El Congreso rechaza las enmiendas de PP y Vox y continúa con la reforma de su reglamento que sancionará a agitadores ultras

La reforma del Reglamento del Congreso, planteada por el PSOE y sus socios, para permitir sanciones a agitadores ultras que obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara, definidos como "pseudoperiodistas", ha dado este martes un nuevo paso en su tramitación. 

La Cámara ha rechazado los textos alternativos que había presentado el PP y Vox, que consideran que lo único que se busca es silenciar a medios críticos porque las normas del Congreso ya otorgan competencias a la presidencia de la Cámara para mantener el orden público en dependencias parlamentarias.

Esta proposición de ley fue registrada después de una serie de incidentes protagonizados por agitadores de medios digitales que se han enfrentado a políticos y otros informadores. 

Ésta trata de regular la renovación de las credenciales de los informadores que concede la Cámara e introducir un régimen sancionador para aplicarlo a las personas acreditadas que perjudiquen la actividad de la institución o el trabajo de otros representantes de los medios.

Con este texto, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, pretenden dar respuesta a las peticiones de diferentes colectivos profesionales de periodistas, pidiendo medidas para "evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo". Su objetivo, según subrayan estos grupos, no es restringir la labor de los profesionales de la información, sino actuar contra "activistas de ultraderecha" que asisten a ruedas de prensa.

Un consejo de diputados y colectivos profesionales

El Reglamento del Congreso, que data de 1982, encargó a la Mesa de la Cámara la concesión de acreditaciones a representantes de los medios, pero la nueva reforma busca regular el procedimiento para la renovación de las mismas y fijar "los requisitos que resulten exigibles". También se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, con un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos profesionales, que podrá proponer sanciones contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa.

Así, se obligará a los informadores acreditados a respetar "las reglas de cortesía parlamentaria" y las directrices de la Mesa, nadie podrá realizar grabaciones sin estar acreditado y los grupos podrán designar a una persona que coordine sus encuentros informativos. Además, habrá sanciones para quienes incumplan estas normas, con castigos que pueden llegar a la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.

La proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 20 de mayo y sus promotores pidieron tramitarla por el procedimiento de urgencia, acortando los plazos parlamentarios a la mitad. Su plan es que esté en vigor al inicio del próximo periodo de sesiones.

En el Pleno del Congreso de este martes se han debatido y rechazado las enmiendas de totalidad que han presentado el PP y Vox, los dos partidos que, junto con UPN, votaron en contra de admitir a trámite la reforma.

Al final, los textos alternativos han sido rechazados con los 174 votos del PSOE, Sumar y sus socios.