"Llevo toda la vida esperando encontrar a mi padre para enterrarlo con mi madre", dice Mercedes Abril. Un acto humano, ritual y negado por sistema a los desaparecidos. Y una "esperanza" atávica que renace para un puñado de familias con los trabajos forenses en "la fosa más compleja": el Valle de Cuelgamuros. Porque la oportunidad de cerrar el duelo, apuntan, es "más importante que sacar a Franco".

La sensación es que las manos bucean en un galimatías de cajas y huesos que acumulan décadas de abandono. "A ver si llegan a mi padre". Resolver la expectación recae en seis forenses y cuatro miembros de la Policía Científica junto a arqueólogos, odontólogos y genetistas. Buscan a 128 civiles asesinados en la guerra civil.

El objetivo es localizar los cajones de madera donde están depositadas las víctimas (la mayoría represaliadas por los golpistas) que reclaman sus descendientes. Un laboratorio forense que ocupa el interior de la basílica del antiguo Valle de los Caídos actúa como soporte del grupo multidisciplinar.

La tarea de exhumación plantea varias fases, que arrancan en la cripta de la capilla del Santo Sepulcro, en el nivel 0, donde quieren rescatar 18 cuerpos. Luego llegarán las siguientes alturas del sepulcro, las cotas 1, 2, 3 y 4. Ahí esperan todavía los hermanos Lapeña, aunque una sentencia histórica autorizó su recuperación en 2016.

El equipo de quince técnicos tratará, en lo posible, de identificar los restos óseos. Los expertos aportan la máxima garantía científica, según el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, que impulsa los trabajos para cumplir la Ley de Memoria Democrática.

"Franco no me importa, me importa mi padre"

"Imagino para qué me llamas", responde al teléfono Mercedes Abril (89 años). Ella busca a su padre, Rafael Abril Avo: "Le prometí a mi madre que sacaría a papá del Valle de los Caídos". Con los trabajos en Cuelgamuros la espera está fusionada con recelo. "Tengo mi retintín porque claro, están en el piso cero, espero que no haya ningún problema hasta el 3 que están los de Calatayud", explica a Público.

Pero "el deseo" está vivo, recalca. "Cómo no, si llevo toda la vida luchando por ello, a los 3 años justitos me quedé sin él, eso es horroroso, te quedas marcada toda la vida y si lo sacan y encuentran los restos de mi padre…". Tras una pausa, remata: "No sé cómo podría hacerlo pero tendría que ir”. Para enterrar sus huesos con los de su madre. Tanta enredo, "tantas veces diciendo que van a entrar", dice, que ahora "me ha parecido hasta extraño".

Mercedes tiene claro que "sacar a las víctimas es lo más importante, ya está bien, que parece que somos los últimos". Y apura el relato. "A mí Franco no me importa, me importa mi padre, que lo sacaron y lo mataron siendo inocente, lo escondieron y ahí sigue, tapiado y escondido, es horrible". Las "heridas", continúa, "se cerrarían si sacaran a todos los desaparecidos".

La sentencia histórica de los hermanos Lapeña

Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, asesinados por los golpistas en 1936. La dictadura robó los huesos de los hermanos para enviarlos en 1959 al entonces Valle de los Caídos, sin conocimiento ni permiso de sus familiares. Una sentencia pionera autorizó ocho décadas más tarde acceder al mausoleo fascista para recuperar los restos óseos. Un veredicto incumplido durante años.

"Uf, mucha sorpresa, y un sentimiento entre amargo y esperanzador", resume Purificación Lapeña, nieta y sobrina de las víctimas. Desde 2016 el fallo judicial era de obligado cumplimiento, "pero a veces esto ha sido muy surrealista". Un laberinto "en el que parece que nos tuviéramos que esconder y no dar problemas, como si los nuestros no tuvieran derecho a estar dignamente enterrados", lamenta.

Cuando "claro que es más importante buscar a las víctimas que sacar a Franco" subraya. Da igual "lo que hagan con sus restos o los de Primo de Rivera", incide, "lo que importa es que en el sitio donde estaban no siga siendo ligar exaltación del franquismo". Porque todo el proceso debe servir "para explicar los hechos" y paliar "la falta de cultura democrática y política" del país, entiende.

Puri Lapeña queda a la expectativa: "Nos dicen que son cinco niveles, nuestros familiares están en los últimos, y van a empezar por el 0, donde hay otras víctimas, con seguridad supongo irán afianzando y subiendo y depende de lo que encuentren será más largo". Y con reclamo: "apremiamos a que vayan con toda la rapidez posible, hay familiares que por edad y salud no pueden esperar más", manifiesta. "Y por un posible cambio en el Gobierno –que paralice los trabajos en Cuelgamuros–, que tenemos esos temores, que lo puedan parar", añade.

"La fosa más compleja del mundo"

"Siento mucha esperanza, ilusión y realidad, porque sé que el trabajo es difícil, quizás la fosa más compleja del mundo", apunta Pedro Fausto Canales. Busca a su padre, Valerico Canales Jorge, muerto a tiros por la represión franquista, arrojado a una fosa común y trasladado más tarde a la cripta del Valle de los Caídos. Está "donde han empezado, en la caja 198, en el nivel 0", avisa.

Ahí está "la diana", dice. Un punto que señala una pista, "la única foto donde se ve depositada la caja en la cámara de abajo". Si el equipo científico pone nombre y apellidos a los huesos "nos avisarán y podremos ir, desde luego esa visita será de una emoción especial". Aunque entiende la dificultad del proceso. "Se pueden identificar o no, pero siempre tendremos ya un informe documentado" de la tarea forense. Y confía en las manos que lo emprenden: "Lo tenían muy preparadito en estos meses atrás, han hecho una labor única, con el blindaje del trabajo, la higiene y custodia de restos o el laboratorio en la capilla".

Para Fausto Canales hay otro número, la caja 10.672. De ese armazón de madera espera recuperar a su tío, Victorino. O el grupo de "los siete de Pajares de Adaja del que tengo que dejar constancia de sus nombres, Celestino, Emilio, Flora, Pedro Ángel, Román, Valerico, mi padre, y Víctor, que están en la caja 198 que reclamamos".

Está convencido de la lucha que arrastra de décadas, pese a los reveses judiciales y el empuje creciente de la ultraderecha que amenaza la Ley de Memoria. Porque buscar a los desaparecidos es "un acto de afirmación democrática" y las heridas enterradas en Cuelgamuros se cerrarán al recuperar "a nuestros familiares que estaban allí con un verdugo de los que habían desencadenado todos estos crímenes de lesa humanidad con visos de genocidio". Y porque "la ilusión no la he perdido nunca", mantiene.

"Nos enteramos por la prensa y la primera reacción fue de escepticismo", arranca Eduardo Ranz, abogado especializado en memoria histórica que representa a varias de las 128 víctimas reclamadas por sus familias. "El comunicado de la secretaría de Estado de Memoria Democrática nos dejó una sensación de esperanza" que une a "la confianza plena en el equipo que está llevando a cabo estos trabajos", sostiene.

"Ya de madrugada me han ido notificando que comenzaba el trabajo forense y es comprensible que no den fecha para tener resultado, aunque voy a solicitar formalmente que las familias puedan acudir en el momento en que sea posible", prosigue. "Tampoco se puede obviar que la semana pasada hicimos una queja ante el Defensor del Pueblo", manifiesta.

"Lo que cambia todo es el auto de los hermanos Lapeña, que abre el camino al resto de casos", expone. "La gran contradicción es que este éxito jurídico no se haya materializado todavía después de años y ahora esto termina en algo tan sencillo como que cada familia pueda enterrar a sus víctimas como quiera", añade. Un acto ritual y negado por sistema a los desaparecidos que ahora, quizás, brota como oportunidad de cerrar el duelo para un puñado de víctimas del franquismo.