La Asamblea de Madrid ha aprobado, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, este jueves la modificación del Proyecto de Ley del Suelo que, entre otras cuestiones, permitirá suprimir la mayoría de las licencias y liberalizar el sector urbanístico, esto es, favorecer la "especulación urbanística", según sostiene la oposición. Asimismo, la oposición denuncia que la ley se ha aprobado sin los apoyos suficientes para sacar adelante la norma. Y todo esto se produce en un contexto de crisis sanitaria ocasionada por la segunda ola de la pandemia del coronavirus, siendo la región madrileña una de las comunidades más afectadas de Europa.

Esta es la primera normativa que consigue aprobar el Ejecutivo autonómico en esta legislatura, y ha contado con la oposición de PSOE, Más Madrid y Podemos. Concretamente se ha producido una modificación puntual de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que "permitirá eliminar los trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector".

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, ha expuesto que gracias a esta ley se van a actualizar mecanismos de control y reducir la utilización del mecanismo de licencia. A su juicio, se trata de una medida "que era necesario impulsar", ya que tenían previsto recogerla en la futura Ley del Suelo pero han decidido "anticiparse a la grave situación que ha generado la pandemia".

Se suprimen las licencias de obras menores que tienen que resolver los departamentos técnicos de los ayuntamientos, y que ocasiona a los particulares "una pérdida de tiempo a la hora de realizar una obra de menor calaje". Por ejemplo, una comunidad de vecinos que quiera poner una rampa de acceso para personas con discapacidad dentro del edificio ahora lo podrá hacer a través de una declaración responsable, ahorrándose entre 2 y 4 meses de trámites.

También se suprimen las licencias para obra nueva o de reforma integral, así como la posterior licencia de primera ocupación. Dependiendo del ayuntamiento, la espera podría oscilar entre los 12 y los 18 meses.

Con carácter general, se someterán al régimen de declaración responsable en materia de urbanismo las obras de edificación de nueva planta de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, como por ejemplo la primera ocupación de las edificaciones de nueva planta o los cerramientos de parcelas y solares. Igualmente se excluirán de la necesidad de contar con licencia previa, ni de presentar declaración responsable a todas aquellas obras y actuaciones urbanísticas de menor entidad, como el cambio de instalación eléctrica, de gas o aire acondicionado, la sustitución de alicatados de baños y cocina y el cambio de puertas y ventanas, entre otros.

La oposición afea la modificación de la norma

El diputado de Unidas Podemos Javier Cañadas ha señalado que este es un cambio normativo dirigido únicamente "a su cuatro amigos de las constructoras" y ha indicado que el Gobierno regional es "una caricatura del trumpismo". "Hoy se consuma una barbaridad en todos los sentidos, una barbaridad medioambiental y sobre todo democrática. Nos traen aquí una reforma de proyecto de ley y muchas mentiras", ha lanzado el parlamentario, quien ha afeado además que se haya aprovechado el "shock" de la sociedad para apostar por "recetas neoliberales fracasadas".

Asimismo, su compañero de partido, el diputado Jacinto Morano entiende que esta "reforma express" favorece la "especulación urbanística", tal y como calificó este miércoles en su cuenta de Twitter.

El diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha criticado que el Ejecutivo autonómico ha apostado "por el ladrillo en el peor de lo sentidos" cuando es momento de que "trabajen y agilicen los proyectos que han anunciado 200 millones de veces". "Intentan vender una reforma intrínsecamente buena porque reduce la tramitación pero es un peligro para los consumidores, que no contarán con la licencia de primera ocupación revisa por su ayuntamientos antes de entrar en su vivienda, así como un peligro para el patrimonio histórico", ha declarado.

El parlamentario del PSOE Rafael Gómez Montoya, que ha recordado que estudian la validez jurídica de aprobar esta iniciativa por el procedimiento de lectura única, le ha trasladado a la consejera que se trata de una forma que, ante el contexto de crisis sanitaria y social, genera "más inseguridad jurídica" y ha dudado de que sea lo más adecuado para "reactivar la economía" en la región. A su parecer, con ella se merman las capacidad de las administraciones locales y, aunque se aceleran los procesos, "se pierde eficacia y garantías judiciales, sobre todo para los ciudadanos".

Además de la oposición, expertos urbanísticos y ecologistas mostraron a Público su rechazo a esta nueva norma, ya que entienden que "da vía libre a los grandes promotores" y que favorece el aumento de casos de irregularidades como el de la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. 

Piden su anulación

A la hora de la votación, el diputado socialista ha pedido al presidente de la Cámara regional, Juan Trinidad, que leyese, por un lado, un artículo concreto del Reglamento de la Asamblea y, por otro, el 119.3 del Estatuto de Autonomía, donde se específica que el voto del diputado es "personal e indelegable". Posteriormente, el portavoz adjunto de Podemos, Tito Morano, ha pedido a la Presidencia que se especificara si había quorum. Este extremo ha sido ratificado por la Secretaría General.

Al haber restricciones de aforo de la Cámara autonómica por las medidas tomadas por el coronavirus, solo se permite la entrada a 70 parlamentarios, con carácter proporcional a la representatividad. Así, la votación ha quedado 36 a favor y 19 en contra.

Tras esto, Morano ha vuelto a pedir la palabra y ha indicado que no se encontraba el quorum en su totalidad por lo que pedía que se anulase lo aprobado. El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha criticado la "artimaña" que ha intentado, a su parecer, el parlamentario y ha dado por zanjado el debate.

Tras la aprobación de la modificación, tanto Más Madrid, como Unidas Podemos y PSOE han trasladado a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional que se reservan sus derechos "para actuar judicialmente contra esta decisión" y no descartan emprender acciones legales necesarias "por ser un atropello a la democracia".

A última hora de la tarde de este jueves se ha vuelto a repetir la votación, cuyo resultado ha sido 36 votos a favor y ninguno en contra. Nuevamente, la oposición ha denunciado este "atropello a la democracia" al darse por válido una votación "sin el quorum" requerido parta aprobar una ley, esto es, 67 diputados.