El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a seis años y seis meses de prisión al juez Salvador Alba Mesa por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental. Además, el juez ha sido condenado a 18 años de inhabilitación especial para cargo público de juez o magistrado, así como a pagarle 60.000 euros de indemnización a la diputada de Podemos, Victoria Rosell. Alba ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. El juez, que ha sido condenado por conspirar contra la diputada Victoria Rosell, ha sido el encargado de dictar importantes sentencias sobre corrupción política en los últimos años.

El ‘caso Alba’ y MAR

Para comprender el caso Alba hay que remontarse a 2015, momento en el que Victoria Rosell se toma una excedencia para ocupar un puesto representativo en Podemos. En este momento el juez Salvador Alba la sustituye en los juzgados de instrucción número 8 de Las Palmas por petición propia y toma las riendas de una causa llevada por Rosell contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la que se investigaban delitos contra la Hacienda Pública como administrador de Seguridad Integral Canaria (SIC) en los ejercicios de 2008 y 2009.

Según se explica en la sentencia del caso Alba, una vez en el puesto de Rosell, Alba dicta una providencia citando en calidad de “investigado” a Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, representante de Seguridad Integral Canaria. En marzo de 2016 el juez Salvador Alba cita al empresario a una reunión en su despacho, ambos hablan de la conveniencia de demostrar supuestas vinculaciones entre Miguel Ángel Ramírez y Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de Rosell, con el fin de demostrar su imparcialidad. El juez y el empresario acordaron que Ramírez le proporcionaría información con la que Salvador Alba no contaba, todo ello a cambio de que Alba iniciará una nulidad de actuaciones en el proceso en el que estaba implicado el presidente de la UD Las Palmas. Así, Salvador Alba conseguía perjudicar la imagen de Victoria Rosell y aumentaban las posibilidades de que la querella del exministro José Manuel Soria ante el Tribunal Supremo en un procedimiento penal contra Rosell triunfará. En dicha conversación acordaron que Alba incluiría estas conexiones en las Diligencias Previas de la causa iniciada contra Ramírez y el empresario declararía argumentando dichas conexiones empresariales. Pero, Ramírez que acudió en calidad de testigo al juicio oral, declaró que “no se fiaba” de Alba, motivo por el que grabó la conversación como “medida de protección”. El presidente de la UD Las Palmas declaró en el juicio que el juez tenía intención de perjudicar a su antecesora y que le parecía “irregular” que lo citará en su despacho sin su abogado, pero que acudió porque no le quedaba “más remedio”. Fue la grabación que hizo Ramírez (conocida como REC004) la que dio paso a la causa.

Tras la reunión en la que se acordaron los pasos a seguir para perjudicar a Rosell, Alba llama a declarar a Ramírez en calidad de “investigado”. El juez incluye en su interrogatorio preguntas relativas a su vinculación empresarial con el periodista Carlos Sosa, tal y como se había acordado en la reunión inicial.

La juez en excedencia y diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, en la Diputación Permanente del Congreso. E.P.

La sentencia

El Ministerio Fiscal solicitaba 10 años de prisión por prevaricación judicial, cohecho, falsedad de documento oficial y revelación de secretos. De los cuales, la Sala del Consejo General del Poder Judicial, en una sentencia de 78 páginas, lo ha condenado a un total de 6 años de prisión por prevaricación judicial, cohecho y falsedad de documento oficial. La sentencia lo condena por cohecho a 3 años de prisión e inhabilitación especial para cargo público de juez o magistrado “con pérdida del cargo que ostenta y para obtener funciones jurisdiccionales durante el tiempo que dure la condena”, por el delito de falsedad en documento oficial lo ha condenado a una pena de 3 años y seis meses de prisión, multas que suman un total de 12.150 euros, así como en concepto de responsabilidad civil a indemnizar a la diputada de Podemos, Victoria Rosell, con 60.000 euros. Sin embargo, la sentencia deja claro que el juez puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

Según relata la sentencia, desde que Alba toma posesión en el Juzgado de instrucción, número 8 y toma las riendas de la causa que llevaba Rosell hasta su cese en mayo de 2016 “se realizaron en el procedimiento una serie de acciones dirigidas a su instrumentalización arbitraria con un determinado fin: perjudicar personal y profesionalmente a su antecesora en el cargo”. La sentencia deja claro que Alba se centraba en aportar información sobre la relación empresarial entre Ramírez y Carlos Sosa sin centrarse en el resto de las relaciones comerciales que tenía Seguridad Integral Canaria (SIC) y sin que ese fuera el motivo de la causa que le ocupaba. Además, señala que desde el primer momento “se observa la realización de actos procesales dirigidos a obtener información para comprometer la imparcialidad de Rosell”.

En la sentencia se recuerda la portada de El Mundo de marzo de 2016 que daba credibilidad a la teoría de Salvador Alba. El exdirector del periódico, David Jiménez, ha señalado que cometió “un error” con Rosell al darle credibilidad al juez.

Sobre la falta de respuesta del periódico El Mundo ante la sentencia del caso Alba, Victoria Rosell señala que “lo correcto hubiera sido que ayer o hoy hubieran publicado en portada la noticia a cuatro columnas igual que hicieron en 2016”, alude al derecho de rectificación, “deberán dar explicaciones a sus lectores, un medio de comunicación debe contrastar la información, no como me dijeron a mí, que me dijeron que la información provenía de fuentes judiciales”.

Tal y como adelantó el Diario de Lanzarote en 2016, Salvador Alba ha estado representado durante toda la causa por el mismo abogado que redactó la querella del exministro Soria contra Victoria Rosell por injurias y calumnias, Nicolás González Cuéllar Serrano.

Sobre las posibles conexiones entre el exministro Soria y Salvador Alba la diputada señala: “Desde el principio, Alba siempre se ha presentado a cargos que dependían del Poder Judicial, se presentó en dos ocasiones para ser vocal del CGPJ. Además, esta relación no solo se puede deducir porque contrata a un abogado muy caro que, también, llevó la querella que Soria presentó en mi contra, sino porque en el audio (REC004) se habla de la intención de perjudicarme en las elecciones de 2015 con vistas a que la querella que Soria presentó en mi contra prosperase. Además, se sabe que tiene buena relación con Manuel Marchena, que admitió a trámite la querella”. Añade que “después de estar investigado se le ha visto con personas cercanas a Vox”.

Victoria Rosell se muestra satisfecha con la sentencia: “Es una buena sentencia, aunque no lo condena por revelación de secretos señala que hay indicios. La revelación de secretos es un delito difícil de probar. Sin embrago, es bastante buena, sobre todo, por la perdida definitiva del cargo. Un juez que falsifica documentos públicos es muy peligroso”.

La diputada de Podemos explica que no le sorprenden las declaraciones de Alba señalando que va a recurrir ante el Supremo: “Tuvimos que contestar a más de 50 recursos en toda la instrucción. Es una persona que recurre y utilizado todos los trucos posibles”. Sobre la posibilidad de que pueda triunfar el recurso en el Tribunal Supremo considera que “se trata de una sentencia muy bien armada y difícil de desmontar, a pesar de que lo absuelve por revelación de secretos”.

Unión y Faycán

Durante estos años, mientras se resolvía el caso Alba, el juez ha estado tomando importantes decisiones sobre casos de corrupción en Canarias. Una de ellas fue la anulación de uno de los audios que dio origen al conocido caso Unión en Lanzarote. El audio comprometía a Carlos Espino, exconsejero de Política Territorial de Lanzarote, y a Carlos Becerra (empresario).

Otro caso importante que le ha tocado juzgar ha sido el caso Faycán (Telde, Gran Canaria), Salvador Alba dictó su veredicto sobre la sentencia sobre la trama estando ya suspendido por el Consejo General del Poder Judicial y de baja médica. Canarias Ahora contaría en julio de 2018 que el juez se fue de viaje a Maldivas a pesar de estar de baja médica y sin resolver la sentencia.

El caso Faycán fue un caso en el que se investigó un presunto cobro de comisiones ilegales en el PP de Telde en el que llegaron a haber más de 20 investigados (empresarios, políticos, funcionarios), y tardó 13 años en juzgarse. Finalmente, se absolvió a los acusados y se declaró al PP responsable subsidiario.

En diciembre de 2017 el TSJC lo sancionó con 500 euros y un apercibimiento por escrito por grabar conversaciones con sus compañeros en la Audiencia Provincial de Las Palmas, la sanción vino después de que se filtraran a los medios de comunicación canarios los audios de las conversaciones que mantenía con otros magistrados. Las conversaciones causaron revuelo debido a que se escuchaba a magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas utilizando términos machistas y xenófobos.