El expolicía González Pacheco, alias Billy el Niño, falleció esta semana sin una sola condena por torturas en su expediente. Sólo en el año 1974 se le condenó a una multa por coacciones y malos tratos contra el periodista Paco Lobatón. Después, no hubo nuevas condenas. ¿Significa eso que Billy el Niño nunca torturó? No. Significa que nunca se investigaron las denuncias de torturas contra él. Ni se le investigó en España ni los tribunales permitieron que se hiciera en Argentina. Su caso, además, no es una excepción. Ni Billy el Niño actuaba solo desobedeciendo órdenes ni ha sido el único que ha disfrutado de impunidad por sus actos tanto en dictadura como en democracia. 

La investigación del historiador e investigador Pablo Alcántara, así como los testimonios y querellas de sus víctimas, han permitido poner nombre a algunos de estos policías de la dictadura franquista que pasaron a integrar los cuerpos de la nueva Policía democrática sin responder por sus métodos y labor durante la dictadura. Así, la investigación de Alcántara nombra, entre otros, al comisario Pascual Honrado De la Fuente, en Asturias, condecorado en 1967 y denunciado en Argentina por sus víctimas; a Benjamín Solsona, alias 'El Galleta', en València; los agentes Atilano del Valle y Antonio Juan y Vicente Juan Creix, en Barcelona; o a Félix Criado Sanz y Jesús Quintana Saracibar, en Euskadi. Estos son solo algunos de los nombres de los más de 2.000 agentes que formaban la Brigada Político y Social del franquismo, la Policía política de Franco que vigilaba a la oposición del régimen.

"Billy el Niño no era la excepción, sino que era la norma. Era un aprendiz de sus superiores, como Roberto Conesa o Saturnino Yagüe, que practicaban la tortura y los malos tratos desde los años de posguerra. De hecho, en los boletines policiales se daban instrucciones de cómo infiltrarse dentro del movimiento obrero y estudiantil. Billy el Niño era un sádico, pero igual que muchos de sus compañeros. Era un lacayo en un sistema que toleraba y permitía la represión contra aquellos que se oponían a la dictadura", explica Alcántara a Público. 

La impunidad de estos hombres, que habían trabajado en la represión del movimiento antifranquista, se hizo patente con la reinstauración de la democracia, la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso y la interpretación que jueces y juezas han venido realizando de esta norma. Los criminales de la dictadura ahora eran policías de la democracia. "No hubo ningún tipo de depuración de los policías. De hecho, con los Pactos de la Moncloa y la Ley de Amnistía, los delitos cometidos por las fuerzas de orden público franquistas quedaron impunes y algunos de estos policías franquistas tuvieron puestos de responsabilidad en la Policía democrática", prosigue Alcántara. 

Y de aquellos polvos, estos lodos. La democracia española se ha visto salpicada en varias ocasiones de numerosas denuncias por torturas y abusos policiales; de condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España (TEDH) por no investigar de manera real y efectiva estas denuncias; y de continuas advertencias y avisos de organizaciones especializadas en derechos humanos, como Amnistía Internacional, que han denunciado que en España la práctica de la tortura no es sistemática, pero que tampoco se trata de casos aislados. 

"Claramente hay una línea de continuidad entre la impunidad de los crímenes del franquismo y las condenas que hay contra España por el hecho de no investigar de manera real y efectiva las denuncias de torturas. Durante muchos años las organizaciones especializadas en Derechos Humanos han denunciado que investigar un delito de torturas, ya no juzgar, ha sido complicado y difícil. Había una tendencia en los juzgados a no dar credibilidad a los testimonios de las víctimas y, por lo tanto, a archivar sin investigar", explica la abogada Anaïs Franquesa, directora de Legal de Irídia - Centro de Defensa de Derechos Humanos. 

No obstante, también es evidente que España ha realizado avances y que la realidad de hoy no se asemeja en prácticamente en nada a la del año 1975. Así lo reconoce también Franquesa, que señala que "ahora es más habitual que se investiguen posibles delitos de tortura y que haya condenas, pero sigue habiendo dificultades para que el Estado y los propios cuerpos policiales reconozcan que hay prácticas dentro de los cuerpos que tienen que erradicar". 

Ejemplos de esta dificultad de los representantes del Estado para reconocer prácticas fuera de la ley en la Policía no faltan. Uno muy representativo se dio con el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien afirmó que en España "la tortura se ha producido de manera clara". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho". Estas declaraciones del magistrado provocaron que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachara sus palabras de "infames" y pidiera al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tomara "algún tipo de medida". La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió, de hecho, su recusación en dos de las causas de lucha antiterrorista. 

El propio Gobierno de Mariano Rajoy señalaba en una respuesta parlamentaria que en España, entre 2008 y 2013, un total de 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil se habían visto implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas, y que de ellos las condenas firmes a los agentes sólo ascienden a 47. En opinión del Gobierno la baja ratio acreditaba que sólo una ínfima parte de los casos investigados terminan siendo "denuncias de verdad". El argumento, no obstante, sí es similar al del tardofranquismo y vendría a decir que "la tortura no existe porque no hay condenas". 

Sin embargo, la directora adjunta de Rights International Spain (RIS), Patricia Goicoechea, explica que el hecho de que una "denuncia sea archivada no significa que sea falsa". "Solo significa que el denunciante no ha podido probar su versión", prosigue. En opinión de esta experta, España arrastra un problema "sistémico" con el "deber de investigar las denuncias de torturas".

"En los últimos años hemos tenido entorno a una decena de condenas por parte del TEDH por vulneración del artículo 3 del Convenio Internacional que prohíbe los tratos degradantes, malos tratos o torturas a detenidos. La mayor parte de estas condenas hacen referencia a errores en la parte procesal, es decir, a que las denuncias no fueron investigadas correctamente. A estos casos, hay que sumar alrededor de otras doce de sentencias del Constitucional donde se concede el amparo al denunciante porque se considera que los juzgados no investigaron lo suficiente o que la denuncia se había archivado demasiado rápido", explica Goicoechea, que señala que España tiene que mejorar en la formación de
de "abogados, jueces, fiscales y demás operadores jurídicos". "La falta de formación es un obstáculo y es imprescindible que mejores en eso", apunta. 

Las condenas del TEDH a España por no investigar correctamente las denuncias de torturas tampoco han supuesto ningún terremoto político. El Gobierno, tras la condena a España por infligir "malos tratos o trato degradante" a los detenidos Portu y Sarasola, respondió a una pregunta del diputado Jon Iñarritu restando importancia a las condenas y señalando que eran "sólo nueve".

Asimismo, que un agente de Policía cuente en su expediente con una sentencia por torturas o malos tratos a un detenido tampoco ha sido óbice para continuar ejerciendo la labor policial o, incluso, ser promocionado. Casos no faltan de ningún tipo. Un ejemplo más o menos reciente es el del jefe de Policía de Cantabria, Héctor Moreno García, que fue condenado por torturas en 1994, indultado por el PP de José María Aznar y nombrado jefe de Policía 2017. O el del caso del guardia civil Manuel Sánchez Corbi, que fue condenado el 7 de noviembre de 1997 por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturar a Kepa Urra en un descampado, antes de trasladarle detenido al cuartel de La Salve, en Bilbao. Sin embargo, sería indultado en 1999 y a pesar de esta condena continuó su acenso hasta ser nombrado coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, puesto del que fue destituido en 2019. 

De la larga sombra de las denuncias de torturas sin investigar y de las condenas del TEDH tampoco se escapan jueces y juezas quienes tienen la obligación de procurar la integridad física de los detenidos. Varias de las condenas que ha recibido España por parte del Tribunal con sede en Estrasburgo estaban relacionadas con denuncias de detenidos que estaban bajo protección del entonces juez y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. 

El portavoz de la Coordinadora para la prevención de la tortura, Jorge del Cura, explica a Público que la llegada de la democracia estuvo marcada por hacer creer que simplemente por el hecho de estar en una democracia la tortura o los malos tratos policiales desaparecían sistemáticamente. Pero no fue así. De hecho, asegura que, a su juicio, el único momento en el que hubo voluntad política real para acabar con el problema de la tortura en España fue durante una comisión parlamentaria formada entre 1979 y 1980 en el Congreso y de la que nunca se conoció el resultado de la misma ni las conclusiones. 

"En 1977 se incluyó el delito de tortura en el Código Penal y en 1983 se dictó la primera sentencia condenatoria contra un Guardia Civil por este delito. Parecía que esa era la prueba de que ya no había torturas. Pero después llegaron los GAL y otros casos en democracia. En la década de los 90, de hecho, ya entramos en un período en el que el Estado comienza a negar a negar esta práctica de manera sistemática. Hay casos que llegan a juicio, pero también hay indultos y ascensos", cuenta Jorge del Cura. 

Como apunta el portavoz de la Coordinadora, los indultos por parte de los diferentes gobiernos a miembros de las fuerzas del orden público que habían sido condenados por torturas también han sido habituales. El Partido Popular y el Partido Socialista indultaron desde 1991 hasta la actualidad a, al menos, 39 policías, mossos y guardias civiles que habían sido condenados por torturas. Según el recuento realizado por Público, los conservadores son responsables del indulto a 26 agentes, mientras que los socialistas han indultado al menos a 13 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

La situación en la actualidad, explica Del Cura, es que los profesionales y las organizaciones de derechos humanos siguen encontrando "muchas dificultades" para conseguir que se investiguen de manera eficiente las denuncias por torturas. "Acumulamos varios problemas. El primero es una pésima definición del delito de torturas en el Código Penal, el segundo es la falta de investigaciones reales y, para remate, cuando se consigue investigar, juzgar y condenar, nos estamos encontrando con casos en los que no se ejecuta la condena y tampoco se producen expulsiones del cuerpo policial", explica Del Cura. 

Este último caso coincide con la sentencia judicial del caso de Juan Andrés Benítez, un hombre que falleció en Barcelona a causa de una actuación de los Mossos de' Esquadra. En la sentencia, seis agentes reconocieron que dieron golpes a Benítez causándole la muerte y otros dos admitieron que obstruyeron la investigación judicial para encubrir a sus compañeros. Los condenados reconocieron que propinaron patadas, puñetazos y golpes al fallecido. La sentencia les condenó a dos años de prisión, que no tenían que cumplir al carecer de antecedentes y que una vez pasado el tiempo de condena podían reincorporarse al cuerpo si pasan un cursillo de derechos humanos. Del Cura también recuerda que en los últimos años dos agentes de Policía fueron condenados a dos años de inhabilitación por un delito de lesiones a un detenido y que en ningún momento dejaron de ejercer sus funciones.

"Es evidente que la situación desde el tardofranquismo a la actualidad ha cambiado radicalmente. Pero también que hay una línea de continuidad que es que no hay voluntad política real de sancionar y perseguir la tortura o malos tratos de la Policía. Esa es la parte más grave. Luego, por otro lado, hay una parte de permanencia de una cierta mentalidad franquista, tal y como demuestra la relación que mantenía Billy el Niño con algunos comisarios policiales o los chats reveleados por eldiario.es donde se ve a excomisarios de Policía diciendo que debemos al torturador la democracia. No sé si son muchos o pocos, si son mayoría en la Policía o no. Lo que sí sé es que estos elementos no son rechazados y expulsados de los cuerpos policiales cuando se descubren", prosigue Del Cura. 

En esta línea, tanto Del Cura como la abogada penalista Anaïs Franquesa señalan que no se puede culpar de todos los males de la actualidad a la Transición, pero que tampoco se puede obviar la oportunidad que se perdió durante el tránsito a la democracia y durante los primeros años de la misma para mandar un mensaje "de tolerancia cero" a los cuerpos policiales en el nuevo régimen democrático.

"No hubo depuración en las instancias policiales ni en las judiciales. Se cerró el Tribunal de Orden Público y al día siguiente abrió la Audiencia Nacional con prácticamente los mismos magistrados. Se puede entender que hubiera resistencias al inicio, con el Ejército con mucha fuerza, pero no se puede entender que más de 40 años después ni siquiera se hayan investigado las denuncias de torturas durante la dictadura. Las víctimas de torturas del franquismo se están muriendo sin que se vea reconocido su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y, por eso toma una importancia crucial el cuarto elemento de cualquier proceso de justicia transicional: las garantías de no repetición. Cuando la Justicia ha fallado para garantizar el derecho de las víctimas en el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, también se está fallando en garantizar la no repetición, es decir, que crímenes o conductas como las de 'Billy el Niño' jamás se vuelvan a repetir en el presente", sentencia Franquesa.