C de Ceuta
La crisis migratoria y humanitaria de finales de julio puso al Gobierno contra las cuerdas por la falta de previsión, el desbordamiento de los recursos de acogida y las dudas sobre el papel de Marruecos.
PP y Vox aprovecharon la emergencia para desgastar al Ejecutivo, endurecer su discurso contra la inmigración y cuestionar el derecho de asilo y el reparto de menores migrantes por ley.
La XV legislatura ha estado repleta de hitos que han tenido consecuencias no solo en el devenir político del país, también en su historia económica, social, judicial y cultural. En esta serie los recopilamos.
La mañana del 30 de julio, una marea de más de 80.000 personas —100.000 según las últimas estimaciones del Gobierno ceutí— desbordaron la frontera que divide Marruecos de Ceuta, cruzando a nado a través de la costa que baña el espigón del Tarajal. Una crisis migratoria y humanitaria sin precedentes, en la que fallecieron, por lo menos, 145 personas y que puso al Gobierno contra las cuerdas por la falta de previsión, el desbordamiento de los recursos de acogida y las dudas en torno a la responsabilidad de Marruecos. La emergencia llegó a enfrentar, públicamente, a dos de las voces fundamentales del Ejecutivo, los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. El primero aseguró, desde el primer día, que no habían recibido aviso alguno que alertara de la "magnitud" de la crisis por parte del CNI. La segunda, que los servicios de inteligencia alertaron el día anterior, por llamada, a la Delegación de Gobierno.
La respuesta europea no fue precisamente de apoyo al Gobierno español. El sábado 1 de agosto, apenas 48 días después del estallido de la crisis, 22 de los 27 países que dan vida a la Unión Europea, con Italia y Dinamarca a la cabeza, enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, denunciando los "cruces masivos descontrolados" a través de la frontera española, arremetiendo contra la política migratoria de los de Pedro Sánchez —especialmente contra la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas— y sugiriendo la posibilidad de reintroducir controles fronterizos temporales en el espacio Schengen. Una amenaza que Italia llevó a la práctica ese mismo día y a la que España respondió, una semana más tarde, con la misma moneda.
La situación de Ceuta marcó la agenda política de todo el verano, llevándose por delante, el pasado 28 de septiembre, al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez. Uno de los principales puntos de fricción entre los socios del Ejecutivo, PSOE y Sumar, fue el papel de Marruecos en el estallido de la crisis. Muchas fueron las voces a la izquierda del Partido Socialista que señalaron al país norteafricano como un colaborador necesario, "por acción o por omisión". Pero el ala socialista del Consejo de Ministros cerró filas con el régimen de Mohamed VI, describiéndolo como un socio "absolutamente fiable" y poniendo en valor su colaboración en la gestión de la crisis. Por detrás del cruce masivo, el Gobierno rastreó una serie de llamamientos a través de redes sociales —en Facebook, TikTok, Instagram o WhatsApp— que distorsionaban una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre las conocidas como devoluciones en caliente.
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La gestión de la crisis fue, cuanto menos, lenta. El 17 de agosto, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, anunciaba la habilitación de los primeras 1.500 plazas extraordinarias para acoger a los miles de adultos —en número indeterminado— que permanecían, desde hace dos semanas, en los asentamientos improvisados de la Playa del Trampolín o en los espacios habilitados por las asociaciones vecinales de El Príncipe y Sidi Embarek. Especialmente vulnerable fue (y sigue siendo) la situación de los miles de niños y adolescentes que atravesaron la frontera solos. A día de hoy, el Ejecutivo ceutí estima en 3.688 los menores bajo protección del sistema de acogida de la ciudad, dotado de, tan solo, 29 plazas ordinarias.
El Partido Popular aprovechó la emergencia para cargar contra el Gobierno central, utilizando como ariete al presidente autonómico, Juan Jesús Vivas. En consonancia con las tesis de Vox, los de Feijóo calificaron de "invasión" la crisis y pusieron en entredicho tanto el derecho internacional de asilo como el reparto solidario de menores exigiendo, día sí día también, la devolución de "todas" las personas migrantes. El 2 de septiembre, los populares se sumaron a la polémica convocatoria frente a los ayuntamientos de todo el país de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, para el Gobierno central, venía a atizar el fuego de la crispación: enfrentamientos durante los repartos de comida, quema de campamentos o agresiones en plena calle. En todo este tiempo, las once comunidades en manos del PP se han negado a firmar acuerdos bilaterales con la ciudad para aliviar la presión migratoria que soporta desde hace ya más de tres meses. Tal y como contó Público, el Ejecutivo andaluz, con el popular Juan Manuel Moreno Bonilla a los mandos, rechaza activar el convenio con Ceuta que su propio Gobierno firmó hace algo más de dos años, en enero de 2024.
Cuando menos controvertida está siendo también la actuación del Ejército en la ciudad autónoma. Palizas, vejaciones, amenazas. El último informe de Amnistía Internacional, publicado el pasado 5 de noviembre, contabiliza cincuenta casos de torturas y malos tratos de militares a algunas de las miles de personas migrantes que permanecen en suelo ceutí.
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