El boicot de Vox a un acto en el Congreso podría salirle 'gratis' ante la falta de un procedimiento claro en el reglamento

La presencia de la ultraderecha en el Congreso ha supuesto el aumento de la crispación que se evidencia semana tras semana en el hemiciclo. Los insultos, gritos y faltas de decoro proferidas desde los escaños ocupados por Vox hacia el resto de diputados, especialmente de los grupos de izquierda, nacionalistas e independentistas, ha enturbiado el trabajo parlamentario durante los debates que tienen lugar en las sesiones plenarias y en las diferentes comisiones.

Sin embargo, la ultraderecha, cuyo brazo mediático también ha perturbado el ambiente de trabajo en esta institución, ha vuelto a sobrepasar una nueva línea roja. Así lo ha denunciado Unidas Podemos después de que dos diputados de Vox boicotearan este miércoles un acto celebrado en la Sala Campoamor del Congreso.

Según varias fuentes presentes en el evento, organizado por el espacio morado para denunciar la condena de seis jóvenes en Zaragoza por atentado a la autoridad tras asistir en 2019 a una manifestación contra un mitin de Vox, dos parlamentarios de la formación ultra, Manuel Mariscal y Luis Gestoso, dejaron un altavoz en uno de los asientos.

Minutos después de que ambos abandonaran la sala, en el momento que iba a intervenir la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, sonó el himno de la Policía y la Guardia Civil, lo que fue calificado de "boicot" a un evento autorizado por la Mesa del Congreso. De hecho, la propia cuenta de Twitter de la formación de extrema derecha se ha jactado de lo sucedido al mismo tiempo que uno de los señalados, Manuel Mariscal, ha dicho que Vox hizo "lo que tenía que hacer". 

De esta manera, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha avanzado que solicitará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que "abra un expediente sancionador por falta administrativa grave" a los dos diputados de Vox por intentar boicotear el acto, lo que ha supuesto un hecho "sin precedentes", según recuerdan varias fuentes parlamentarias con varias legislaturas a sus espaldas, y ha apuntado el diputado morado Enrique Santiago.

"Es un hecho grave de desorden, de alteración del funcionamiento del Congreso que no puede quedar impune. Pediremos a Batet que adopte las medidas oportunas, incluido las disciplinarias, porque se alteró el trabajo parlamentario. Es un precedente peligroso, por eso debemos ser contundentes", ha explicado este jueves Asens en los pasillos del Congreso.

Desde la Presidencia del Congreso, señalan que están a la espera de recibir dicho escrito y, en ese caso, se tomará una decisión sobre cómo proceder. Si bien, fuentes de los servicios jurídicos de la Cámara Baja consultadas por este medio aclaran que no existe una regulación expresa del procedimiento a tener en cuenta para los supuestos recogidos en el orden en el recinto parlamentario. 

En el artículo 105 se recoge que "el Presidente, en el ejercicio de los poderes de policía a que se refiere el artículo 72.3 de la Constitución velará por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de los Diputados y en todas sus dependencias, a cuyo efecto podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, poniendo incluso a disposición judicial a las personas que perturbaren aquél".

Asimismo, el artículo 106 apostilla que "cualquier persona que en el recinto parlamentario, en sesión o fuera de ella y fuese o no Diputado, promoviere desorden grave con su conducta de obra o de palabra, será inmediatamente expulsado. Si se tratare de un Diputado, el Presidente le suspenderá, además, en el acto en su condición de Diputado por plazo de hasta un mes, sin perjuicio de que la Cámara, a propuesta de la Mesa y de acuerdo con lo previsto en el artículo 101, pueda ampliar o agravar la sanción".

No obstante, estas fuentes señalan que, pese a la mención de estos supuestos en el Reglamento del Congreso, no existe un procedimiento determinado, por lo que el escrito que Unidas Podemos tiene previsto presentar podría caer en saco roto. Asimismo, cabe destacar que el reglamento no contempla la apertura de un expediente sancionador como tal.

En la retina, hubo otro acto cometido por la ultraderecha que quedó impune, un ejemplo de desacato sin precedentes en la Cámara Baja que quedó en agua de borrajas. El pasado mes de septiembre, el parlamentario de Vox, José María Sánchez García, se negó a abandonar el hemiciclo del Congreso después de que la máxima autoridad competente en aquel momento, el vicepresidente primero de la mesa, Alfonso Rodríguez, le hubiera llamado la atención hasta en tres ocasiones por llamar "bruja" a la diputada socialista Laura Berja, encargada de defender una iniciativa de su grupo para penalizar el acoso a las mujeres en las clínicas abortivas.

Esta escena no tuvo consecuencias directas ni para el parlamentario ni para su grupo. Si bien, sí provocó una reacción a la semana siguiente por parte de Batet, quien pidió a los diputados (en clara alusión a Vox) más "respeto" y "educación" en sus intervenciones en el pleno para "dar ejemplo" a los ciudadanos, dejando "los insultos y las ofensas fuera" del Parlamento. "La dureza parlamentaria es perfectamente compatible con la buena educación, no tiene por qué derivar en ofensa", remató.

Sin embargo, diputados de diferentes formaciones han trasladado en privado que estas llamadas de atención "no son suficientes" ante los constantes ataques que los parlamentarios ultras realizan en los Plenos y en la comisiones, lo que dificulta el trabajo en la sede de la soberanía popular y llena de fango debates que repercuten en los derechos de los ciudadanos.