MADRID.- El extesorero del PP Luis Bárcenas, ha señalado a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, como el alto cargo de su partido que autorizó la destrucción de sus ordenadores, el 3 de julio de 2013, donde figura la famosa contabilidad B de este partido.

“Esa persona que me tiene especial inquina”, como así ha definido a la líder popular a las puertas del juzgado, fue quien tomó la decisión de “intervenir” en su despacho de la sede central del partido, en la calle Génova, en febrero de 2013, según fuentes jurídicas presentes en su declaración en el juzgado.

Los discos duros destruidos de sus ordenadores –un Toshiba y un Macintosh- contenían la "contabilidad paralela" que manejaba como tesorero y que se investiga en la Audiencia Nacional. En concreto, fotocopias y escaneados de recibís de pagos “regulares o irregulares” a dirigentes del PP, pantallazos de sobresueldos, comprobantes de donaciones, hojas de cálculo de Excell, documentos de Word con información del partido, así como datos de sus cuentas en Suiza, según revelan fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Pero Bárcenas no ha detallado a qué documentos de pago se refería, ni los nombres de los destinatarios de sus correos que guardaba copiados. 

La destrucción de los discos duros es investigada por Rosa Freire, titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid, por los supuestos delitos de encubrimiento y daños informáticos.

Los investigados son Carmen Navarro, tesorera y gerente del PP, denunciada porque habría ejecutado la orden recibida; Javier Barrero, exjefe de Informática y el propio partido. 

En la causa está personada la Fiscalía y las acusaciones populares de IU y la Asociación Libre de Abogados (ALA), que fueron quienes interpusieron la querella inicial, a la que se sumó después el Observatori de Drets Humans (DESC).

Bárcenas ha señalado como responsables de la destrucción a Navarro y al abogado del PP Alberto Durán, pero ha destacado que el PP es un partido muy jerarquizado, de tal manera que la entrada en su despacho y la destrucción de sus ordenadores fue autorizada por la propia Cospedal.

Las pruebas que constan en el juzgado apuntan a que la destrucción de sus ordenadores se produjo el 3 de julio de 2013, según fuentes jurídicas.  Este borrado ocurrió seis días después de que Bárcenas ingresara en prisión incondicional por orden de la Audiencia Nacional a causa de su vinculación en el caso Gürtel.

El exjefe de seguridad del PP y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, ha reconocido en el juzgado que no existía un protocolo para la destrucción de ordenadores, cuando este partido entregó en la Audiencia Nacional en 2013 un supuesto documento donde sí que figuraban unas normas sobre el protocolo de seguridad.

Ambos documentos fueron remitidos al Juzgado Central de Instrucción 5 por Alberto Durán, jefe de la asesoría legal del PP.

Durán estaba citado a declarar este martes como testigo en el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Pero se ha suspendido su declaración después de que IU/ALA haya pedido que sea citado en calidad de investigado, ante los testimonios de Bárcenas y De la Fuente.

La juez ha aceptado la personación de Bárcenas como acusación particular. El extesorero ha argumentado que los discos duros destruidos contenían información particular de sus cuentas en Suiza y documentos que tilda de claves para su defensa dentro del caso Gürtel donde está procesado, según las mismas fuentes.

Los episodios de la "intervención" de su despacho no tienen desperdicio.  Bárcenas dimitió como senador del PP en el año 2010, tras estallar el caso Gürtel. Entonces tuvo un despacho a su disposición en la sede de Génova, en concreto en la Sala Andalucía.

Tanto él como Alberto De la Fuente, han declarado que sólo tenía llaves del despacho el tesorero; ni siquiera se podía entrar a limpiar si Bárcenas no estaba presente.

El primer intento de entrada se produjo en enero de 2013, con la ayuda de un cerrajero, y fue impedido por el jefe de seguridad. Dirigía la operación la secretaria personal de María Dolores de Cospedal, que Bárcenas ha identificado como Mariví.

Así lo ha relatado De la Fuente quien, a diferencia de su testimonio en la Audiencia Nacional, esta vez ha pormenorizado cómo fueron estas entradas a los despachos. A preguntas de las acusaciones, ha reconocido que ya no trabaja para el PP.

El segundo intento fue exitoso, y se produjo en febrero de 2013. Se realizó bajo la dirección de Alberto Durán, según Bárcenas. De la Fuente ha dicho en el juzgado que estaba de vacaciones, concedidas por la gerente, Carmen Navarro, quien declara mañana miércoles. Fue entonces cuando se sustrajeron los ordenadores personales de Bárcenas.

La destrucción de los discos duros se produjo el 3 de julio de 2013, cuando el 9 de julio el juez Pablo Ruz ordenó su ingreso en prisión.

Luis Bárcenas denuncia la sustracción de sus datos personales y sostiene que los ordenadores son de su propiedad. Para ello ha aportado el presupuesto de uno de los ordenadores y una factura de reparación del Mac, de Appel, pagada de su bolsillo. Mientras, el PP no ha acreditado aún en el juzgado que fuera propietario de los ordenadores destruidos.

La última persona en declarar ha sido la exsecretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez: no sabe nada de los portátiles, tampoco sabe nada de la entrada en la Sala Andalucía, ni manejaba sus ordenadores, nadie le informó del despido de sus jefes... Su falta de memoria ha exasperado a la jueza instructora, quien ha llegado a preguntarle si como secretaria no se interesaba por su jefe.

Domínguez ha reconocido que había hablado con Alberto Durán para preparar su declaración de este martes. Uno de los abogados de la acusación popular le ha preguntado si temía perder su trabajo en el PP, donde está en plantilla desde 1975, y lo ha negado. 

Otro de los aspectos a aclarar es quién borró los mensajes del servidor del PP de su correo electrónico. Bárcenas insiste que él nunca ha borrado su correo electrónico, cuando en la entrada y registro del PP ordenada por el juez Pablo Ruz consta que fue borrado por Barcenas cuando abandonó el partido.

En el auto que dictó el pasado 20 de enero la juez Freire admitió las querellas formuladas por estas organizaciones y, por primera vez, estrenó la figura de la imputación penal de las personas jurídicas para dirigir la acusación contra el PP, que se tiene por "querellado" en el auto de admisión a trámite del caso.