El Gobierno Vasco defiende el carácter "reservado" del protocolo de los antidisturbios de la Ertzaintza

Los criterios aplicados por la Ertzaintza en sus últimas cargas contra huelguistas se mantendrán en secreto. El Gobierno Vasco ha descartado aportar los protocolos de utilización de material antidisturbios en el Parlamento Vasco, donde EH Bildu había solicitado por escrito las guías que rigen las actuaciones de ese cuerpo policial. En una de esas intervenciones, un sindicalista de CCOO recibió un porrazo en la cara. 

Las últimas polémicas en torno a los agentes de la Ertzaintza se registraron fuera de empresas: el pasado 1 de febrero, una protesta contra los despidos en la planta de PCB en Barakaldo fue reprimida por la Policía autonómica, que llegó a golpear en el rostro al secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Javi Gómez, quien impuso una denuncia ante los tribunales. 

El foco de los Antidisturbios saltó después a la localidad alavesa de Lodio, donde se encuentra la empresa Tubacex. Sus trabajadores acumulan más de 40 días de huelga, a lo largo de los cuales se han registrado distintas intervenciones de la Ertzaintza. La última ha tenido este miércoles en la cercana Amurrio, donde han tenido lugar piquetes. La Policía vasca respondió con cargas y disparos de balas de foam. El martes de esta misma semana, la Ertzaintza había emitido un comunicado en el que informaba sobre la detención de tres personas en las cercanías de Tubacex por "atentado contra agentes de la autoridad".

En ese contexto, sendas preguntas escritas presentadas en el Parlamento por los diputados Julen Arzuaga (EH Bildu) y Jon Hernández (EH Bildu) denunciaban la agresión contra el sindicalista de CCOO en Barakaldo, que sufrió "el desvío del tabique nasal y una contusión en la muñeca", al tiempo que exigían un posicionamiento claro del Ejecutivo autonómico al respecto. 

"Este año, son varias las cargas realizadas por efectivos de la Ertzaintza que han llenado los noticieros por la contundencia de sus actuaciones. Los cuerpos de seguridad, que tienen exclusividad para realizar uso legal de la violencia, han de tener la sangre fría suficiente para saber cuándo y en qué medida han de utilizarlas. Hasta ahora, el Gobierno ha defendido las actuaciones del cuerpo policial, calificándolas de proporcionadas", destacaba Hernández en su pregunta.

En la respuesta remitida a ambos parlamentarios, el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, subraya que la agresión del policía contra el miembro de CCOO "provocó de forma inmediata la apertura de las oportunas diligencias de investigación interna". En tal sentido, señala que el contenido de dicha investigación "ha sido trasladado a la autoridad judicial que está instruyendo las diligencias previas" en torno a este caso. 

"Carácter reservado"

El parlamentario Julen Arzuaga había preguntado también "qué instrucción interna establece este tipo de intervenciones de la Ertzaintza" y, concretamente, cómo se determinar "el uso de la porra". "¿Es pública esa instrucción? ¿Qué artículo o párrafo se considera que se ha incumplido?", cuestionó el representante de EH Bildu.

Sobre este punto, Erkoreka se limitó a señalar que "existe una instrucción interna del Viceconsejero de Seguridad 'de carácter reservado' que regula y establece los principios y normas de utilización del material destinado a labores policiales de antidisturbios". "Una vez que finalice la investigación se podrá determinar, en su caso, el artículo incumplido", indica en alusión a la agresión sufrido por el sindicalista en Barakaldo.

"Uso legítimo de la fuerza"

El consejero de Seguridad también defendió el carácter "reservado y secreto" de la información proporcionada por su departamento al Consejo de Gobierno autonómico que preside el lehendakari, Iñigo Urkullu, en torno a la actuación policial en la planta de PCB. Asimismo, en la respuesta enviada al parlamentario Jon Hernández reivindicó además que "la Ertzaintza tiene especialmente reguladas las condiciones en que se puede y debe hacer uso legítimo de la fuerza para cumplir con sus deberes, todo ello en el marco del Ordenamiento Jurídico que establece los principios rectores a los cuales se debe ceñir en sus

actuaciones".