Han transcurrido cinco años y aún no hay visos de que exista fecha para el juicio sobre la contabilidad opaca del Partido Popular, la famosa 'caja B' con la que se pagaban en negro sobresueldos de la cúpula de esta formación política y hasta se remodeló la sede central del partido en Madrid.

En 2015 el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dictó el auto de apertura de juicio oral, tras dos años de instrucción de la pieza sobre la 'caja B' del PP cuya existencia se conoció al difundirse los papeles de una supuesta contabilidad paralela que mantenía el extesorero del partido Luis Bárcenas.

La Sala de lo Penal del tribunal que preside Concepción Espejel aún no ha fijado una fecha para el inicio de la vista oral. Y la composición inicial del tribunal ha sido desmantelada a base de sucesivas recusaciones.

Ni siquiera se ha dictado el auto de admisión de las pruebas planteadas por las partes. Ni la Sala ha iniciado las deliberaciones sobre estas pruebas, según ha confirmado Público en fuentes jurídicas. Esto es, no ha resuelto sobre citaciones delicadas, como podría ser la del expresidente del PP Mariano Rajoy, quien fue citado tras tres intentos por el tribunal que juzgó la pieza dedicada a los primeros negocios de la trama corrupta de Gürtel.

La responsabilidad de la organización de las pruebas recae en la ponente, María Fernanda García Pérez, destinada en la Audiencia Nacional en comisión de servicios. Esto es, que está allí de manera interina y goza de la confianza de Espejel y de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que es la que le nombra.

Un nuevo presidente

Hay un nuevo presidente para el tribunal de la 'caja B'. Es José Antonio Mora Alarcón, un juez considerado técnico y que proviene de la Audiencia de Valencia.

El pasado viernes, Mora Alarcón se hizo cargo de su nuevo destino como presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la encargada de juzgar este caso. Este magistrado ganó el concurso convocado entre los jueces, ya que la anterior presidenta -María José Rodríguez Dupla- ha sido nombrada presidenta de la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El tercer integrante del tribunal es el magistrado Fernando Andreu, tal y como adelantó Público el pasado 25 de octubre. Andreu ha llegado a este tribunal de rebote, por ser el sustituto de José Ricardo de Prada. Este último juez fue apartado de juzgar la 'caja B' del PP por la Sala de lo Penal a petición de este partido y de Bárcenas por haber formado parte del tribunal que juzgó los negocios de la primera época de Gürtel.

El PP calla y no recusa a Andreu

Curiosamente el PP intentó apartar a Andreu en 2018, porque había sido instructor puntual de la 'caja B' en al menos dos ocasiones, de tal manera que ha tenido conocimiento de la causa. La Sala de lo Penal lo rechazó. Meses después, en marzo de 2019, el CGPJ destinó a esta Sección a María Fernanda García Pérez y ella se hizo con la ponencia de la caja B conforme a las normas internas.

Esta vez, la defensa del PP ha optado por callar y no ha recusado a Andreu.

La estrategia del PP ha evitado un nuevo rizo al caso. Porque el sustituto de Andreu hubiera sido Julio de Diego, quien habría sido apartado por los mismos motivos que De Prada, y la Sección Segunda se hubiera quedado sin más jueces para juzgar este caso. En esta situación, la última palabra la hubiera tenido Espejel, cuando ella fue recusada en Gürtel junto con el actual responsable de Justicia del PP, Enrique López.

Sin fecha

Siete años después de saltar el escándalo y cinco desde que el juez De la Mata cerrara la instrucción del caso, el juicio sobre la 'caja B' sigue sin fecha. Fuente internas sostienen que la ponente habría estado esperando a la llegada del nuevo presidente para impulsar la organización de las pruebas del juicio.

El juicio sobre la 'caja B' del PP [Papeles de Bárcenas] se centra en la contabilidad opaca al fisco y financiada por aportaciones de empresarios y empresas que habría manejado Bárcenas y los tesoreros anteriores a él, al menos desde los años 1990 a 2008.

Hay seis personas procesadas, además del propio PP y la empresa Unifica que remodeló su sede de la Calle Génova 13 de Madrid. A ambos se les considera responsables civiles subsidiarios. Entre los acusados están los extesoreros Álvaro Lapuerta (fallecido) y Bárcenas, el gerente nacional del PP Cristóbal Páez y el arquitecto Gonzalo Urquijo, propietario de Unifica.

Bárcenas es juzgado por los supuestos delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral continuado, apropiación indebida y delitos contra la Hacienda Pública.

Con esta "contabilidad extracontable" -así la tildó el extesorero- se remodelaron en negro de casi todas las plantas de la sede de partido en la calle Génova de Madrid y se pagó la compra de acciones de Libertad Digital en su ampliación de capital. El tribunal debe juzgar además el delito fiscal que habría cometido el PP por el impago del impuesto de sociedades correspondiente a 2008 (el único que no ha prescrito).