La pesadilla que perseguía a Mohamed Benhlima se ha hecho realidad. Las autoridades españolas han deportado a Argelia a este exmilitar y activista disidente pese al riesgo de que sea objeto de malos tratos por parte de la Policía de ese país. El caso está en manos del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que ya conocía los antecedentes.  

Benhlima llegó a España en 2019, tras conocer que su nombre formaba parte de una lista de militares señalados por las autoridades como participantes en la ola de protestas antigubernamentales. "Desde entonces ha pedido asilo tanto en España como en Francia", señala Amnistía Internacional (AI).

El 7 de enero de 2021 fue condenado "in absentia" a 10 años de prisión por compartir vídeos online que exponían la corrupción en el ejército. El pasado viernes 18 de marzo, la plataforma CIES No dio a conocer que el activista había sido llevado a un centro de este tipo tras rechazarse su solicitud de asilo por parte de las autoridades españolas, lo que abría el camino a su expulsión.

En ese contexto, AI se puso en contacto con el Ministerio de Interior para mostrar su preocupación y exigir que se detuviese el proceso de deportación.  "En la actualidad hay al menos 290 presos encarcelados por motivos políticos en Argelia, que están recluidos en prisión preventiva abusiva o condenados por su activismo pacífico", destacó entonces esa organización internacional de derechos humanos. 

Amnistía alertó además a Interior sobre "el uso de la tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad argelinas en al menos cuatro casos de activistas detenidos en los últimos tres años por su participación en el Hirak".

Sin margen de maniobra

Nada de eso fue suficiente. Según ha relatado el equipo de abogados de Red Jurídica –que ha actuado para tratar de desactivar la expulsión–, "las autoridades españolas maniobraron para que la expulsión se ejecutase sin dejar prácticamente ningún margen de defensa".

En tal sentido, sus abogados explican en un hilo de Twitter que las autoridades "resolvieron y notificaron la denegación de asilo y la expulsión el mismo día, y la ejecutaron de manera inmediata". "Benhalima fue sacado del CIE de Valencia con destino al aeropuerto a las 17:00 del día de ayer (por el jueves), y la Policía nos notificó la resolución de expulsión a las 18:41", señalan. 

De hecho, en Red Jurídica creen que el aviso llegó demasiado tarde. "Cuando nos notificaron la expulsión es muy probable que Benhalima ya estuviese subido al avión, de manera que se nos dificultaba, casi hasta el imposible, la posibilidad de ejercitar recursos efectivos para evitar la expulsión", explicó el abogado Eduardo Gómez.

Red Jurídica solicitó medidas cautelarísimas de no expulsión, que fueron denegadas. "aunque hubieran sido admitidas hubiera dado igual, porque Benhalima estaba ya en Argelia", señala el equipo de juristas.

Sus abogados notificaron de inmediato el caso al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, donde ya había un procedimiento en torno a este caso. El Comité ha anunciado que estudiará también lo relacionado con la expulsión.

A raíz de las gestiones de urgencia realizadas por Red Jurídica, el Defensor del Pueblo también se ha interesado por este caso. Por su parte, sus abogados han presentados recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional, "tanto contra la denegación de asilo como contra la resolución de expulsión".

"La Administración española ha entregado al régimen argelino a una persona que probablemente ahora esté sufriendo torturas, y lo ha hecho maniobrando para evitar sus posibilidades de defensa en España", destacó el equipo de juristas.