El Congreso avanza con la Ley de Movilidad Sostenible con los votos en contra del PP y Vox

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado este martes el informe de la ponencia sobre el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible -del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos-. El proyecto ha contado con el apoyo del Gobierno y sus socios de investidura y el rechazo de PP y Vox (20 votos a favor frente a 17 en contra).

Considerada una ley imprescindible para modernizar la movilidad en España y luchar contra la crisis climática, esta norma da un nuevo paso en su tramitación, que empezó hace casi tres años, en la pasada legislatura, y que depende de los votos de Podemos para su ratificación en el pleno. La formación de momento está en contra del proyecto por su falta de ambición en la lucha contra la crisis climática.

La ley busca descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.

Durante el debate, el PSOE ha defendido que el texto es fruto del diálogo en torno a las casi 800 enmiendas presentadas por los grupos, de las que se han incorporado algunas para reforzar la financiación estable del transporte público, garantizar la participación de las Comunidades Autónomas y entidades locales en la planificación y enriquecer el texto en materia de digitalización, seguridad vial y accesibilidad universal.

La socialista Cristina López Zamora ha destacado que esta ley permitirá que España cumpla con sus compromisos europeos en sostenibilidad y transición energética y ha subrayado que incluye una disposición que "desmonta el bulo del PP de que el nuevo mapa concesional iba dejar sin autobuses a miles de pueblos en España".

A ese respecto, la disposición transitoria segunda establece que el nuevo mapa incluirá todos los servicios de transporte público estatal y que, si algún recorrido pasa a ser de competencia autonómica, la comunidad podrá asumirlo como servicio propio con el apoyo financiero del Ministerio de Transportes para garantizar que se mantenga.

Por su parte, la diputada del PP Ana Martínez Labella ha replicado que esta ley es un "parche apresurado para contentar a Bruselas" y ha recordado que el "gran handicap" para su grupo es lo relativo al mapa concesional de autobuses.

A su juicio, el texto aprobado no "blinda" la eliminación de paradas ni la financiación y es "poco ambicioso", "impreciso", "insuficiente" e "inútil para la realidad del país".