Bruselas aprueba una ley para evitar la explotación laboral y el trabajo infantil pese al voto en contra de PP y Vox

El Parlamento Europeo (PE) llegó este jueves a un acuerdo para obligar a las grandes empresas que operan en la Unión Europea a vigilar y mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre el medioambiente o los derechos humanos, bajo pena de ser multadas si no cumplen. 

La resolución, aprobada con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, fija la posición de la Eurocámara para empezar a negociar con el Consejo (los Estados miembros) y la Comisión Europea la propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, presentada por el Ejecutivo comunitario en febrero de 2022.

Entre los eurodiputados españoles, se pronunciaron en contra de la directiva 12 de los 13 parlamentarios del PP, a excepción de Juan Ignacio Zoido que se abstuvo, así como los cuatro representantes de Vox. Entre el resto de familias políticas, todos los eurodiputados españoles votaron a favor salvo Miguel Urbán (Anticapitalistas), quien se abstuvo.

La legislación busca evitar el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la degradación medioambiental, exigiendo a las empresas vigilar, prevenir y mitigar no solo su propio impacto, sino también el causado por los socios de su cadena de valor, como suministradores, encargados de venta, distribución, transporte o gestión de residuos, entre otros.

Los eurodiputados quieren que las nuevas normas se apliquen a las empresas con sede en la UE que tengan más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global.

Las empresas no europeas con una facturación que supere los 150 millones de euros, de los cuales al menos 40 millones se hayan generado en la UE también quedarán cubiertas.

La Eurocámara aboga por incluir a las empresas de todos los sectores, incluido el financiero, mientras que los Estados miembros, que acordaron su posición para la negociación el pasado diciembre, apostaron por que este quede excluido y sea regulado a nivel nacional.

Por otro lado, piden que las empresas tengan que desarrollar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y que, en aquellas con más de 1.000 empleados, cumplir el plan tenga impacto sobre la remuneración de los directivos.

Las compañías tendrían además que introducir un mecanismo para presentar reclamaciones y facilitar información sobre su política de diligencia debida en sostenibilidad a los inversores, publicándola en el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP, por sus siglas en inglés), una base de datos común que acaba de ser acordado por la UE y debe echar a rodar en 2026.

El Parlamento Europeo apuesta por que las empresas que no respeten las reglas sean sancionadas por los supervisores nacionales hasta con multas de al menos un 5% de su facturación global, mientras que las empresas no comunitarias que violen las normas quedarían excluidas de las licitaciones públicas de la UE.

Las normas empezarían a aplicarse a los tres o cuatro años de su entrada en vigor, en función del tamaño de la empresa, es decir, en 2028 como muy pronto.

La patronal europea, Business Europe, lamentó que las normas propuestas por el PE no son "factibles" y son "excesivamente prescriptivas, de naturaleza puramente punitiva", que no distinguen entre errores de procedimiento y daños reales, por lo que llamó a abordar estas cuestiones durante las negociaciones con el Consejo para asegurar una aplicación proporcionada o evitar "interferencias innecesarias con la gestión empresarial".

Por el contrario, tanto la organización ecologista WWF como la de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional saludaron la propuesta de la Eurocámara, aunque consideraron que existe margen de mejora.

WWF celebró que se haya incluido al sector financiero, si bien señaló que existen incoherencias puesto que no consideran parte de su cadena de valor a las empresas que financian, y valoró que se haya ampliado la definición de daño medioambiental, pese a quedar fuera categorías como la pérdida de biodiversidad.

Para Amnistía Internacional, la Eurocámara "ha enviado una clara señal de que prevé apoyar el acceso a la justicia para las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de las empresas", pero lamentó que esto será más difícil en el caso del sector financiero y pidió subsanarlo durante las negociaciones.