Las claves del dictamen de la ONU contra el Estado por "violar" derechos de dirigentes independentistas

Con una desmovilización ciudadana que va a más, una estrategia unitaria entre los distintos partidos y entidades que brilla por su ausencia y una mesa de diálogo con el gobierno que ha permitido desinflamar el conflicto pero en ningún caso resolverlo, parece que el independentismo catalán se ha acostumbrado a ver como sus alegrías se limitan a algunas instancias internacionales.

El último ejemplo se vivió este miércoles, tras conocerse como el Comité de Derechos de Humanos de la ONU había dictaminado que el Estado vulneró los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull  al suspenderlos de sus funciones públicas como diputados en el Parlament en 2018, antes de que existiera ningún condena contra ellos por su participación en el Procés.

El fallo supone un golpe a la imagen de la Justicia española y un éxito a la línea de defensa de los dirigentes independentistas, pero ¿qué puede significar a nivel práctico? Analizamos todas sus claves con Nico Krisch, académico alemán especializado en Derecho Internacional que justamente se ha encargado de la representación legal de los cuatro dirigentes independentismo ante el organismo de las Naciones Unidas. Entre otras cuestiones, el dictamen podría implicar cambios legislativos y es otro elemento que alimenta el caldo de cultivo a una posible sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) contra la represión al independentismo.

¿Qué dice el fallo del Comité?

La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU llega tras la demanda que presentaron en diciembre de 2018 Junqueras, Romeva, Rull y Turull. En aquel momento los cuatro se encontraban en prisión preventiva acusados de rebelión por su papel en el Procés —Junqueras era vicepresidente del Govern durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, mientras que Romeva, Rull y Turull eran consellers—.

En julio de 2018 el juez de instrucción los suspendió como diputados del Parlament, cargo para el que habían sido elegidos en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, que fueron convocadas bajo la aplicación del artículo 155 y con medio Govern en prisión y el otro en el exilio. Perdieron su condición de parlamentarios de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios públicos solo cuando se les acusa de rebelión, no de sedición. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo los condenó por sedición, descartando la rebelión.

El argumento de los dirigentes independentistas para recurrir a la ONU era que su suspensión como diputados sin que todavía existiera ninguna condena contra ellos suponía una vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que data de 1966 y que actualmente tiene a España entre los estados que lo han suscrito. El organismo de las Naciones Unidas ha dictaminado de manera clara que sí, que derechos políticos fundamentales de los cuatro políticos independentistas fueron vulnerados. Apelaban al artículo 25 del Pacto, que garantiza "el derecho de todos los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos", algo que para el comité "constituye la esencia del gobierno democrático".

En concreto, sentencia a la que la suspensión supuso una extralimitación, al imponer una restricción "injustificada" a este derecho. "Las salvaguardias contra las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito", explicó la miembro del comité Hélène Trigoudja, al presentar el dictamen.

Así mismo, el comité recuerda que la rebelión exige un alzamiento violento que no tuvo lugar en el 1 de octubre. De hecho, los cuatro habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica. La integrante del comité que preside la griega Photini Pazartzis agregó que "la decisión de suspender a oficiales electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos, y debe aplicarse sobre la base de un análisis individualizado".

¿Qué es el Comité de Derechos Humanos de la ONU?

El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un órgano formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo han ratificado. A grandes rasgos, redacta "observaciones generales" en las que recoge su interpretación del Pacto; examina los informes que cada cuatro años le envían los Estados explicando las medidas implementadas para dar cumplimiento al Pacto; y se pronuncia sobre casos concretos que hayan sido denunciados bien por otros Estados o bien por personas que se consideran víctimas de la violación de su derecho.

Los dictámenes del comité, que se puede definir como un mecanismo "cuasi-judicial", no son en principio vinculantes pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto. "El comité no es un tribunal pero lleva a cabo funciones jurídicas, emitiendo decisiones y recomendaciones a los Estados parte que se espera sean puestas en práctica", aclara el propio ente.

¿Qué cambios puede implicar el dictamen?

A partir de estas funciones, Nico Krisch aclara que el fallo va más lejos de una "victoria moral" independentista y que tiene "consecuencias prácticas". De entrada, el experto en derecho internacional subraya que el comité es el "órgano más importante del sistema de Derechos Humanos de la ONU". Y recalca que España, como Estado que lo ha suscrito, "tiene que cumplir con las obligaciones que derivan del Pacto", lo que en este caso concreto implica que "tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones de derechos parecidas en un futuro".

Krisch admite que la reparación no puede implicar que Junqueras, Romeva, Rull y Turull recuperen su condición de diputados en el Parlament, básicamente porque la cámara por la que fueron elegidos ya no existe —fue renovada en las elecciones de febrero del año pasado—, pero sí que se tienen que tomar "las medidas legislativas necesarias para que no se vuelva a repetir" una situación análoga y se evite que "una acusación por rebelión implique la suspensión automática" como cargo electo.

En su fallo, el comité da al Estado un margen de seis meses —180 días— para proporcionar información sobre las medidas que ha llevado a cabo para implementar el dictamen. Krisch puntualiza que "se entiende que un cambio legislativo no puede hacerse de un día para otro, no es que haya un plazo fijo, sino que tiene que poder demostrar que se están dando pasos para cumplir el mandato del comité".

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno?

El experto en derecho internacional y representante legal de los cuatro dirigentes catalanes ante la ONU admite que el Comité de Derechos Humanos "no tiene una policía para forzar el cumplimiento" de su resolución, pero rápidamente recalca que "si un Gobierno quiere que su estado sea considerado una democracia normal, tiene que cumplirlo".

En este sentido, añade que "en derecho internacional la imagen es muy importante y si España no adoptara los cambios [para adaptarse al fallo del organismo de la ONU] se pondría en la línea de países como Turquía, Venezuela o Azerbaiyán que no cumplen. Los que quieren ser Estados de derecho tienen que cumplir la ley y sus tribunales también tienen que adaptarse y respetar las resoluciones internacionales".

De momento, la reacción del Gobierno lleva a pensar que está abierto a adoptar los cambios sugeridos por la ONU. En declaraciones en el Congreso, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, aseguró este miércoles que el Ejecutivo estatal "respeta escrupulosamente todas las decisiones" del organismo internacional y enfatizó que las resoluciones judiciales en el Estado "siempre se emiten ajustadas a derecho y a la ley". Pese a ello, concluyó que el Gobierno "siempre está abierto a mejorar la legislación" para que "sea equiparable a los estándares de todas las legislaciones más avanzadas en este sentido y en esta materia".

¿Cómo puede impactar en el TEDH?

Después del pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el independentismo tiene en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como su siguiente y decisiva etapa en su batalla jurídica —y política— contra la represión por parte del Estado.

Desde julio, el tribunal con sede en Estrasburgo ya cuenta con los recursos de los nueve dirigentes independentistas condenados a prisión por el Tribunal Supremo —los exconsellers Joaquim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, los antiguos presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, respectivamente, además de Junqueras, Romeva, Rull y Turull— contra la sentencia.

Nico Krisch subraya que la decisión de la ONU no establece un "precedente directo" para la decisión del TEDH, ya que se trata de "otro asunto" —el primero dictamina sobre la suspensión como diputados sin estar condenados, el segundo evaluará los recursos contra la condena a prisión por sedición dictada por el Supremo—. Con todo, recalca que "está claro que este dictamen junto a otros, como el del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU —que pidió la libertad para los dirigentes independentistas cuando se encontraban en prisión preventiva—, muestra como desde la óptica internacional hay un consenso bastante grande a la hora de valorar las medidas tomadas por el Gobierno y los tribunales españoles en contra del independentismo catalán".

"Tiene mucha importancia que todos los órganos importantes de la ONU piensen que se han vulnerado límites de derechos humanos con los dirigentes independentistas y esto es algo que tiene un valor para el TEDH y hace más probable" que su sentencia también comporte un cuestionamiento al Estado.