El Gobierno catalán aprueba este martes un decreto ley que refuerza la normativa para evitar más desahucios y garantizar que los grandes tenedores de vivienda ofrezcan alquileres sociales a las personas vulnerables y, además, aprobará destinar 40 millones de euros a un paquete de medidas para vivienda.

En rueda de prensa telemática tras el Consell Executiu, la consellera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, ha defendido que este decreto "quiere asegurar que las personas con riesgo de exclusión residencial puedan quedarse en su domicilio" mientras dure el estado de alarma, y ha añadido que no afecta a los inquilinos de pisos propiedad de pequeños tenedores.

De estos 40 millones, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha explicado que 12 irán destinados a "situaciones de emergencia" para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan alojarse en hoteles, apartahoteles o pisos particulares hasta que se les encuentre una vivienda definitiva.

En una entrevista en Ràdio4, Calvet ha explicado que este nuevo decreto se está trabajando entre los departamentos de Territorio y Justicia y ha dicho que "no podemos tener más desahucios", ya que, en estos momentos, son "inaceptables".

Con toda la normativa de la Generalitat, Calvet cree que sería suficiente para evitar los desahucios pero que, sin embargo, los responsables de políticas de vivienda y los mossos se encuentran "con esta especie de esquizofrenia", ya que aunque se quiera parar el desahucio hay una orden que se ha de cumplir. 

El decreto también interrumpirá los desahucios de personas que han ocupado un piso de un gran tenedor entre julio de 2019 y el inicio del actual estado de alarma, siempre que cumplan los requisitos de vulnerabilidad de casos de extinción de contrato de alquiler con un gran tenedor, y de personas o unidades familiares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias.

La iniciativa también detalla que, si Mossos y policías locales reciben una denuncia solicitando medidas cautelares por ocupaciones de viviendas por parte de familias y personas en riesgo de exclusión residencial, deberán pedir un informe a los servicios sociales competentes y comunicar esta petición al Ministerio Fiscal.

Petición al Gobierno para frenar los desahucios

Aunque considera que mejora la normativa estatal, Budó ha dicho que este decreto "no supone un parón generalizado de los desahucios", ya que la Generalitat no tiene competencias para eso.

Por eso, ha reclamado al Gobierno central que suspenda todos los desahucios durante la vigencia del estado de alarma o que traspase esa competencia a la Generalitat para que lo pueda hacer.

También ha dicho que el decreto no impide que los jueces puedan ejecutar los desahucios sin que el propietario haya ofrecido un alquiler social, ya que insiste en que el Govern no tiene competencias para eso, pero ha defendido que la Generalitat hará todo lo que esté en su mano. "En todo aquello que tenemos competencia tomaremos medidas para evitar al máximo posible todos los desahucios en los próximos meses", ha concluido.