¿Una legislatura plurinacional? Estos son los 15 traspasos del Estado a las comunidades autónomas desde 2023

"No existe una mayoría de izquierdas, pero sí una plurinacional". Es una cita que han pronunciado numerosas figuras políticas durante la presente legislatura. El plurinacionalismo es uno de los principales sellos del actual Gobierno de coalición, obligado en buena medida por el peso a nivel estatal que adquirieron el 23 de julio de 2023 ERC, Junts, EH Bildu, PNV o BNG, que, a fin de cuentas, invistieron a Pedro Sánchez. Y su presión parlamentaria —además de la propia fuerza que ejercen los territorios— ha logrado solo en esta legislatura hasta 12 traspasos competenciales para Catalunya, Euskadi, Galicia o Navarra, además de la ampliación del concierto vasco o la modificación del convenio con la Comunidad Foral de Navarra.

En total, tal y como reflejan datos oficiales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, durante la actual legislatura se han efectuado 16 traspasos competenciales a las comunidades autónomas entre transferencias puras y duras y ampliaciones competenciales. De todas ellas, una, la que transfería competencias sobre homologación de títulos universitarios extranjeros a Euskadi, fue anulada por el Tribunal Supremo. De las otras 15, hasta 12 son traspasos hechos a Euskadi, Catalunya, Galicia o Navarra. 

Así, un 80% de las transferencias competenciales desde 2023 se han realizado a esas cuatro autonomías, con una clara preponderancia, eso sí, de Catalunya y, en mayor medida, de  Euskadi. Los otros tres traspasos se han realizado a Castilla y León (dos ampliaciones competenciales) y Andalucía. Hay que partir de la base, eso sí, de que, según datos del ministerio, en la pasada legislatura ya se produjeron 14 traspasos.

Desde el Grupo Plurinacional Sumar, que apoya al Gobierno de coalición desde el Congreso, ponen el valor que "el debate territorial" tenga importancia en la legislatura y subrayan que, en parte, es "gracias a las propuestas del propio Gobierno". Sin embargo, reconocen que "todavía estamos lejos de que la plurinacionalidad se convierta en un principio estructural del funcionamiento democrático del Estado". Apuntan a la necesidad de avanzar en términos de reforma de la financiación autonómica. Al menos, "eliminar grandes agravios como el que sufren el País Valenciá y otras comunidades".

Seis nuevas competencias para Euskadi

Lo que llevamos de legislatura está siendo especialmente dulce para Euskadi a nivel de ganancias competenciales. En abril de 2024 se oficializó en el BOE el traspaso de Cercanías, algo que también ha acordado ya el Gobierno de coalición con Catalunya, pero que todavía no se ha materializado. El mismo año, se transfirieron a la autonomía que preside Imanol Pradales (PNV) las competencias de gestión del litoral vasco para que sea la Administración autonómica la que tenga la potestad de controlar, planificar, ejecutar y gestionar dicha costa.

Además, en junio de 2025, Euskadi asumió la ejecución de la legislación laboral en materia de autorizaciones iniciales de trabajo para personas extranjeras, entre ellas las autorizaciones de trabajo de temporada. Por otro lado, también durante esta legislatura se han ampliado las competencias vascas en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales; en materia de gestión cultural (cinematografía, bibliotecas, patrimonio histórico-artístico, deportes, etc.) o de inspección de trabajo.

Cuatro ampliaciones para Catalunya y dos incógnitas

El Estado también se ha descentralizado a la catalana, aunque es cierto que todos los traspasos que se han llevado a cabo para Catalunya son ampliaciones y no transferencias de nuevas materias. De todos modos, uno de los más relevantes es el traspaso de la gestión de becas y ayudas al estudio, que forma parte del cuerpo competencial de la Generalitat desde este abril.

Por otra parte, Catalunya sumó a su haber más competencias en materia de obras hidráulicas, en materia de desarrollo agrario y también de conservación de la naturaleza.

Hay que señalar que tanto en el caso de Euskadi como en el de Catalunya y también el de Navarra se ha asumido en los últimos años la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero fuentes del Ministerio de Política Territorial explican a Público que no se trata de una cesión competencial como tal, sino que "adoptan la figura de convenio". En otras palabras, la titularidad de su competencia sigue siendo estatal, aunque la gestionen las comunidades autónomas. El Gobierno, además, se abrió a ceder dicha gestión a otras autonomías que lo solicitaran.

Lo que está claro es que la actualidad parlamentaria de los próximos meses la dominarán en gran medida la cesión de otros dos paquetes competenciales para Catalunya que reclaman ERC y Junts. Uno de ellos fue noticia en el Congreso la pasada semana: la cesión de competencias migratorias. Los posconvergentes arrancaron hace meses un compromiso al Gobierno para hacerse con dichas competencias, pero una mayoría de la Cámara Baja completada por Podemos tumbó la iniciativa el pasado martes. Sin embargo, fuentes de Moncloa han deslizado en los últimos días que tratarán de encontrar otras vías para cumplir su acuerdo con los de Carles Puigdemont.

También muy candente está el traspaso de la gestión tributaria a Catalunya. Esquerra Republicana y los socialistas pactaron la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat precisamente a cambio de la financiación singular para Catalunya. El primer paso de ese cambio de modelo de financiación es el traspaso de la recaudación del IRPF, una reforma legislativa que registraron el viernes pasado los republicanos en la Cámara Baja. Tanto Gabriel Rufián como Oriol Junqueras han subrayado públicamente que negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno central dependerá del cumplimiento del pacto de financiación.

Galicia, Navarra, Castilla y León y Andalucía

¿Y qué hay de Galicia y Navarra? Igual que Euskadi, la Administración gallega ha asumido la gestión de su litoral. Este es un caso algo distinto al resto, toda vez que la Xunta de Galicia está en manos del Partido Popular. De todos modos, la presión del BNG para la asunción de todas las competencias que contempla el Estatuto gallego es constante tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento autonómico. Fuentes de los nacionalistas gallegos dan máxima importancia a conseguir en esta legislatura la titularidad de la AP-9.

Por su parte, al Comunidad Foral de Navarra ha adquirido en la presente legislatura las competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor tras un acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu.

También Castilla y León ha asumido nuevas competencias. En concreto, en materia de gestión de carreteras y de empleo, toda vez que se han ampliado las competencias de dicha autonomía, ya cedidas en 2001, para la gestión del Instituto Nacional de Empleo (INE). También una ampliación competencial se ha aplicado en Andalucía en el ámbito de la conservación de su paisaje.

Ampliación del concierto vasco y lenguas cooficiales

Más allá de los traspasos directos del Estado a las comunidades, durante esta legislatura se han aprobado en el Congreso la ampliación del concierto vasco, que conlleva la asunción por parte de Euskadi de la recaudación de algunos impuestos más; la modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra para incorporar a su cuerpo tributario nuevas figuras impositivas que se habían creado a nivel estatal; y la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para aumentar los incentivos en la inversión en materia inmobiliaria para las Islas Canarias.

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Jose Carmona

No hay que olvidar tampoco que nada más comenzar la legislatura se emprendió una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para permitir el uso en la vida parlamentaria del catalán, el euskera y el gallego. En este caso, fue una imposición de Junts para poner sus votos a disposición de hacer presidenta de la Cámara Baja a Francina Armengol.