El Congreso dará previsiblemente luz verde a la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, como actualmente se encuentra desde hace más de dos años ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP, en la sesión plenaria de la última semana de febrero, según han asegurado a Público varias fuentes del PSOE y Unidas Podemos, los partidos impulsores de la proposición.

La ponencia sobre la iniciativa legislativa ha acordado este jueves que el texto de la norma, previsiblemente sin modificaciones, sea debatido y votado en la Comisión de Justicia el próximo 16 de febrero. Al tratarse de una ley orgánica, el dictamen del órgano parlamentario se someterá a debate en el Pleno del Congreso, una cita prevista para el 25 del mismo mes, para después ser remitido al Senado, donde continuará su tramitación.

En la reunión "exprés" mantenida hoy -aseguran estas fuentes-, los ponentes han rechazado las dos enmiendas registradas por el PP, partido que registró una enmienda a la totalidad contra la proposición junto a Vox, Cs y Junts. Los vetos fueron rechazados la semana pasada por una amplia mayoría de la Cámara Baja. 

Los conservadores, que mantendrán vivas sus enmiendas, piden suprimir dos puntos de los dos artículos que los grupos impulsores quieren añadir a la Ley del Poder Judicial. En esencia, la reforma contempla la adición de los artículos 570 bis y 598 bis para que el gobierno de los jueces no pueda realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula una vez expirado su mandato. Este aspecto ya estaba incluido en la propuesta que presentaron estos dos grupos en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del Poder Judicial y que ahora está paralizada.

El Congreso pide "respeto" al Poder Judicial

Mientras la reforma sigue la senda parlamentaria, el CGPJ en funciones continúa haciendo nuevos nombramientos. Este mismo jueves, ha convocado dos plazas para la Sala Tercera del Supremo. Asimismo, el pasado martes, la Mesa del Congreso pidió "respeto" al Poder Judicial, después de que el órgano de los jueces solicitara una reconsideración sobre la decisión de no pedir ningún informe al Consejo.

Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley, como ha sido el caso. 

Y así se lo recordó el órgano presidido por Meritxell Batet al CGPJ. La Mesa también negó que "habilitó lo que quedaba del mes de enero para acelerar aún más dicha tramitación", como sostenía el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 21 de enero elevado al órgano de gobierno de la Cámara Baja.

En este sentido, la Mesa explicó que, a petición de la mayoría absoluta de los Diputados del Congreso y por aplicación necesaria de lo dispuesto en el artículo 73.2 de la Constitución, "por la Presidencia se convocó una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara el 28 de enero de 2021 para debatir, entre otros asuntos, las enmiendas de totalidad presentadas a la citada proposición de ley, enmiendas que fueron todas ellas rechazadas por decisión mayoritaria y democrática del Pleno del Congreso de los Diputados, Cámara que, junto con el Senado, ejerce la potestad legislativa del Estado.

De esta manera, tal como expuso la Mesa, la Constitución reconoce a las Cortes Generales su condición de representante del pueblo español, como sede donde se manifiesta "el pluralismo de nuestra sociedad y se expresa su voluntad general, sin que a esta Mesa correspondan otras actuaciones en el procedimiento legislativo que cumplir las funciones que le atribuye el Reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la Cámara", según la respuesta a la que tuvo acceso este medio. Y, para rematar, instó al CGPJ el "mismo respeto de cualesquiera otros órganos en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes".