El juez acuerda que Villarejo acuda a firmar al juzgado cada quince días y no semanalmente como hasta ahora

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa 'Tándem', Manuel García-Castellón, ha acordado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en el caso y que está en libertad provisional, acuda a firmar al juzgado cada quince días en lugar de semanalmente como hasta ahora.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, vuelve a ampliar el tiempo entre firma y firma, después de que en abril cambiaran las comparecencias de diarias a una vez a la semana. 

Villarejo estuvo en prisión provisional en la cárcel de Estremera durante más de tres años, desde que fue detenido en noviembre de 2017 hasta el 3 de marzo de 2021. 

El cuatro de agosto cumple cinco meses en libertad y en este tiempo ha cumplido con las cautelares acordadas por el magistrado. Además de comparecer en el juzgado, se le retiró el pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, tiene prohibido salir del país y está obligado a comunicar al Juzgado Central de Instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia. 

Caso 'Tándem'

Esta decisión del magistrado llega a pocos meses de que Villarejo se enfrente, en octubre, al primer juicio de 'Tándem', en el que se agrupan tres piezas separadas: 'Iron', 'Land' y 'Pintor'. El juez ha dado luz verde a relajar la asiduidad de sus comparecencias ya que no considera que exista un riesgo mayor de fuga aunque el comisario se enfrenta a posibles penas que superan los cien años de prisión. 

El comisario jubilado es el principal investigado en esta causa que indaga en los trabajos que habría realizado en paralelo a su cargo como funcionario público para particulares y grandes corporaciones, y por los que habría obtenido una suma relevante de dinero. Los investigadores calculan que solo de los 'trabajos' para BBVA obtuvo 10,2 millones de euros. 

El juez García-Castellón ordenó el embargo de 53 propiedades, bienes inmuebles, el bloqueo y la prohibición de disponer de sus participaciones sociales en las mercantiles que forman parte de su entramado empresarial. Todo esto antes de concederle la libertad provisional.

Por este motivo, el auto de marzo por el que quedaba en libertad, apuntaba que se habían asegurado las responsabilidades civiles del investigado y que por tanto disminuía el riesgo de ocultación de activos. Así, el magistrado acordaba medidas "menos gravosas e igualmente efectivas" para garantizar su presencia en el proceso.