El CGPJ afronta dividido y con cierto hartazgo el Pleno para sus últimos nombramientos

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta en su Pleno extraordinario de este jueves la designación de ocho vacantes en la cúpula judicial, tres de ellas en el Tribunal Supremo, y lo hace tras un nuevo fiasco en el proceso de renovación de este órgano y más dividido que en las últimas ocasiones de cara a llegar al consenso necesario para lograr un acuerdo.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que seguramente se proceda a la votación de los candidatos, si bien no es tan seguro que la mayoría de ellos alcancen los apoyos suficientes para salir elegidos. Entre las razones, el hartazgo existente tras el último intento de renovación entre los grupos parlamentarios y las recurrentes decisiones del presidente, Carlos Lemes, para llevar y retirar las designacionies en función de los avatares políticos.

Los nombramientos fueron incluidos por Lesmes a petición de ocho de los vocales después de que éste decidiera incialmente no incluir la designación de las vacantes, dadas las noticias que auguraban un inminente acuerdo parlamentario para renovar a los vocales que finalmente no se ha producido.

Últimos nombramientos por la reforma

Para algunos vocales, esta es de la última oportunidad de realizar nombramientos antes de que el próximo 11 de marzo se apruebe en las Cortes la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita esta capacidad a los Consejos que se encuentren en funciones, como es el actual. Fuentes parlamentarias han señalado a Europa Press que un mes después la reforma podría quedar aprobada en el Senado.

Los ochos vocales que realizaron la propuesta de realizar ahora estos últimos nombramientos pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto. Conforman el grupo de los que vienen apoyando las designaciones en los últimos meses, todas ellas aprobadas con un amplio consenso.

Todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión de mañana según las fuentes consultadas.

Los cargos en cuestión son los siguientes: dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo -vacantes por la jubilación de sus dos titulares- y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretenden nombrar a los presidente de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Rajoy consideraría traición que se aceptara a De Prada

El entorno del expresidente Mariano Rajoy ha hecho llegar a Génova

que consideraría un acto de traición y una ofensa que el PP llegara a aceptar la inclusión del magistrado José Ricardo de Prada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según informaron a Europa Press fuentes populares conocedoras de la negociación entre el Ejecutivo y los populares para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Este mensaje se ha trasladado a la sede de los populares desde el entorno del expresidente

Este mensaje se ha trasladado a la sede de los populares desde el entorno del expresidente popular a lo largo de esta semana, después de que se rompieran las negociaciones hace unos días a raíz de la insistencia del Gobierno de Pedro Sánchez de incluir a este magistrado en su propuesta para el CGPJ.

José Ricardo de Prada fue el magistrado ponente de la sentencia de Gürtell en la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo. En esa sentencia incluyó valoraciones que, posteriormente, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta para apartarle del tribunal que debe juzgar la financiación del PP en el llamado caso de los "papeles de Bárcenas". La Sala de lo Penal de la Audiencia entendió que sus afirmaciones en esa sentencia destruían "la necesaria apariencia de imparcialidad que debe reunir todo miembro de un tribunal de Justicia".