El puzle de la financiación autonómica no encaja: las exigencias de Junts, Podemos y BNG alejan la reforma

Cuando ya han pasado varios días desde que Oriol Junqueras anunciara el pacto entre Esquerra Republicana y el Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica y, más tarde, lo desgranara María Jesús Montero, hay algunas piezas del puzle que han empezado a encajar y otras que se mantienen igual de distantes o más que el primer día. Eso es un problema para el PSOE. El Gobierno necesitará a los partidos de lo que un día fue el bloque de investidura si quiere que termine prosperando la propuesta. Sin embargo, por el momento, Junts per Catalunya, Podemos y BNG se mantienen en el "no" y, a priori, sitúan el debate en marcos complejos para el Ejecutivo.

De todos modos, hay que tener en cuenta que la ley no está escrita todavía. Lo que ha hecho el Gobierno es presentar una propuesta que puede ser modificada, por lo que hay margen para la negociación. Fuentes de Moncloa trasladan su confianza en que una vez la reforma pase todas las fases hasta llegar al Congreso, "Junts la apoyará". "¿Vamos a votar en contra de esto que, claramente, es más justo para todos los territorios?", se preguntan dichas fuentes gubernamentales.

Pero desde las filas posconvergentes la música que llega no apunta en esa dirección. Para empezar, nada más conocerse el acuerdo entre ERC y el Gobierno, Junts anunció que enmendaría el texto de la ley, una vez llegue al Congreso, para sacar a Catalunya del régimen común. Ese es un escenario que ni siquiera contempla el Ejecutivo. "Hay vigente un modelo de financiación caducado que perjudica mucho a Catalunya, igual que al País Valencià", dicen en Moncloa. Por eso creen que, aunque con una pinza en la nariz, Junts "pulsará el sí" a pesar de no lograr el objetivo de máximos que se marcan ahora.

Es un optimismo que contrasta con las palabras de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en la Cámara Baja. "Si lo que llega al Congreso es un texto de café para todos, presentaremos una enmienda de texto alternativo". En esa enmienda es en la que iría incorporada esa singularidad para Catalunya que, a priori, no figurará en el texto que presente Hacienda. Así las cosas, los siete votos de Junts son una de las piezas del puzle muy difíciles de encajar y seguro que centrarán buena parte de los esfuerzos negociadores de Montero.

Podemos: más impuestos a las grandes fortunas

La reforma de la financiación autonómica es una ley orgánica, por lo que para salir aprobada necesita una mayoría absoluta. Mínimo, 176 votos. Si Junts se mantiene en el "no" —y con el rechazo prácticamente seguro de PP, Vox y UPN—, la iniciativa ya no saldría adelante. Pero si finalmente se diera un escenario en el que el Gobierno arranca el apoyo a Junts, de nada serviría si no ha conseguido también convencer a Podemos.

Y los de Ione Belarra también han dibujado de forma muy clara sus líneas rojas, este martes, en el Congreso, en respuesta a una pregunta de Público. La secretaria general de Podemos ha confirmado que su partido participará de la negociación con el PSOE cuando llegue el momento, pero que lo hará con una máxima: "Que los ricos paguen lo que les corresponde y que ese dinero se destine directamente a lo público". Así, la condición de los morados es subir los impuestos a las grandes fortunas, aunque han dicho por activa y por pasiva que creen que la reforma fracasará incluso antes de llegar a la Cámara Baja. 

Además, Belarra ha lamentado que el Ejecutivo esté utilizando, siempre según sus palabras, la financiación autonómica para reforzar su relación con algunos de sus aliados —en especial, ERC, con quien Montero firmó el pacto en primera instancia— y que no se abra un debate "calmado" sobre financiación, en lugar de una discusión que "enfrenta a territorios".

BNG y Coalición Canaria, en contra... ¿Y Compromís?

En caso de que Podemos no lleve razón y la reforma llegue al Congreso, pueden darse algunos escenarios para en los que incluso los votos de partidos que tienen solo un diputado en el Congreso sean importantes. Hay que sacar la calculadora, especialmente en un Congreso en el que la mayoría absoluta sigue situándose en los 176 apoyos, aunque votan 349 diputados y no 350, habida cuenta de que José Luis Ábalos se encuentra privado en estos momentos de su derecho a voto. Sin el exministro, el PSOE pierde un voto.

Si Podemos o Junts votan en contra, los votos de BNG y Coalición Canaria —ambos se oponen hoy por hoy a la medida— serían irrelevantes. La reforma no saldría adelante sin los posconvergentes o sin los morados, toda vez que no se alcanzaría en ningún caso el objetivo de los 176 votos. Pero si votaran a favor, entrarían en juego una serie de carambolas que podrían llegar a torpedear el nuevo modelo de financiación. 

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Agencias

Ahí hay que tener en cuenta los votos de BNG, Coalición Canaria y los dos diputados de Compromís, tanto el de Alberto Ibáñez, que forma parte del grupo de Sumar, como el de Àgueda Micó, que está en el Grupo Mixto. En el caso de que esos cuatro diputados —o tres de ellos— se opusieran a la reforma, la ley tampoco saldría adelante aunque Junts y Podemos votaran a favor, por lo que esos partidos tienen en este caso un extraordinario poder de negociación.

Por el momento, el BNG ya se ha posicionado en contra. Su diputado en el Congreso, Néstor Rego, ha calificado la propuesta de "centralista" y dicho de ella que "no reconoce la singularidad de Galicia". El BNG se queja sobre todo de una cosa. El nuevo modelo de financiación que propone el Gobierno descansa en parte en el parámetro de la población ajustada, un criterio que se utiliza para calcular la financiación de cada comunidad en el que ponderan varios elementos. Los nacionalistas gallegos critican que Hacienda haya reducido en el nuevo cálculo la relevancia que se le da a la dispersión territorial (del 0,6% al 0,5% ) y al envejecimiento de la población (del 8,5% al 7%), dos cuestiones de capital importancia en Galicia.  Así, uno de sus principales requisitos sería repensar dicho criterio.

Coalición Canaria, por su parte, también se ha opuesto de plano al nuevo modelo. Los canarios se quejan de que, en los primeros números que ha hecho públicos el PSOE, los ingresos de Canarias solo crecerían en 611 millones, cuando "por población le corresponderían más de 950 millones".

Las aguas están un poco más calmadas en Compromís, aunque hay diferencias en el tono entre Ibáñez y Micó. Ambos reconocen que es positivo que, por fin, haya una propuesta de reforma del sistema de financiación encima de la mesa y recuerdan que es especialmente necesaria para el País Valencià, pero, a la vez, avisan de que negociarán para mejorarla. 

Si se mantienen los números que expuso el Ejecutivo, su autonomía será la tercera que más mejore sus ingresos, solo por detrás de Andalucía y Catalunya. Sin embargo, Micó ha apuntado en una rueda de prensa este martes que el nuevo modelo "no soluciona el problema de la deuda valenciana" y ha animado a todos los diputados valencianos —incluidos los de PP y PSOE— a formar un frente valenciano en el Congreso para que la reforma propuesta vaya acompañada de la quita de la deuda. Está por ver cómo se desarrolla esa partida.

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S. Jiménez

Un partido que fue muy crítico cuando se conoció el pacto Gobierno-ERC y que ha relajado sus posiciones es Izquierda Unida. En un primer momento, el partido que lidera Antonio Maíllo puso el grito en el cielo por lo que parecía una reforma regida por el principio de ordinalidad, pero en unas nuevas declaraciones el propio Maíllo ha descartado el modelo presentado por el Gobierno fomente la ordinalidad. Por el contrario, Junqueras sí que lo definió con esas palabras. En cualquier caso, la pieza del puzle que representa IU parece mucho mejor dispuesta esta semana que la pasada.

Con todo, las negociaciones prometen ser complejas tanto por el contenido como por la variedad de exigencias. Al Gobierno le convendrá llevar al Congreso todos los apoyos atados para no tener sorpresas. No obstante, todavía falta mucho para que el hemiciclo tenga que votar el nuevo modelo de financiación, que aún no ha sido aprobado ni en Consejo de Ministros. 

Este miércoles, por lo demás, se celebraba la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que el Ejecutivo informaba a las comunidades acerca de la reforma. El Gobierno propuso a las comunidades autónomas que decidieran si optar al nuevo modelo de financiación o seguir con el actual. Tras el encuentro se confirmó el rechazo mayoritario a la propuesta del Ejecutivo, que solo encontró el apoyo de Catalunya.