CIG, el modelo sindical feminista y contrapoder que ha revertido "la imagen sumisa" de Galicia
La Confederación Intersindical Galega celebra este sábado su noveno congreso, confirmándose como el mayor sindicato del país, con más afiliados que UGT ó CCOO, e incluso que el Partido Popular.
A Coruña--Actualizado a
El tercer sindicato más representativo del Estado español es una central feminista y soberanista que contrapone al sindicalismo negociador un modelo combativo y asambleario, que persigue la solidaridad y la unidad popular y organizar el conflicto como herramienta para la conquista de derechos laborales y sociales, así como para defender la identidad nacional de Galicia.
La Confederación Intersindical Galega (CIG), surgida en 1994 de la fusión de varias organizaciones desarrolladas en torno a la lucha antifranquista, tiene hoy en Galicia más delegadas y delegados que las grandes centrales, CCOO y UGT, y más afiliados al corriente de pago que cualquier formación política, incluido el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. Este sábado, celebra en Santiago su noveno congreso nacional.
"Apostamos por reafirmar lo que somos: un sindicato feminista, nacionalista y de clase implicado en la transformación social de Galicia”, explica Paulo Carril, desde 2017 secretario xeral de la central, cargo que repetirá dado que su candidatura es la única que se presenta al congreso.
Ese modelo asambleario, autoorganizativo y contrapoder es el que, según Carril, ha logrado "tirar por tierra la imagen sumisa de Galicia". Defiende el conflicto frente el diálogo social que propone "el sindicalismo desmotivador", que, a su juicio, constituye "la herramienta ideológica mediante la que se blanquea, con la connivencia de de parte de la izquierda, el discurso y las políticas neoliberales".
"Somos huelga"
"Nosotros somos huelga. Entendemos el trabajo sindical como una lucha de carácter social y político, que representa a los sectores populares de Galicia que no quieren que su país sea una franquicia de lo que se decide en Madrid", añade.
Galicia es, con Euskadi, el territorio del Estado con mayor índice de huelgas, y la CIG cuenta con 86.000 afiliadas y afiliados, casi 9.000 más que en 2022. Ningún otro sindicato, organización social ni partido político alcanza en Galicia esa cifra. El PP oculta la suya, pero si se tienen en cuenta los datos de participación en las primarias estatales que Feijóo ganó en 2022, su formación ni siquiera llegaría en Galicia a la mitad de la de la CIG si hubieran votado sólo uno de cada diez militantes–.
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El sindicato ha logrado además un 30,56% de las delegadas y enlaces elegidas democráticamente por los trabajadores en los centros de trabajo en las elecciones sindicales celebradas en el período 2021-2015: un total de 5.280, por encima de UGT (4.496 representantes), de CCOO (4.289) y de la suma del resto de organizaciones (3.209 delegados).
Ese soporte social de trabajadoras y trabajadores que optan por un sindicato en constante movilización dota a al CIG de una enorme capacidad para convertirse en referente en la organización de cualquier lucha social, más allá del ámbito laboral: desde las relacionadas con el feminismo, la igualdad, la sanidad y la educación públicas, a la defensa del gallego, la oposición a Altri y a la depredación de recursos naturales en beneficio de la gran industria eléctrica; el apoyo a los afectados por desahucios; la denuncia de la manipulación y la persecución ideológica en los medios públicos de comunicación; el posicionamiento contra el genocidio en Palestina; el combate contra la LGTBIfobia, la xenofobia y el racismo; el socorro e integración de migrantes...
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"Poder para defender tus derechos"
"No pretendemos liderar esas batallas ni condicionarlas, pero sí apoyarlas y destacarlas como esenciales para la toma de conciencia social, y relacionarlas con la defensa de la soberanía y la solidaridad de los pueblos", destaca Carril. "Tener sindicato significa tener el poder que necesitas para defender tus derechos o los de los demás, en cualquier ámbito en el que los veas vulnerados. Y además es una vacuna contra el fascismo", añade.
La CIG, mayoritaria en áreas profesionales vinculadas a las clases medias, como la función pública, la sanidad, la universidad y la enseñanza no universitaria, ha basado sin embargo buena parte de su crecimiento en su implicación en sectores económicos muy precarizados, diversos y feminizados, y que en muchas ocasiones quedaban en un segundo plano para la "aristrocracia sindical". Desde el telemarketing a la limpieza pasando por el marisqueo, las dependientas de Inditex o los cuidados y a la asistencia –actualmente mantiene activa una huelga del personal de las residencias privadas de toda Galicia en demanda de un convenio digno–.
"Muchas de las luchas sindicales que hemos librado en los últimos años han sido luchas feministas"
"Muchas de las luchas sindicales que hemos librado en los últimos años han sido luchas feministas", sostiene Susana Méndez, secretaria de Organización del sindicato, quien subraya además el impulso de la creatividad, de la capacidad movilizadora y de la eficacia comunicativa que adoptan esos conflictos (tradicionalmente de carácter patriarcal cuando estaban sólo en manos de hombres) "cuando las mujeres toman las riendas" de su liderazgo.
Méndez destaca además la independencia y capacidad financiera de su organización, cuyas cuentas desmontan el discurso de la derecha y la ultraderecha sobre el presunto carácter subvencionado de la lucha sindical: la CIG obtuvo el año pasado cerca de 12 millones de euros a través de las cuotas de sus afiliados, que representan el 86% de sus ingresos frente a los 974.000 euros (el 7%) de subvenciones. Las últimas cuentas del PP, de 2023, reflejan 38 millones de euros en ingresos por subvenciones y sólo 3,5 millones por cuotas de afiliados. Desde hace cuatro años, Vox ni siquiera hace públicas las suyas, pero en su balance de 2020, el último disponible las subvenciones a la formación de Santiago Abascal –9,8 millones– representaron el doble que las cuotas de sus seguidores –4,6 millones–.
Asistencia jurídica y asesoría económica
Ambos partidos, que presumen en sus discursos de su presunta eficacia en la gestión del dinero público, gastan e realidad más de lo que ingresan y cubren el agujero mediante deuda. Al menos en los últimos cuatro ejercicios, la CIG, al contrario, ha ahorrado y ha eliminado su endeudamiento. Sin depender de los bancos, el sindicato dispone de un departamento jurídico y una asesoría económica de contrastada solvencia a la hora de defender en los tribunales ERTEs, despidos nulos e improcedentes y violaciones de derechos fundamentales y laborales.
También ha podido nutrir cajas de resistencia que permiten a las trabajadoras y trabajadores en huelga que dejan de cobrar sus salarios, resistir cuando la patronal pretende rendirlos por inanición, lo que ha redundado en la mejora de las condiciones en muchas empresas donde se han emprendido conflictos promovidos o participados por la CIG.
A eso se une una cuidada estrategia comunicativa que ha logrado sortear el veto al que el sindicato está sometido por los medios públicos y privados concertados –por las ayudas que cobran de la Xunta–. Avantar, su diario digital, es una de las mejores herramientas para pulsar la realidad socioeconómica de Galicia al margen del ecosistema mediático que protege al PP. Y también sus redes sociales, con cerca de 9,4 millones de visitas estimadas en los últimos cuatro años: cerca de 2.900 impactos diarios en Facebook; más de 1.400 en X; 2.200 en Instagram; 18.000 al mes en TikTok, además de Bluesky y el canal de Youtube, que ha incrementado casi un 90% en ese período su producción de contenidos.
La CIG tiene la condición oficial de sindicato más representativo en España, que sólo disfrutan también CCOO, UGT y los vascos ELA-STV y LAB, y que le otorga algunas prerrogativas como representatividad ante las administraciones, legitimación para negociar convenios colectivos de eficacia general o convocar elecciones sindicales. Pero sus responsables alertan del "veto" al que están siendo sometidos por el Gobierno de coalición, que ni siquiera les convoca a negociaciones como las del salario mínimo interprofesional –que sigue estando por debajo de lo que ordena la Carta Social Europea– o al reducción de la jornada laboral a 37 horas –el movimiento obrero internacional lleva años defiendo la rebaja a 35 horas–.
"El Gobierno parece olvidar que si se sostiene es gracias a la izquierda soberanista de los territorios sin Estado. Tenemos el mismo carácter representativo que CCOO y UGT y no deberían simular que no existimos. Pero el problema es suyo", advierte Carril: "Negar a la CIG es negar a Galicia".
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