MADRID.- Junio de 2016. Esa es la fecha límite que Ciudadanos impuso al PP para que cumpliera uno de los puntos del pacto de investidura que permitió a Cristina Cifuentes convertirse en presidenta de Madrid. Se trata del relativo a la auditoría externa del Gobierno de los últimos ocho años en los que Ignacio González y Esperanza Aguirre estuvieron al frente de la Comunidad. Pero Ignacio Aguado y el resto de su grupo parlamentario ya han asumido que no será así. 

El nuevo Ejecutivo conservador ha informado a los naranjas de que es jurídicamente inviable que una empresa privada se encargue de analizar las cuentas de un organismo público. Por ley,según un informe de la Abogacía del Estado, dicho trabajo le corresponde a la Cámara de Cuentas que preside Arturo Canalda, que será la que finalmente tenga que emitir los informes correspondientes. Estando aún politizada (sus altos cargos han sido elegidos a propuesta de PP y PSOE), todo apunta a que la información al respecto podrá eternizarse durante años o incluso no llegar. 

Los naranjas, no obstante, aseguran que harán "todo lo posible" para que eso no llegue a pasar. De hecho, afirman haber iniciado ya los trámites para cumplir con su promesa -era una de sus prioridades a exigir al PP cuando empezó la nueva legislatura- aunque en el camino, de momento, no les acompaña por completo Cifuentes.

Es la propia Cámara de Cuentas la única que sí tiene potestad para decidir encargar una auditoría independiente a una empresa externa en caso de asumir su propia incapacidad o falta de medios para llevarla a cabo con la mayor premura posible. La presidenta de la Comunidad ha prometido recientemente que pedirá a dicho órgano que así lo haga, pero no estableció ningún tipo de plazo.

De hecho, en una rueda de prensa ofrecida esta misma semana, Cifuentes esgrimió que hasta ahora había informado a Ciudadanos de la incapacidad de hacerlo como habían previsto en un principio y dejó el balón en tejado naranja. Le tocaba a Aguado decidir "si quiere que se haga una auditoría de todo o de algún órgano en concreto". 

Ciudadanos, por su parte, no ha respondido del todo a esa cuestión y, de momento, ha solicitado a la Cámara de Cuentas que emita un informe con lo que ya se ha hecho en la Comunidad. Es decir, que le entregue por escrito un documento en el que se ponga de manifiesto qué instituciones públicas están ya auditadas -y hasta cuándo- y cuáles no. Una información que, de cumplirse la normativa sobre tramitación de los informes de la Cámara, ya debería estar publicada. No obstante, el ente público tiene un mes de plazo para responder a la solicitud de C's, por lo que el inicio del camino hacia su objetivo real no comenzará, como mínimo, hasta finales de noviembre. 

Cuando llegue ese documento-resumen, los naranjas examinarán la información ofrecida para determinar entonces qué pasos seguir, solicitar las auditorías que no estén hechas o pedir una actualización de las que ya se hayan realizado pero hace mucho. ¿Plazos para ello? De momento, no saben, no contestan. 

Se da por hecho que la Cámara puede retrasar continuamente la entrega de documentación o los plazos para llevar a cabo los nuevos exámenes a los organismos que hagan falta. Según la normativa vigente para el ente público, la Asamblea puede solicitarle que realice fiscalizaciones especiales y funciones de consultoría cuando lo crea oportuno pero, al menos sobre el papel, no queda claro el tipo de plazo establecido para que termine alguno de esos trabajos. 

En Ciudadanos desconocen también si Cristina Cifuentes, en calidad de jefa del Ejecutivo autonómico, podría exigir a la Cámara que entregue sus resultados en una fecha concreta. 

Lo que sí dan por hecho es que, casi con toda probabilidad,los resultados de la auditoría externa -que sí se realizará, según las promesas de PP y C's, pero no se sabe cuándo- no estarán listos para la fecha acordada de junio de 2016.

No obstante, los naranjas confían -de momento- en la palabra de la presidenta y en que, de tener poder suficiente para hacerlo, cumplirá su compromiso de realizarla cuanto antes. "A ella también lo conviene saber qué hicieron sus antecesores en el cargo y cómo están los organismos públicos de la Comunidad...", dejan caer en el partido bisagra. 

En cualquier caso, Ciudadanos ha iniciado una tramitación paralela para promover en la Asamblea la "despolitización" de la Cámara de Cuentas similar a la exigida por los naranjas en el caso de Telemadrid y que ya está en marcha en la Comunidad. 

Esta misma semana Aguado presentó un documento con 13 medidas a llevar a cabo para dicho fin. Entre ellas, que deje de ser un órgano colegiado para que lo dirija un sólo auditor general elegido por una mayoría de 3/5 de la Cámara autonómica y cuyo cargo pertenezca a un profesional "de reconocido prestigio en el ámbito de la auditoría pública o privada". También pedirá un "estricto régimen de incompatibilidades" para todo el personal del organismo y la limitación de mandatos a un plazo de entre seis y doce años. 

Precisamente, en relación con la desinformación sobre los plazos establecidos para emitir dictámenes, C's propone también "revisar el procedimiento de remisión y tratamiento en la Asamblea de los Informes de Fiscalización y Auditoría" y establecer un calendario fijo y obligatorio de comparecencias ante la Cámara, así como una mayor transparencia respecto a la información del ente. 

Cabe la posibilidad, además, de que la auditoría pactada no llegue incluso hasta después que se apruebe la nueva normativa que regulará la Cámara de Cuentas. Ese punto del pacto es, por tanto, una promesa que podría eternizarse o no llegar en esta legislatura ya que, a día de hoy, ha dejado de tener una fecha fija para su cumplimiento.