La Comunidad de Madrid constituyó este pasado lunes, la Comisión Interdepartamental que tiene como objetivo elaborar la estrategia de protección a la maternidad, de fomento de la natalidad y de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, explicó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

Presidida por López, la comisión para impulsar la natalidad cuenta con 22 miembros, 17 hombres y solo cinco mujeres. Además de estar presidida por un hombre, la comisión está integrada por los titulares de las vicenconsejerías del Gobierno autonómico, en calidad de vocales, y el viceconsejero de Presidencia será el encargado de coordinar los trabajos de las distintas consejerías. Asimismo, contempla la participación de personas, organizaciones o entidades cuya presencia o aportación se consideren oportunas, según la materia.

En el  primer encuentro se abordaron las principales líneas de trabajo, calendario y metodología. López dijo que "esta comisión nace con el objetivo de poner en marcha todas aquellas políticas que contribuyan a facilitar la vida familiar a los madrileños". 

"Debido al carácter transversal de esta misión, uno de los principales retos de la presente legislatura, en esta mesa de trabajo van a participar todos los departamentos del Gobierno regional", añadió López.

Todas las medidas y propuestas diseñadas por la comisión confeccionarán la citada estrategia que, una vez finalizada, será elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación.

La estrategia de natalidad fue anunciada durante su investidura por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La presidente madrileña anunció entonces una ayuda de 14.500 euros por mujer para el fomento de la natalidad en Madrid. 

Sin embargo, esta medida tiene su letra pequeña. La ayuda es para embarazadas menores de 30 años empadronadas en la Comunidad de Madrid desde hace 10 años y que ganen menos de 30.000 euros anuales, que podrán recibir hasta 14.500 euros: 500 euros al mes desde el quinto mes de gestación hasta los dos años. Una medida que solo afectará al 2% de las mujeres jóvenes empadronadas en la región.