Balas de foam, ley mordaza y penas de cárcel: las recetas de Urkullu contra las protestas sindicales
Siete trabajadores de la empresa Tubacex, que mantuvieron una intensa ola de movilizaciones durante 2021, se enfrentan a juicios por lo ocurrido en esas fechas. El importe pagado en concepto de multas supera ya los 10.000 euros.
Bilbao-
Las movilizaciones de la plantilla de Tubacex en Laudio (Araba) registradas en 2021 pueden acabar ahora con trabajadores condenados a penas de prisión.
La represión desatada entonces por la Ertzaintza no solo dejó imágenes de porrazos contra huelguistas: tras aquellas actuaciones policiales ordenadas por el Gobierno vasco en las que hubo disparos de balas de foam, los trabajadores se ven ahora inmersos en un proceso judicial.
Dos años después de una histórica huelga que duró 236 días, los trabajadores han vuelto ahora a convocar a los medios de prensa para dar a conocer las novedades provenientes de los juzgados.
La convocatoria tendrá lugar este domingo frente a las instalaciones de la empresa, el mismo escenario en el que durante 2021 sufrieron las cargas de la Ertzaintza.
Según ha podido confirmar Público, siete trabajadores tendrán que enfrentar procesos judiciales derivados de aquellas actuaciones.
Los huelguistas han sido acusados de atentado contra la autoridad, mientras que algunos vecinos de la comarca que se solidarizaron con las protestas han sido imputados por desórdenes públicos, de forma que las peticiones de cárcel de estos últimos son algo más elevadas. En total, se solicitan penas de prisión que suman 20 años de cárcel.
El próximo jueves tendrá lugar el juicio contra un trabajador de Tubacex que sufre una lesión permanente en su codo desde su detención "debido a una innecesaria y brutal inmovilización", recordaron fuentes próximas a los huelguistas.
En el único juicio celebrado hasta ahora, una trabajadora acusada de atentado a la autoridad resultó finalmente absuelta debido a la falta de veracidad en el testimonio de la Ertzaintza.
10.000 euros en multas
Las imputaciones han estado precedidas de multas vía ley Mordaza impuestas por la Ertzaintza y la Policía Local de Laudio contra los trabajadores que habían tomado parte en las protestas. Los trabajadores acumulan ya más de 10.000 euros pagados en una entidad bancaria por concepto de sanciones.
Las actuaciones de la Policía autonómica estuvieron amparadas por un protocolo anti-huelgas que el Gobierno vasco mantiene en estricto secreto pese a las peticiones formuladas en el Parlamento por EH Bildu y Elkarrekin Podemos.
Acusaciones de Urkullu
Tanto los grupos políticos de izquierdas como los principales sindicatos vascos han criticado en reiteradas ocasiones las intervenciones de la Ertzaintza ante las movilizaciones laborales. El lehendakari, Iñigo Urkullu, no solo ha evitado dar a conocer el contenido de ese protocolo, sino que ha lanzado críticas y acusaciones contra sindicatos y huelguistas.
Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, en las que el PNV experimentó una fuerte pérdida de apoyo, Urkullu atribuyó esos malos resultados al "cansancio" social ante las "huelgas, manifestaciones y protestas". Criticó además que Euskadi era la comunidad "puntera" en torno a número de huelgas en todo el Estado. La receta para combatirlas ha estado en manos de la Ertzaintza.
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