PAPELES DE BÁRCENASLa 'caja B del PP' llegará a juicio en 2021, ocho años después de salir a la luz

El nuevo tribunal de la Audiencia Nacional que juzgará la 'caja B' del PP tiene previsto fijar el inicio de la vista oral en el primer semestre de 2021, según han confirmado a Público fuentes jurídicas.

De esta manera, habrán pasado más de seis años desde que el último juez instructor de la causa, José de la Mata, cerrara las investigaciones y ocho años desde que saltara el escándalo de la contabilidad paralela que mantenía el extesorero del PP Luis Bárcenas.

El tribunal ha iniciado este 5 de febrero la fase de las deliberaciones de las pruebas solicitadas por las partes. Y el calendario de otros juicios le ha llevado a concluir que el inicio de la vista deberá arrancar antes de verano de 2021.

El tribunal lo formarán el nuevo presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, José Antonio Mora Alarcón, y los jueces Fernando Andreu Merelles y María Fernanda García Pérez (ponente), según la providencia dictada el 3 de febrero y que ha sido remitida a las partes.

Quién es quién en el tribunal

La decisión del tribunal ha sido adoptada nada más incorporarse su nuevo presidente, el pasado viernes. Este juez proviene de la Audiencia de Valencia y previamente estaba especializado en Menores. Ha conseguido esta plaza en el concurso convocado por el traslado de María José Rodríguez Duplá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por su parte, Andreu se ha incorporado también a este tribunal después de que fuera apartado del caso el magistrado José Ricardo de Prada -a petición del PP y de Bárcenas- por haber formado parte de la Sala que juzgó los negocios de la primera época de Gürtel.

Andreu es un juez progresista que ha sido el instructor  del ‘caso Bankia’ o de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), entre otros procedimientos.

El PP intentó apartar a Andreu en 2018 por su relación con el PSOE y porque había sido instructor puntual de la 'caja B 'en al menos dos ocasiones. Pero esta vez, la defensa del Partido Popular ha optado por callar y no ha puesto objeciones.

Andreu regresa al tribunal tras haber sido desplazado en marzo de 2019, cuando el Consejo General del Poder Judicial destinó a la Sección Segunda a la juez de Penal Fernanda García Pérez  de manera temporal (comisión de servicio). A ella correspondió entonces la ponencia de la 'caja B' conforme a las normas de reparto.

Dinero opaco durante 18 años

El tribunal debe juzgar el uso fraudulento de la contabilidad opaca que mantuvo el Partido Popular durante al menos 18 años (1990-2008) a base de aportaciones de empresas y empresarios.

Este caso es una pieza del sumario sobre la contabilidad opaca del PP que mantenía Luis Bárcenas y que se investiga en las diligencias previas 275/2008. La pieza se llama 'Informe Udef-Bla 22.520/13', pero es conocida popularmente como ‘Papeles de Bárcenas’ o 'caja B del PP'. Bárcenas definió este dinero opaco como "actividad extracontable sin carácter finalista".

En esta pieza se juzga el desvío fraudulento de dinero por parte de Bárcenas; el uso de la 'caja B' para reformar la casi la totalidad de la sede central del PP en Madrid y, por último, la compra de acciones de Libertad Digital en su ampliación de capital.

El PP es juzgado como responsable civil subsidiario, excepto por un delito fiscal debido al impago del impuesto de sociedades correspondiente a 2008 (el único que no ha prescrito).

Los acusados

En el banquillo de los acusados se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exgerente nacional Cristóbal Páez, así como el arquitecto Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba y su socia Belén García, propietarios de la empresa Unifica. Esta empresa realizó la remodelación de la sede de la calle Génova de Madrid y que fue sufragada en parte con dinero procedente de esta contabilidad oculta (888.000 euros en negro).

También es juzgada la empleada de Unifica Laura Montero. El sexto acusado era el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, fallecido en junio de 2018.

Bárcenas es acusado de los supuestos delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral continuado, apropiación indebida y delitos contra la Hacienda Pública.