Caspe 1936: 80 años del Estatuto aragonés que la guerra frustró

ZARAGOZA .- “Aragón antes hubo leyes que reyes”, cuenta el mito medieval de los Fueros del Sobrarbe, paradójico ante las frustraciones del autonomismo local en etapas democráticas. Este lunes se conmemora el 80 aniversario del anteproyecto del Estatuto de autonomía de 1936, presentado el 6 de junio en Caspe y cuya tramitación habría convertido a la comunidad en la cuarta autónoma de la Segunda República tras Catalunya, Euskadi y Galicia. La guerra civil lo frustró.

“Era más ambicioso que el actual”, explica Vicente Pinilla, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza, que destaca que sus 21 artículos incluían competencias exclusivas en materias como la Policía y el orden público, la administración de justicia y la educación, además de otras como el derecho civil y “un sistema de financiación con Hacienda propia” que iba a gestionar sus impuestos, los de las diputaciones y los que cediera el Estado, cuyo Gobierno central no podría imponer nuevos tributos sin “la conformidad” del autonómico. “Fue el primer proyecto político autonomista viable y con encaje en la Constitución”, señala el historiador Antonio Peiró. Iba a gestionar también, por delegación, los seguros sociales.

El anteproyecto se entregó a los presidentes de la República y del Gobierno, pero no llegó a las Cortes

Sin embargo, no pudo superar la categoría de anteproyecto. La comisión redactora de Estatuto, elegida en el congreso autonomista celebrado en Caspe en mayo de ese año por varias formaciones de la izquierda aragonesa, presentó el texto, cuyo ponente fue Gaspar Torrente, el 6 de junio en el teatro Goya de esa localidad. Fue expuesto a información pública durante un mes en todos los ayuntamientos de Huesca, Zaragoza y Teruel para recoger unas alegaciones que darían paso, tras una nueva asamblea que debía celebrarse en Monzón a finales del verano, al documento que tramitarían las Cortes.

“El anteproyecto se entregó a los presidentes de la República y del Gobierno, Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga, pero no llegó a las Cortes. Al comenzar la guerra, las tres capitales de provincia quedaron en zona sublevada, lo que generó problemas de organización interna a los que se sumó la caótica situación de la zona oriental de Aragón” entre julio y octubre con la llegada de las columnas izquierdistas desde Catalunya, recuerda Peiró.

La génesis del Estatuto de Caspe, cuyos 80 años conmemorará este lunes el Gobierno de Aragón en esa localidad, tuvo, como el primer aragonesismo, fuertes vínculos con Catalunya, especialmente con Barcelona. Esa ciudad era en los años 30 la segunda con más vecinos aragoneses: 81.000, que suponían el 5% de su población, por 145.000 de Zaragoza y menos de 15.000 tanto en Huesca como en Teruel. Allí, entre la colonia emigrada, habían nacido el partido Estado Aragonés de Gaspar Torrente, sus juventudes Los Almogávares y la Unión Aragonesista, en todos los casos bajo la influencia de formaciones de la izquierda catalanista como ERC y Estat Català. “Buena parte del movimiento nacionalista aragonés se genera en Barcelona”, apunta Peiró.

“La Constitución de la Segunda República había abierto la puerta a los estatutos de autonomía”, explica Pinilla. “Los Almogávares hicieron un llamamiento a las organizaciones de la izquierda aragonesa, que lo recogieron —anota—. En el congreso de Caspe, que aprobó las bases de las que salió el anteproyecto de junio, participaron sobre todo republicanos de izquierdas y representantes de algunas agrupaciones del PSOE y de ayuntamientos”.

La derecha local mostró su rechazó al proceso autonomista, especialmente desde las páginas de medios conservadores como El Noticiero o Heraldo de Aragón. Sin embargo, apunta Pinilla, “reaccionó cuando se aprobó el Estatuto de Caspe”. Lo hizo publicando en julio en el primero de esos periódicos un texto alternativo conocido como “de los notables” o ”de los cinco”.

“Trataron de influir ofreciendo una alternativa cuando vieron que el proceso era irreversible”, señala Pinilla, que considera esa propuesta “muy derechista, de tipo corporativista”. Coincide en la lectura con Peiró, que llama la atención sobre medidas como que el parlamento no fuera elegido por sufragio universal sino por los concejales de las tres provincias o que una figura como el Justicia tuviera potestad para detener la tramitación de leyes.

El historiador, no obstante, estima que ese movimiento “no fue del todo negativo. Hasta la primavera de 1936 la derecha se había mantenido al margen de los procesos estatutarios, pero poco después llevaría la iniciativa en otras zonas como Castilla y León”. Sin embargo, “el debate no llegó a abrirse” por la sublevación militar.

Esta desencadenó una serie de movimientos que desembocarían en la constitución del Consejo de Aragón. Una parte de los aragonesistas de Barcelona, ya que ni el Estado Aragonés ni la Unión Aragonesista tenían entidad suficiente para organizar su propia columna de voluntarios, comenzó a alistarse en otras. Principalmente, en la Carlos Marx, impulsada por el PSUC y UGT y que fue una de las primeras en salir hacia el frente de Aragón, aunque también en otras de ERC como la Macià o la Companys y, en menor medida, en la anarquista de Durruti. “Se produjo una desbandada, cada uno iba en una columna”, describe Peiró.

La actividad de las columnas procedentes de Catalunya en las zonas orientales de Huesca, Zaragoza y Teruel fue, precisamente, uno de los motivos que alumbró el considerado como el primer gobierno autónomo aragonés: el Consejo Regional de Defensa de Aragón, uno de los episodios de la guerra dentro de la guerra. Tuvo su sede en Caspe, controló la mitad este de la actual comunidad y fue impulsada por la CNT, que controlaba la práctica totalidad de las colectividades que poblaban esos territorios, aunque a mediados de su corta existencia entraron en el representantes de Izquierda Republicana (IR), UGT y PCE.

“Las columnas tenían un comportamiento de guerra que rompía la dinámica de los pueblos. A veces se veían como algo negativo, con independencia del color político”, señala Peiró, para quien “la mala percepción de las columnas es uno de los motivos de la creación del Consejo”. Este, presidido por Joaquín Ascaso, vecino del barrio zaragozano de Torrero y primo de Francisco –integrante de Los Solidarios con Buenaventura Durruti y Juan García Oliver-, comenzó a funcionar en octubre de 1936 y fue disuelto en agosto de 1937.

Controlaba la producción de zonas mineras como las cuencas bajoaragonesas y la agraria de una vasta extensión de terreno que incluía decenas de miles de hectáreas de regadío. Esa circunstancia, unida al enfrentamiento entre el Gobierno de la República y la CNT y al paulatino alejamiento del Consejo con las milicias catalanas y los partidos que apoyaban al ejecutivo republicano, hizo que Indalecio Prieto, ministro de Defensa, enviara a la división del general Líster para disolverlo e imponer a José Ignacio Mantecón, miembro de IR y responsable de la cartera de Justicia, como gobernador general en la zona republicana de las tres provincias.

El sueño libertario había durado apenas diez meses, durante los cuales el Consejo y el nacionalismo aragonés habían sufrido un distanciamiento irreconciliable. Torrente había saludado su constitución como la del “primer gobierno aragonés independiente”. Sin embargo, los cenetistas rechazaban sus planteamientos, que equiparaban con los de una república burguesa, mientras que “los autonomistas —anota Peiró— estaban completamente alineados con los gobiernos de la República y de la Generalitat. Era la misma dinámica de enfrentamiento” que entre el Consejo y las administraciones. “Lo vieron como la realización de su sueño, pero poco a poco se fueron desilusionando. No era lo que habían soñado”, señala Pinilla

Torrente falleció en Barcelona en 1970. Ascaso lo hizo en Caracas en 1977. Y Mantecón, en México en 1982. Este último fue el único de los tres personajes principales del Estatuto de Caspe y el Consejo de Aragón que convivió con la tramitación del primer texto autonómico de la comunidad.

Esta incluyó operaciones de la derecha como la asamblea de Montalbán, de la que 180 alcaldes turolenses de UCD salieron con la consigna de bloquear el acceso a la vía rápida, que suponía un techo competencial más elevado; y fuertes tensiones en la izquierda, principalmente en el PSOE, donde Alfonso Guerra se empleó a fondo, con el apoyo de una parte del aparato zaragozano, para abortar el frente autonomista salido del cónclave de –otra vez- Caspe de 1979, en la que medio millar de alcaldes y ediles progresistas se habían comprometido con la vía del artículo 151. Era la tercera ocasión en menos de medio siglo en que la izquierda aragonesa veía frustradas sus ansias autonomistas.