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MADRID.- El conflicto está oficialmente abierto. El Ayuntamiento de Barcelona no permitirá que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital catalana vuelva a funcionar y empleará las "medidas coercitivas" que sean necesarias para ello, incluyendo el precinto de las instalaciones, propiedad de la Policía Nacional. Así lo ha asegurado a este medio el teniente de alcalde Jaume Asens, de Barcelona En Comú.

A última de este miércoles, el consistorio que dirige Ada Colau anunció que cerraba el centro, situado en la Zona Franca. El Ayuntamiento ha aprovechado un recurso legal para condenar el CIE, argumentando que la Policía solo tiene concedidas las licencias para utilizar las instalaciones como comisaría de policía, enfermería de animales, galería de tiro y cafetería, y no para el confinamiento de personas.

Además, defiende que cuenta con un informe del cuerpo de bomberos donde se señala que no consta que haya un plan de evacuación en caso de incendio. 

Tan sólo unas horas después, a primera hora de este jueves, el Ministerio del Interior, vía Delegación de Gobierno en Catalunya, ha desafiado la decisión del consistorio de la ciudad condal al ordenar la reapertura del CIE, que se encontraba cerrado desde el 5 de noviembre de 2015 mientras se realizaban obras de acondicionamiento del edificio.

El equipo de la alcaldesa Colau se ha mostrado "sorprendido" por la iniciativa del Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz, y lo ha definido como "un acto de desacato, menosprecio y provocación". Así lo ha transmitido Asens, que avisa al responsable de Interior: "Lo que haremos es poner en funcionamiento los mecanismos coercitivos de ejecución forzosa de los que disponemos, como el precinto de la instalación, para obligar a que se respete la ley y la voluntad política".

No solo ha sido el Ayuntamiento de Barcelona el que se ha mostrado abiertamente en contra del CIE. Las instalaciones han sido objeto de numerosas críticas y protestas sociales, que las instituciones catalanas han recogido. Así, además del consistorio de la ciudad condal, el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges —defensor de las

personas— y la conselleria de Justicia de la Generalitat habían pedido reiteradamente el cierre definitivo del centro por motivos humanitarios.

"Lo que haremos es poner en funcionamiento los mecanismos coercitivos de ejecución forzosa, como el precinto de la instalación, para obligar a que se respete la ley y la voluntad política"

De esta forma, durante la tarde de este jueves se ha celebrado una protesta en la Plaza Sant Jaume contra la decisión de Fernández Díaz, convocada por Tanquem Els CIEs y a la que se han sumado un centenar de personas. Uno de los responsables de esta asociación, el abogado Andrés García Berrio ha defendido que ante la posición "antidemocrática" del ministro, ignorando a las instituciones catalanas, "no queda otra herramienta más que la movilización masiva". El también miembro del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona ha expresado que, tras las grabaciones sobre su conspiración contra políticos soberanistas reveladas por Público, la autoridad del ministro está "altamente cuestionada". 

"Aquí actuamos no solo porque tengamos a la ley de nuestro lado, sino también porque tenemos un mandato democrático que proviene del pleno del Ayuntamiento y del Parlament catalán, donde se manifestaba la voluntad de que no hubiera CIEs en Catalunya, en concreto por el CIE de Barcelona", ha corroborado a Público el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens.

Incluso antes de conocer la voluntad del Ayuntamiento de clausurar el CIE si Interior insistía en reabrirlo, la Delegación del Gobierno en Catalunya anunció que los servicios jurídicos del Estado recurrirán la orden de cese de la actividad de este centro decretada por la alcaldesa Ada Colau.

Tal y como se regula en la orden gubernamental que regula su funcionamiento, aparecida en 1999, "los Centros de Internamiento de Extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, para la detención y custodia, a disposición de la autoridad judicial, de extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional".

Sin embargo, numerosas asociaciones y ONGs de defensa de los derechos humanos han denunciado estas figuras, acreditando que no cuentan con los requisitos mínimos para asegurar el bienestar de los allí confinados, al carecer de medida alguna de transparencia. Además, a ello se suman las numerosas denuncias de inmigrantes sobre el mal trato recibido en los CIEs.