la ciudad y 184 divididas entre todos los distritos. Entre las más apoyadas, incrementar el número de puntos limpios, urinarios públicos y un plan de reforestación urbana. Los ciudadanos de Barcelona, en cambio, ha preferido apostar por la regulación del mercado de alquiler de viviendas, remunicipalizar el servicio de agua, cubrir la Ronda de Dalt a su paso por Horta-Guinardó y otras 9.000 propuestas que se han incluido dentro del Plan de Actuación Municipal (PAM) 2016-2019.

A Coruña, Madrid y Barcelona no son las únicas. La mayoría de ciudades y municipios que protagonizaron el cambio político están poniendo en marcha procesos de participación ciudadana. València podrá fiscalizar al Gobierno local; Zaragoza sigue con su proceso abierto enfocado en las necesidades vecinales del casco viejo; Cádiz los tendrá para 2017. Oviedo abre el Pleno a las intervenciones de los vecinos. La cultura democrática sigue en construcción y la primera piedra la está poniendo el municipalismo

El PP contra la participación 

Generar esos procesos de emancipación, de toma de riendas de la ciudad es algo a lo que algunos partidos de corte tradicional siempre se han opuesto. En el caso de la capital, el proyecto Decide Madrid, que gestiona los 60 millones de euros reservados a propuestas vecinales, ha contado con un fuerte apoyo por parte de Ciudadanos y el PSOE. "Lo raro es lo que hace el Partido Popular", se extraña Pablo Soto, el concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. "Se quejan de la baja participación en términos cuantitativos en un momento en el que estamos batiendo récords", más que nada porque cuando el PP gobernaba el consistorio los procesos abiertos y participativos brillaban por su ausencia. 

A diferencia de, por ejemplo, unos resultados electorales, las experiencias en presupuestos participativos de otras ciudades del mundo demuestran que cualquier convocatoria de este tipo que se acerque al 2% se considera un éxito de participación.

Pero es obvio que concejalías como la de Madrid aspiran a que en cuatro o cinco años la mayoría de la población pueda estar involucrada en procesos de toma de decisiones transparentes y colectivas que acaben con la carta blanca que suponía, hasta ahora, el programa electoral. "Esa profecía de los soviet que vienen a derribar las instituciones no se cumple, al contrario, estos mecanismos de democracia directa complementan y mejoran las decisiones que toman los representantes y facilita su trabajo", recuerda Soto.

Más allá de la opinión unitaria de cada partido, los lentos mecanismos gubernamentales es cierto que tampoco facilitan la apertura. Las instituciones no están diseñadas para que haya cambios porque "parecen pensadas para que su relación con los movimientos ciudadanos sea desequilibrada y ortopédica", según denuncian Laia Forné, asesora de la Concejalía de Participación y Territorio de Barcelona junto a Rubén Martínez, de La Hidra, una cooperativa de formación y consultoría sobre políticas sociales.

En este texto ambos recordaban que Maquiavelo utilizaba el término 'lo stato', —el Estado— para referirse a un ente inmóvil y estático responsable de mantener el orden social establecido. Pero que los cambios institucionales cuesten no significa que no sean posibles.

Islandia y su fundación ciudadana

"En Madrid tenemos una alcaldesa que se parece un poco al alcalde de Reikiavik y no hace falta convencerla para poner en marcha procesos de participación", afirma Soto. "Cuando ocurre eso, que no es lo habitual que un político esté dispuesto a que la gente decida, ocurren cambios potentes en poco tiempo".

Islandia justamente es un claro referente para consistorios como el de Madrid por ser el lugar donde discurren los procesos más innovadores en democracia directa desde el ámbito institucional. Allí la Citizens Foundation, concebida como una materialización de los procesos de regeneración democrática que vivió el país, ofrece plataformas, mecanismos y herramientas de participación online de código abierto para que los ciudadanos se inmiscuyan de manera activa en las decisiones políticas que les incumben.

Soto subraya que "en Reikiavik se están fijando en lo que hacemos en Madrid. Nos mapean los suizos, los franceses", incluso reciben buen feedback de Porto Alegre, ciudad en la que se celebraron los primeros presupuestos participativos de la historia en 1988 convocados por el Partido de los Trabajadores y que ha mantenido la oposición cuando ha ocupado el Gobierno de la ciudad.

Esa es, precisamente la clave para Gunnar Grimsson, CEO y fundador de la Citizens Foundation, a la hora de construir cultura participativa dentro y fuera de las instituciones: que todos los partidos, a la derecha e izquierda del tablero, asuman como algo natural la partida presupuestaria destinada a las propuestas ciudadanas y otras prácticas de transparencia y gobierno abierto.

"Y no se debe a que seamos súper expertos de esto en Madrid", puntualiza Soto. "El mérito es de la sociedad civil que ya lleva tiempo trabajando en cómo construir otra democracia porque esta se nos ha quedado corta". Desde hace cinco años, con el salto de las plazas a las instituciones, la apuesta municipalista ha tenido claro que convertir municipios en ámbitos de decisión directa dignifica el concepto de la democracia, la hace real y rescata el concepto etimológico clásico al generar nuevas ágoras ciudadanas con poderes y competencias reales. "El mérito de Decide Madrid no es solo nuestro, hay algo detrás muy potente y es todo un país que está cambiando mucho".

Asambleas presenciales o Plataformas online

Aunque han estado en contacto permanente, los mecanismos de democracia radical en Madrid y Barcelona presentan diferencias relacionadas en parte por el modelo de gobernanza que presenta cada una. Mientras que en la capital del Estado se ha optado por separar los mecanismos de participación online (Plataforma Decide Madrid) de los offline (Asambleas de distrito), en Barcelona el modelo está mucho más hibridado porque se optó por confeccionar el Plan de Acción Municipal a partir de un programa participado en lugar de crear unos presupuestos participativos.

En Barcelona se optó por confeccionar el Plan de Acción Municipal a partir de un programa participado en lugar de crear unos presupuestos participativos.

En la concejalía barcelonesa de Participación y Territorio que regenta Gala Pin "no se diferencia entre la capa digital y la territorial sino que se pasa de una a la otra", detalla Rubén Martínez. Cómo hacer que la red no sea un mecanismo puramente informacional y de debate sino de organización en el territorio es una de las grandes cuestiones que se han preguntado en Barcelona a la hora de crear un modelo de elaboración del PAM en el que las tecnologías sean las que acompañen a los procesos participativos, y no al revés. 

Desde Madrid, en cambio, más que en el debate participación online VS offline se centran en la dicotomía entre lo individual y lo colectivo, y trabajan para que ocurran esos procesos colectivos a través de las herramientas digitales y se vayan transformando los espacios de participación presenciales.

Quizá el perfil de los tres concejales responsables de estas cuestiones en Madrid, Barcelona y A Coruña sea la clave del modelo que va construyendo sobre la marcha cada una. Pablo Soto, en Madrid, viene del mundo del hacktivismo. Gala Pin, la concejala de Participación y Territorio de Barcelona, viene del movimiento por la vivienda, muy vinculada a la PAH. Claudia Delso, su homóloga en Coruña, del ámbito del teatro de lo social, de las políticas del cuerpo y de los procesos de pensamiento político vinculados a otros lugares más allá de los partidos o el activismo de movimiento social.

Tres perfiles distintos que confluyen en una misma potencia, que es la de facilitar mecanismos para revertir aquel "no nos representan" que coreaban en Sol los miles de ciudadanos anónimos sentados en una asamblea, inmortalizada en esa fotografía que preside el despacho del concejal Pablo Soto.

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