"Las familias no pueden estar recibiendo este espectáculo bochornoso de intentar politizar una y otra vez un drama como el que ha sucedido en las residencias, no solo en Madrid sino en España, en toda Europa y por todo el mundo". Han sido las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dirigidas a los partidos de la oposición en la sesión de control al Ejecutivo regional celebrada este jueves. "Si ustedes quieren seguir por ahí politizándolo todo, allá ustedes, si quieren usar su fuerza parlamentaria para imponernos aquí algún tipo de comisión, háganlo, politicenlo ustedes", ha dicho.

El portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, y su homóloga en Vox, Rocío Monasterio, han preguntado a Ayuso por lo sucedido en las residencias durante los meses más críticos de la pandemia. Morano le ha inquirido sobre la existencia de una orden proveniente de la Comunidad de Madrid de no hospitalizar a personas mayores en hospitales de la región durante la crisis sanitaria y Monasterio le ha vuelto a solicitar el cese del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, como medida para asumir responsabilidades.

Según un documento al que tuvo acceso el diario Infolibre, la Comunidad de Madrid remitió cuatro días después del estado de alarma un protocolo de actuación para decidir qué ancianos de residencias eran hospitalizados. Se diseñaron tres protocolos de actuación, dos de ellos sacados a la luz por diversos medios de comunicación, mientras que un tercero permanecía oculto. Ayuso ha respondido en la sesión plenaria que se trataba de la "filtración de un borrador" y ha señalado que durante estos meses "ha habido 9.200 traslados de mayores de residencias a hospitales, una media de 90 al día".

El discurso de Ayuso confronta, sin embargo, con el de su formación. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, exigió en un pleno del Congreso al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que protegiera a los mayores, y afirmó que "bajo su tutela han muerto 16.000 personas mayores", que son "los niños de la posguerra, los padres de la Transición".

Sin embargo son las comunidades autónomas quienes se encargan de la gestión de las residencias al amparo del artículo 148 de la Constitución. En concreto,, según el artículo 11 de la llamada "Ley de dependencia" de 2006, corresponde a las comunidades autónomas la acreditación, el registro y el control de calidad (inspecciones) de todos los centros sociales de su ámbito territorial, entre los que están incluidos las residencias de mayores.