La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene un reflejo directo en el funcionamiento del Tribunal Supremo, ya que al estar en funciones, con su mandato caducado desde diciembre de 2018, no puede realizar nombramientos en la cúpula judicial. De una plantilla de 79 magistrados, son 19 las vacantes en estos momentos, y en los próximos meses serán 24, lo que representa un 30,37% del total de la plantilla, según ha advertido el Supremo.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal acordó el pasado miércoles insistir al CGPJ para que inste al Congreso y al Senado "el imprescindible remedio inmediato" de la "situación insostenible" en que se encuentra el tribunal ante la imposibilidad legal de que se cubran las vacantes de los magistrados que se jubilan o se marchan, como ocurre en el caso de César Tolosa, que ha dejado su cargo de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para incorporarse al Tribunal Constitucional.

El Supremo toma la decisión, por segunda vez, de dirigirse al CGPJ tras el  informe del director del Gabinete Técnico del tribunal, donde se concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas del tribunal derivada de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales por parte del Consejo General del Poder Judicial, en este caso para cubrir las vacantes.

El Tribunal Supremo considera necesario que el Parlamento establezca un "remedio inmediato de este estado de cosas y promueva cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore", ante la estimación de que en 2023 sólo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), "con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone", y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al "colapso" de ambas salas. 

De hecho, ante la "situación crítica" en que se encuentran actualmente las Salas IV (de lo Social), con cinco vacantes en una plantilla de 13; y la III (de lo Contencioso-Administrativo), con diez vacantes en una plantilla de 33, el Supremo reclama la dotación de 15 plazas de letrado del Gabinete Técnico, ocho para la Sala III y siete para la IV, con retribución de letrado coordinador y para ser cubiertas preferentemente por magistrados. 

El informe aprobado resume que, a fecha de este mes de enero, el Tribunal Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados, y se encuentra sin presidente titular y con un total de diecinueve vacantes de magistrados. Hay que recordar que tras la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ y del Supremo, en estos momentos el magistrado Francisco Marín Castán ejerce como presidente en funciones del Tribunal Supremo, mientras que Rafael Mozo hace lo propio en el Consejo. 

La Comisión Permanente del CGPJ, por su parte, ha acordado tomar conocimiento del informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre la situación causada por las vacantes y ha acordado elevar al pleno del Consejo una propuesta basada en el contenido de dicho informe, que reclama soluciones al Congreso y al Senado.

Las vacantes en el Supremo están distribuidas de la siguiente manera, según datos del propio tribunal: dos vacantes en la Sala Primera, diez en la Sala Tercera, cinco en la Sala Cuarta y dos en la Sala Quinta, lo que supone que el tribunal ha de desarrollar su tarea con una plantilla inferior en un 24,05% a la legalmente prevista.

En los próximos meses de 2023 tendrán lugar cinco vacantes más por jubilación (una en cada una de las cinco salas), es decir, 24 vacantes de 79 plazas, lo que hace un porcentaje de un 30,37% menos. Además, están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de presidentes de las salas III y IV, recuerda el Supremo.

En cuanto a la Sala I (de lo Civil), con dos vacantes de una plantilla de 10 magistrados, a las que se sumará otra más en el mes de marzo, el informe plantea la "absoluta necesidad" de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes, que consisten en cuatro letrados en el Gabinete Técnico y cinco letrados coordinadores.