Las negociaciones en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se han acelerado en las últimas semanas desde que a mediados de diciembre se reactivara la ponencia para debatir dicha norma en el Congreso, un compromiso del Gobierno de coalición y, a su vez, de este con las principales fuerzas de la investidura.

Pero, tras más de 40 reuniones del grupo de trabajo a sus espaldas, y otras tantas convocatorias de la ponencia después, los aspectos más lesivos de la reforma siguen sin tocarse, a pesar de que desde Unidas Podemos ponen en valor los avances logrados hasta la fecha con la modificación de "35 artículos de los 54" de la ley mordaza.

El rechazo de las derechas a modificar la polémica norma impulsada por Mariano Rajoy en 2015 convierten a ERC y EH Bildu, socios habituales del Ejecutivo, en fuerzas indispensables para que una de las principales promesas de la legislatura, aún pendiente, vea luz en los próximos meses. Un periodo, dicho sea de paso, marcado por el ciclo electoral de este año..

Y, precisamente, la falta de acuerdo de estos grupos con el Gobierno provocó que se aplazara la votación del informe de la ponencia, prevista para el pasado 24 de enero, al martes 31 de enero. Los grupos del Congreso favorables a la reforma adoptaron esta decisión ante la posibilidad de que ERC y EH Bildu se sumaran a PP, Vox, Cs y Junts en su rechazo al texto, aunque por razones muy diferentes.

Los grupos independentistas insisten en que esta suerte de "ley mordaza 2.0", como apostilló la portavoz de la coalición aberzale, Mertxe Aizpirua, el pasado martes ante Pedro Sánchez (promovida por el Gobierno en base al texto del PNV), "sigue sin derogar las cuestiones más lesivas". Por ende, anticipan que "no serán cómplices" de que la reforma se apruebe en los términos actuales. Y, sin estos votos favorables, el riesgo de que su tramitación parlamentaria decaiga es muy elevado.

En las últimas horas se ha producido otra novedad. En el marco de ese margen otorgado a las negociaciones, los grupos acordaron este miércoles, en una nueva reunión telemática, aplazar otra vez el cierre de la ponencia de la ley mordaza, según han informado varias fuentes de la negociación a este medio. Este paso fundamental en la tramitación (previo a la votación de la ley en la Comisión de Interior y después en el Pleno) se pospone un día más del previsto el pasado martes para trasladarse al miércoles 1 de febrero.

Este balón de oxígeno en las negociaciones contrasta con la resistencia del PSOE a modificar las principales reivindicaciones de sus socios, según sostienen fuentes parlamentarias de ERC y EH Bildu, pero también de la mayoría de los colectivos. Especialmente con la prohibición del uso de las pelotas de goma, así como de las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.

Asimismo, estas formaciones inciden en que los socialistas se niegan a aplicar "medidas claras" contra los artículos más usados para sancionar bajo el paraguas de la ley mordaza. Esto es, los grupos de izquierda reclaman "objetivar" las acusaciones del delito de desobediencia (36.6) y "eliminar u objetivar" el precepto que hace referencia a las faltas de respeto a la autoridad (37.4), "justificando debidamente las posibles sanciones por injurias o calumnias". Otra cuestión en la que ambos partidos hacen hincapié es en que se pueda trasladar a las comunidades con competencia en materia de Tráfico (Euskadi, Navarra y Catalunya) información previa a los controles policiales (17.2 y el 17.3). 

"Tenemos firme voluntad de continuar las conversaciones, pero si no hay un milagro y el PSOE no se abre a negociar e introducir cambios de calado, vemos complicado que salga adelante", apuntalan fuentes de EH Bildu de cara a la decisión pospuesta para el próximo miércoles. Antes, en una nueva reunión telemática del grupo de trabajo prevista para el lunes, habrá una nueva oportunidad para seguir negociando e intercambiando propuestas, pero la previsión de los socios del Gobierno es que los socialistas no cedan en sus posiciones.