Los planes anticorrupción de 2014 y 2025: la misma 'música' pero Sánchez apunta a los corruptores más que Rajoy

Mariano Rajoy compareció el 27 de noviembre de 2014 en el Congreso de los Diputados para desgranar un plan anticorrupción de 70 medidas. Lo hizo cinco meses exactos después de que Luis Bárcenas ingresara en prisión por decisión del juez Pablo Ruz. El propio caso Bárcenas o las tramas Gürtel, Púnica o Kitchen asediaban a los populares y el por aquel entonces presidente popular trató de capear el temporal con un paquete de medidas que, aunque llegó en cierta parte a entrar en vigor, tuvo unos efectos muy limitados. Lo cierto es que, a la luz de los hechos, no sirvió para terminar con la corrupción.

Tal y como explicaban este miércoles varios expertos a Público, las raíces de la corrupción política son profundas en España y precisarían de una serie de medidas quirúrgicas y contundentes. Por ejemplo, legislar contra los testaferros, terminar con las puertas giratorias o abrir el debate sobre los aforamientos. Ni aquel plan de Mariano Rajoy de 2014 ni el actual de Pedro Sánchez inciden en esos tres campos, pero sí comparten algunas medidas, aunque difieren en otras y en su grado de dureza.

Ambos paquetes, con 11 años de diferencia, incorporan iniciativas para dificultar la corrupción en los partidos políticos, para aumentar la transparencia en los cargos públicos y blindar la Administración pública ante las prácticas corruptas, para fortalecer la Justicia o para asegurar que las contrataciones de empresas desde el sector público sean limpias. La música, en definitiva, es parecida. Un campo en el que Sánchez va mucho más allá, eso sí, es el del control y las sanciones a las empresas corruptoras.

Está por ver, en este punto, cuál es el efecto real del plan del actual presidente del Ejecutivo y si tiene un mayor impacto que el de Rajoy. Ese es el reto que encara el PSOE, necesario para demostrar a sus aliados la utilidad del paquete, habida cuenta de que algunos, como Podemos, lo han calificado de "cosmético". 

Sánchez, más duro en las donaciones a los partidos

Rajoy incluyó en su plan de 2014 la obligación de comunicar "de forma individualizada" al Tribunal de Cuentas todas las donaciones a partidos políticos superiores a los 25.000 euros. Sánchez va más allá y sitúa ese umbral en los 2.500 euros. 

Ambos líderes políticos dan importancia al Tribunal de Cuentas en el control de la economía de las formaciones políticas. Rajoy incluyó en su plan la obligación de que "todos los partidos, perciban o no subvenciones" presenten sus cuentas anuales a dicha institución. Sánchez, por su parte, incluye en su paquete auditorías externas a los partidos a cargo del Tribunal de Cuentas. Además, la lista de iniciativas actual incluye un proyecto de ley para endurecer la legislación sobre la recepción de subvenciones públicas para gastos electorales. 

Por otro lado, en ambos planes tiene peso el concepto compliance (cumplimiento). En el del PP, más bien en el campo de la prevención de la corrupción en los partidos políticos. "Obligación de establecer un sistema de prevención y supervisión (compliance) en las normas de funcionamiento de los partidos", reza el texto. No hay que olvidar que el caso Bárcenas estaba en ese momento en su momento de máxima efervescencia. En el plan de Sánchez, ese compliance se incluye más bien en el apartado de las empresas y el sector público.

Foco en los altos cargos de la Administración

Hay coincidencias también en ambos planes en cuanto a la exigencia de transparencia de los altos cargos de la Administración. Rajoy incluyó en su plan el "control de las situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato" para verificar "la existencia de indicios de enriquecimiento injustificado". La medida se empezó a aplicar a partir de 2018. En el suyo, el actual Gobierno incluye, además de la declaración de bienes, someter a los altos cargos que dejen el puesto "a un examen patrimonial" y una serie de limitaciones, que no se especifican, en el ejercicio de sus actividades.

En esa misma línea, Rajoy hablaba de "ampliar los requisitos de idoneidad para los altos cargos de la Administración General del Estado" —algo que no se ha hecho o, en todo caso, las acciones no han resultado eficaces, toda vez que siguen totalmente vigentes las colocaciones a dedo—, mientras que Sánchez apuesta, entre otras cosas, por incrementar los controles.

Ampliar la prescripción de delitos y una Justicia más ágil

También ambos planes proponen ampliar los plazos de prescripción de los delitos que tienen que ver con la corrupción. Y, como en el caso del límite de obligada declaración al Tribunal de Cuentas de las donaciones a los partidos, también en este caso el actual Gobierno va un poco más allá. Mientras que Rajoy contemplaba ampliar a 15 años la prescripción en los "supuestos más graves", Sánchez propone "duplicar los plazos legales de prescripción para los delitos de cohecho y malversación".

Ambos puntualizan en sus planes que el hecho de que los procedimientos judiciales se alarguen ad aeternum representa un problema grave, toda vez que dificulta cerrar los casos de corrupción y transmite una indeseada imagen de dejadez a la ciudadanía. Rajoy apostaba por la "fijación de un plazo máximo para la instrucción de los procedimientos penales". Sánchez, por su parte, propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para "acelerar los expedientes de forma efectiva y justa".

Sánchez, más exhaustivo con las empresas corruptoras

Quizá la parte en la que el actual Gobierno de coalición ahonda más en comparación con lo que incluyó el PP en su plan es en el punto dedicado a las empresas corruptoras. El PSOE le da un apartado entero. En su plan, se propone un "endurecimiento de las sanciones a las empresas corruptoras", un mejor encaje en la legislación española del blacklisting —"un mecanismo previsto en la legislación europea (Directiva 2014/24) que permite excluir a una empresa de contratar con la Administración Pública ante condena firme de corrupción, fraude, cohecho o blanqueo"—, convertir en obligatorios los "mecanismos de compliance anticorrupción" en las empresas e incorporar la titularidad sobre participaciones sociales al Registro Mercantil "para mejorar la transparencia de las sociedades de responsabilidad limitada".

El plan del PP no es tan completo en este ámbito. Aunque sí que incluye medidas —como el del actual Gobierno— para dificultar las prácticas corruptas en las contrataciones públicas, se limita a anunciar "una nueva regulación de prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el sector público".

En otro orden de cosas, ambos gobiernos se inclinaron por anunciar nuevos organismos. Rajoy creó la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos. Sánchez ha prometido una Agencia Independiente de Integridad Pública. Expertos en la cuestión como Ignacio Sánchez-Cuenca, Miguel Ángel Blanes o Irene Matías inciden en que lo importante no es hacer nuevos anuncios o crear nuevos organismos, sino que los que hay funcionen bien y generar mecanismos para que quien los dirige no tenga tentaciones de incurrir en corruptelas.

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Está por ver, con todo, cuáles son los efectos del plan actual (ambos cuentan con más medidas que las que se enumeran en esta pieza), especialmente si se tiene en cuenta que, según los datos de Transparency International, la percepción de la corrupción en España solo ha disminuido dos puntos —de 58 sobre 100, a 56— en la última década. Son datos previos al escándalo que afecta a Santos Cerdán o José Luis Ábalos, los últimos dos ex secretarios de organización del PSOE.