Impuestos y peajes urbanos, entre las recetas para mejorar la financiación del transporte público

Entre las diversas normativas que se quedarán en el cajón por el anticipo de las elecciones generales, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo 23 de julio, destaca la Ley de Movilidad Sostenible, que debe delimitar la apuesta por un transporte descarbonizado y el marco financiero para conseguirlo.

En este escenario, la ciudad de Barcelona ha acogido en la última semana dos citas que han debatido sobre el futuro del transporte público. Por un lado, la Global Public Transport Summit, organizada por la Unión Internacional del Transporte Público, que representa esencialmente la visión de los operadores, y el congreso de la European Passengers Federation (EPF), en la que se ha dado voz a los usuarios y que ha sido organizada por la Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP).

En pleno escenario preelectoral, los operadores han aprovechado para reivindicar la necesidad de una normativa específica para el sector, mientras que las entidades en defensa de los usuarios han reclamado mecanismos fiscales y legales para mejorar la calidad del servicio en Catalunya, especialmente deficitario en Cercanías y en las conexiones de los trayectos interurbanos, más allá de las políticas que favorezcan los descuentos y la gratuidad de los viajes.

Las ciudades no disponen de herramientas para implantar medidas para incrementar el uso del transporte público.

Desde la PTP, Mercedes Vidal, miembro de su junta directiva, lamenta que lo que se conocía hasta ahora de la Ley de Movilidad Sostenible y que se hubiera aprobado sin el adelanto de las elecciones "no garantiza una financiación para el transporte público ni la reducción de las emisiones, puesto que no incluye unas exigencias concretas".

Ésta es una de las alegaciones que la PTP ha realizado a la norma, conjuntamente con entidades como Ecologistas en Acción, Ecode, Greenpeace o los sindicatos UGT y CCOO, entre otras.

Vidal, que había sido concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona en el primer Gobierno de Ada Colau, y también presidenta de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), detalla que la planificación de la inversión del transporte público en el área metropolitana de Barcelona o en el conjunto de Catalunya debería ser un derecho inherente al Estado del Bienestar "con un marco de financiación estable, que incluyera instrumentos para nutrirlo".

En este sentido, admite que las ciudades no disponen de herramientas para implantar medidas para incrementar el uso del transporte público.

Tasa en la movilidad privada

La falta de competencias por parte de las entidades locales hace que la cifra de pasajeros del transporte público se estanque, ya que aunque en Catalunya se ha recuperado las cifras prepandémicas de 2019, las asociaciones de usuarios alertan de que el contexto de emergencia climática no ha servido para mejorar la calidad del servicio.

Para dotar de mayor autonomía a las ciudades, Mercedes Vidal propone medidas, ya aplicadas a otras urbes, como los impuestos empresariales para financiar los desplazamientos laborales y pequeños cambios legislativos para que sea más fácil implantar peajes urbanos.

"Existe una discriminación y un sesgo con los usuarios del transporte público"

"Con estas acciones, se conseguirían cambios modales, una reducción de las emisiones contaminantes, un fondo para mejorar la calidad del servicio y el incremento en la cifra de pasajeros".

Esta habilitación a las entidades locales para cobrar una tasa o peaje urbano permitiría financiar el transporte público a través de un gravamen a la movilidad privada.

Desde la PTP, denuncian que "existe una discriminación y un sesgo con los usuarios del transporte público, ya que cuando se levantaron los peajes en las autopistas, se asumió de forma casi automática que todos los ciudadanos, con o sin vehículo privado, debían afrontar con sus impuestos el mantenimiento de las vías rápidas".

La asociación cree que esta fórmula de financiar el transporte público puede suponer una transferencia de renta desde las clases económicamente más privilegiadas, usuarias habituales del vehículo privado, hacia las más desfavorecidas, que suelen optar por el transporte público.

El debate sobre la gratuidad

Mercedes Vidal critica que las medidas establecidas para ayudar a contener los efectos de la subida de la inflación en los ciudadanos, como la gratuidad del trayecto en el transporte público o las rebajas del 50% en los abonos, "no tienen ningún plan de financiación detrás y acaban siendo un experimento que no sabemos cómo se va a pagar".

De hecho, las asociaciones de usuarios en defensa del transporte público coinciden en señalar que la gratuidad es una medida social que no permite ganar pasajeros.

"La solución no puede ser paralizar inversiones para abaratar el precio"

Con el propósito de incrementar la cifra de personas que utilizan el transporte público, las entidades como la PTP instan a una tarifa social, de forma que el servicio sea gratis para los colectivos vulnerables, ya que las medidas para abaratarlo perjudican a otras partidas inversoras relacionadas con la calidad o las mejoras de las infraestructuras. Así, creen que se lograría la ansiada reducción de las emisiones contaminantes.

 Durante el XXIX Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano, que se ha celebrado esta semana en Barcelona, el vicepresidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), Gerardo Lertxundi, aseguró que independientemente de lo que ocurra con los descuentos de las tarifas es importante aprobar la Ley de Movilidad Sostenible y aprovechar que el trabajo "ya está hecho", y que en los últimos meses se ha logrado "un cierto consenso de todos los grupos políticos".

Por su parte, la tercera teniente de alcaldía en funciones de Barcelona, Laia Bonet, reclamó que se busquen vías de financiación para que los operadores de transporte público puedan invertir en la red y en las infraestructuras pese al descenso de ingresos por los descuentos generalizados para combatir la inflación. "La solución no puede ser paralizar inversiones para abaratar el precio", afirmó la también presidenta de TMB.

Bonet ha defendido la importancia de que las administraciones apuesten por "mejores presupuestos y mejores ejecuciones" para los operadores de transporte público, para obtener la mejora de la infraestructura y del cambio de flotas, para hacer frente al reto de la sostenibilidad, en un momento en que "se está notando sin duda un mayor uso del transporte público".

Proyectos para mejorar la movilidad

Más allá de la financiación y la conveniencia de la gratuidad de las tarifas, las entidades en defensa del transporte público en Catalunya recuerdan algunos proyectos pendientes, que llevan tiempo sobre el tejado de las administraciones como el reforzamiento de la red de trenes regionales o la recuperación de los convoyes nocturnos para conectar con destinos internacionales, que se encuentran en una clara situación de desventaja respecto al despliegue de las líneas de alta velocidad.

Asimismo, también instan a evaluar la implantación de los tranvías interurbanos, un proyecto que la Generalitat se ha comprometido a estudiar, y que prevé instalarlos en lugares como Olot, la Costa Brava o las Terres de l'Ebre.

Los especialistas en transporte público consideran que este modelo se situaría a medio camino entre el autobús, que se posiciona como un medio idóneo para áreas con poca demanda del servicio y el metro o el tren, que se despliegan cuando hay mucha demanda. Sería una ampliación del paradigma de la movilidad actual.