La denuncia de la Abogacía del Estado por el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recaído en el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional será el encargado de decidir sobre la admisión a trámite de la denuncia presentada este lunes por la Abogacía del Estado. Este magistrado es quien recibió la denuncia estando en funciones de guardia y dio traslado de la misma para que se enviara al turno de reparto, que finalmente ha determinado que recaiga en su juzgado.

Según consta en la denuncia, los teléfonos móviles de Sánchez y Robles fueron objeto de varias infecciones por la herramienta de espionaje Pegasus entre los meses de mayo y junio de 2021. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia.

En las dos intrusiones en el teléfono de Sánchez, en el mes de mayo del año pasado, se extrajeron 2,6 gigas y 130 megas de datos, en tanto que fueron nueve megas de información en el caso del de Robles, en un solo ataque en junio de 2021. Sin embargo, el contenido exacto de estos datos se desconoce en estos momentos.

El juez Calama ha especificado en un documento que la denuncia señala que, "mediante el análisis de los dispositivos móviles del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa realizados por el Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas Gubernamental el 30 de abril de 2022 se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, software espía de dispositivos móviles".